Ciudades Habitables

publicado en La Jornada Morelos el 26 de mayo de 2014

En varias ocasiones hemos definido a las ciudades como sistemas complejos, donde la unión de los elementos produce mayores ganancias que la suma de cada uno. Existe una vinculación exitosa que permite la creación de empleos y el crecimiento económico, en el marco de un desarrollo sustentable. Buenas estrategias de planeación urbana son la base para tener ciudades donde convivan y trabajen adecuadamente los ciudadanos. Sin embargo, es necesario incorporar al conocimiento en todas las actividades de una ciudad para lograr que ésta sea habitable; es decir, adaptativa, colaborativa, eficiente, segura, acogedora y sustentable.

Gerard M. Mooney, de IBM Corporation, escribió el capítulo “Urban Challenges: The Way Forward”, en el documento “LIVABLE CITIES OF THE FUTURE: Proceedings of a Symposium Honoring the Legacy of George Bugliarello”, editado por Mohammad Karamouz and Thomas F. Budinger (National Academy of Engineering and NYU Polytechnic School of Engineering, ISBN

978-0-309-30009-4, Copyright 2014 by the National Academy of Sciences). Los objetivos del documento son presentar las mejores prácticas y estrategias innovadoras para el desarrollo sustentable de zonas urbanas, así como impulsar la evolución de la Ciudad de Nueva York como un laboratorio real de innovación urbana.

            La ciudad es normalmente las mayores contribuyentes al producto interno bruto de un país y, debido a su importancia, es fundamental que se definan con precisión las inversiones necesarias para convertirla en una de clase mundial y poder competir globalmente, señala el autor. Se puede identificar al motor económico de una ciudad por el tipo y calidad de su infraestructura. Los miembros de la ciudad deben decidir lo que ésta debe ser: identificar su marca. El primer paso en este proceso es articular los objetivos principales de la ciudad en términos de competitividad económica y social al identificar las fortalezas diferenciadas que atraerán habilidades, conocimiento y creatividad; elaborar una estrategia que enfatice estas fortalezas al mismo tiempo que se crean las capacidades potenciales; y priorizar inversiones en aspectos centrales como transporte, servicios públicos, educación, seguridad pública, salud, energía, sostenibilidad ambiental y planeación urbana, todas alineadas por la estrategia.

            Las políticas públicas de la ciudad deben estar sostenidas en las habilidades, creatividad y conocimiento que impulsen su desarrollo, plantea el autor. Estos tres atributos son de creciente importancia en la economía global y es crítico que se cree un ambiente que los apoye y promueva. Un ambiente así atrae talento internacional al incrementar la calidad de los servicios y que se adecuen a los cambios en la demanda; crea una base de talentos doméstica al ofrecer servicios educativos y de capacitación e invierte en infraestructura educativa; permite mejores oportunidades de trabajo y crecimiento económico para los ciudadanos al usar la recolección de información para identificar los cambios en la oferta y demanda de la fuerza laboral y de sus habilidades; promueve la creación de empresas e inversiones que incrementen la capacidad económica para generar, absorber y comercializar innovación y creatividad; y retiene la base de talentos existente para minimizar la “fuga de cerebros” y, al contrario, impulsa el flujo neto de inmigrantes con calificaciones profesionales de calidad.

            Las ciudades que invierten en educación y capacitación tienen un mayor número de personas con habilidades, talento y conocimiento que realmente mejoran las posibilidades de incrementar la prosperidad. Asegura el autor que existe una fuerte relación positiva entre la inversión en educación superior y el nivel de prosperidad y pujanza económica: estima que en Estados Unidos un año adicional en el nivel de educación implica una ganancia en ingresos del 10 por ciento, aproximadamente. También, sugiere la existencia de evidencia empírica que vincula a la educación, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación industrial y el crecimiento económico.

            Existen varios casos en el mundo donde las industrias, las universidades y los gobiernos han trabajado juntos para lograr aumentar el número de empleos bien remunerados e impulsar un desarrollo económico real en ciudades y regiones, indica el autor. El gobierno invierte en la infraestructura, actual y futura, de un proyecto que es compartido por varias empresas con experiencia innovadora en el tema, y la o las universidades aportan al grupo de investigación y desarrollo con el conocimiento básico y aplicado necesario. En estos casos fueron creados miles de empleos altamente calificados. Es imprescindible una sólida vinculación entre industria, universidad y gobierno.

En Morelos, debemos enfrentar decididamente los retos y amenazas que tienen nuestras ciudades para su desarrollo. Es fundamental modernizar la infraestructura y establecer pactos de colaboración entre los diferentes sectores para lograr que nuestras ciudades sean habitables.

Pactos sociales para el desarrollo

publicado en La  Jornada Morelos el 19 de junio de 2014

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha propuesto que un proyecto de igualdad y desarrollo en el futuro requiere de una articulación virtuosa entre instituciones y estructuras: políticas industriales capaces de articular agentes públicos y privados para elevar la inversión y modificar la composición sectorial en aras de mayor productividad; gobernanza y aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas en recursos naturales para construir una economía diversificada con fuerte incorporación de conocimiento, de alto valor agregado y con mayor potencial inclusivo en el mundo del trabajo; regulación y encauzamiento de la expansión del consumo para armonizar la provisión de servicios públicos con el consumo privado, en consonancia con la sostenibilidad ambiental, y construcción de una estructura tributaria y de gasto público socialmente sostenible para lograr un alto impacto redistributivo y una expansión del desarrollo de capacidades hacia el conjunto de la sociedad.

En mayo de este año, la CEPAL publicó el documento “Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible, 2014”, que fue coordinado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, con la colaboración de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto, Martín Hopenhayn, Director de la División de Desarrollo Social, y Verónica Amarante, Directora de la oficina de la CEPAL en Montevideo (Distr. general • LC/G.2586(SES.35/3) • ISBN 978-92-1-121849-7 • Abril de 2014 • © Naciones Unidas • Impreso en Santiago). El documento plantea en diversas esferas los dos grandes retos que enfrenta el desarrollo en América Latina y el Caribe, a saber, lograr mayores grados de igualdad y procurar sostenibilidad en la dinámica del desarrollo, de cara a las nuevas generaciones.

El documento presenta un resumen sobre restricciones a la sostenibilidad en materia social, económica, ambiental y de gobernanza de los recursos naturales, y los desafíos que plantean en las opciones estratégicas de desarrollo. Además, incluye el análisis de las brechas que se refieren a medios y capacidades (ingresos, condiciones de vida, salud y educación), pero también se incorpora el reconocimiento y los aspectos relacionales, tales como la conexión a redes o el nivel de segregación educacional y espacial, entendiéndose éstas como potentes herramientas para asegurar el reconocimiento recíproco y las condiciones sociales que potencien la autonomía y la solidaridad entre distintos grupos de la sociedad. Finalmente, analiza el mundo del trabajo como espacio fundamental en la concepción de igualdad, ya que el trabajo no es sólo el lugar en que pueden reducirse brechas de ingresos y de acceso a la seguridad social, sino también un espacio fundamental para el reconocimiento recíproco mediante la interacción social, la extensión de la sociabilidad hacia ámbitos no domésticos y el desarrollo de potencialidades en aras de la mayor autonomía de las personas.

            En un momento de profundos cambios en las correlaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, y ante un amplio espectro de necesidades y demandas sociales insatisfechas, el pacto social es un elemento fundamental, establece el documento. Entre las transformaciones sociales cabe destacar el aumento de la participación de organizaciones no estatales —desde redes sociales hasta manifestaciones de protesta—, y cierto desencanto con la participación política institucional, reflejada en el cuestionamiento de los partidos políticos o de las instancias tradicionales de representación como el poder legislativo. Lo anterior se combina con crecientes exigencias al Estado, especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008-2009, y con un mayor protagonismo del Estado frente a un saldo histórico que dejó en evidencia el fracaso del rol auto regulador del mercado. El mundo empresarial no ha estado exento de estas preocupaciones y debe participar en los procesos de negociación y compromisos. Esos procesos son los que, sin soslayar la existencia de conflictos legítimos entre los componentes del cuerpo social, permitirán avanzar hacia una nueva articulación entre diversos actores sociales y políticos.

            La visión de largo plazo compartida y los compromisos recíprocos asumidos por la vía de un pacto social pueden contribuir a que los actores políticos y sociales tengan expectativas convergentes y una mayor apropiación de las propuestas, lo que favorecerá el establecimiento de políticas e instituciones social y políticamente sostenibles con una implementación más viable, asegura el documento. Además, los pactos sociales pueden dar viabilidad política a reformas institucionales cuando los procesos de consulta y negociación combinan la articulación de sectores políticos y sociales mayoritarios con la definición de posiciones más claras y ampliamente compartidas por los representantes de esos sectores. De esta manera puede lograrse una acumulación gradual de fuerzas que aumenta su capacidad de incidencia política. Este mismo proceso puede contribuir a flexibilizar las posiciones de actores con poder de veto, especialmente en la medida que se adopte una visión de largo plazo de beneficios compartidos. De este modo es posible alcanzar amplias mayorías e incluso consensos, si bien debido a los diferentes intereses, valores y percepciones de los distintos actores pueden surgir graves conflictos que requieran prolongadas negociaciones.

            Las formas concretas en que se manifiestan los pactos sociales son muy variadas, desde esfuerzos por refundar el Estado o compromisos compartidos que se impulsan en momentos de crisis y ante cuestionamientos de paradigmas establecidos, hasta acuerdos que, sin modificar las obligaciones tradicionales que asumen los ciudadanos —aceptación de la legitimidad del ejercicio del poder, la imposición de obligaciones por parte del Estado, la renuncia a la violencia privada y la aceptación del monopolio estatal de la coerción—, pueden involucrar procesos de cambio incremental, señala el documento. En los casos de cambio incremental los pactos surgen de manera menos conflictiva pero pueden tener un impacto transformador de mediano y largo plazo. Cabe distinguir entre pactos sociales amplios, con la participación de fuerzas sociales y políticas de un extenso espectro, y pactos de élite en que participa un limitado número de dirigentes. Las diferencias no siempre son tan claras puesto que la concreción de ambos pactos requiere de un número relativamente reducido de portavoces políticos que son los que finalmente realizan las negociaciones.

            La CEPAL propone varios pilares de transformación en la orientación del desarrollo en la región que considera a la igualdad en el centro, al cambio estructural como el camino y a la política como el instrumento. En la actualidad, se trata de reorientar las políticas hacia un fuerte dinamismo de la inversión para asegurar una relación virtuosa entre crecimiento, productividad y sostenibilidad ambiental por la vía de la incorporación del conocimiento a la producción y la generación de un alto valor agregado; mejorar la inclusión al mundo del trabajo y promover una mayor convergencia entre reformas tributarias y políticas sociales, con un claro sesgo redistributivo para reducir las diversas formas de desigualdad que enfrenta la región; equilibrar la expansión del consumo privado con la provisión oportuna de servicios públicos de calidad, lo que mejora la cohesión social y la sostenibilidad ambiental, e instituir la adecuada gobernanza de los recursos naturales en aras de una mayor diversificación productiva, ambientalmente sostenible y con efectos positivos sobre el empleo y el bienestar.

            Los ámbitos susceptibles de pactos que se indican en el documento incluyen una amplia diversidad de políticas: pacto para una fiscalidad con vocación de igualdad; pacto para la inversión, la política industrial y el financiamiento inclusivo; pacto para la igualdad en el mundo del trabajo; pacto para un mayor bienestar social y mejores servicios públicos; pacto para la sostenibilidad ambiental; pacto para la gobernanza de los recursos naturales; y pacto de la comunidad internacional por el desarrollo y la cooperación más allá de 2015.

            En Morelos, debemos establecer pactos sociales específicos para, con una visión de futuro y centrados en el principio de equidad, identificar acciones presentadas en este y otros documentos que sean pertinentes a nuestro estado e implantarlas de manera inmediata, con la finalidad de incrementar el número de empleos bien remunerados, garantizar la salud, ampliar la educación de calidad, proteger al ambiente, impulsar el conocimiento científico, y lograr la paz social.

Tendencias en biología sintética

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publicado en La Jornada Morelos el 12 de mayo de 2014.

La calidad de vida de la humanidad depende del necesario balance entre la innovación tecnológica y el conocimiento de su impacto social, económico y ambiental. El desarrollo sustentable depende del avance de la tecnología entendida como un proceso social. Los enormes avances científicos y tecnológicos que se están teniendo en la manipulación a niveles atómicos de materiales orgánicos e inorgánicos tendrán enormes beneficios en la alimentación, la salud, los energéticos y la construcción, entre otros sectores, siempre y cuando se avance con un total sentido de responsabilidad al evaluar sus posibles impactos negativos; practicando análisis de riesgo-beneficio precisos y transparentes para las comunidades.

Randall Mayes, Field Editor for Wild Cards at TechCast Global, publicó el artículo “¿Hacia dónde nos llevará el siglo de la biología? (Where Will the Century of Biology Lead Us? The Futurist, May-June 2014, Vol. 48, No. 3). Presenta un análisis de tendencia tecnológica que ofrece una visión de la biología sintética, sus aplicaciones potenciales, los obstáculos a su desarrollo y las perspectivas de su aprobación por el público.

            Los bioingenieros (biología más ingeniería) se enfocan a construir sistemas biológicos sintéticos al utilizar partes compatibles estandarizadas que se comporten de manera predecible, señala el autor. Ellos sintetizan partes de ADN que conforman componentes especializados y que, al unirlos, resultan en sistemas biológicos. En la medida que la biología se comporte realmente como un área de la ingeniería, se podrán crear genomas usando unidades modulares producidas en masa, de manera similar a las industrias de la microelectrónica y de la computación. En la actualidad, los proyectos en bioingeniería cuestan millones de dólares y tardan años en desarrollar productos. Para que la biología sintética se convierta en la siguiente revolución industrial, las pequeñas industrias deberán poder pagar los costos asociados al conocimiento y utilizar procesos automatizados.

            Existen dos retos principales para desarrollar la biología sintética, según el autor: el primero es la complejidad de los sistemas biológicos, ya que al ensamblar componentes sintéticos se debe evitar la intercomunicación cruzada con otros caminos biológicos, lo que excluye por ahora la terapia genética por posibles efectos laterales nocivos; y el segundo es el desarrollo de tecnologías asociadas, como los genomas tienen miles de millones de nucleótidos serán necesarias computadoras aún más rápidas, potentes y económicas.

            Para identificar genes y hacer secuencias sintéticas de ADN son necesarios secuenciadores y sintetizadores. El autor indica que existen proyecciones sobre la capacidad de secuenciar genomas humanos por 15 mil pesos, en el año 2020. El costo de leer y escribir nuevos genes y genomas está disminuyendo a la mitad en menos de dos años. Así, nos acercamos al momento en que deberían ocurrir importantes desarrollos en el área de la biología sintética.

            La capacidad computacional que crece exponencialmente en las aplicaciones genómicas y, también, el avance enorme en el uso de impresoras tridimensionales han abierto la posibilidad de imprimir tejidos y órganos para construir partes humanas, establece el autor. Los bioingenieros ya han fabricado prototipos artificiales de válvulas cardiacas, hueso, piel, tubos vasculares e implantes dentales. El método consiste en diseñar a la medida impresoras 3-D que aplican capa sobre capa de “tinta” con células vivas. De esta forma, se volvería obsoleto esperar por órganos para llevar a cabo trasplantes, con el beneficio adicional de que no habría rechazo de ellos, ya que se harían de las mismas células del paciente.

Se han impreso réplicas de riñones humanos que operan como los naturales al romper toxinas, metabolizar y secretar fluidos, asegura el autor. También, se han fabricado bio-impresoras que pueden inyectar muy diferentes tipos de células, como si fueran diferentes colores en una impresora normal, que han sido cultivadas del propio paciente y, así, crear partes humanas con diferentes estructuras internas de acuerdo a las especificaciones de programas computacionales. Asimismo, ya se está investigando en el uso de enzimas creadas por métodos de bioingeniería en microorganismos para descomponer desechos industriales, petróleo, metales pesados, material radiactivo y pesticidas.

Sin embargo, el desarrollo y uso de estos bio-productos implica trabajar con organismos genéticamente modificados y dejarlos libres en el ambiente, lo que causa preocupaciones legítimas, comenta el autor. Entonces, cada producto creado por la bioingeniería debe ser probado cuidadosamente contra riesgos a la salud y al ambiente. Las instancias reguladoras de la industria deben analizar tanto los riesgos como los beneficios de cada uno de estos productos, aplicando el método de proporcionalidad para no retrasar beneficios sociales, al atender eventuales riesgos despreciables para obtener pequeñas ganancias en seguridad.

            En Morelos, debemos establecer un programa de gran envergadura que impulse la ciencia y la innovación en biología sintética y, simultáneamente, analice sus implicaciones en el ambiente y en la salud. Los beneficios potenciales de la bioingeniería son enormes y no podemos quedarnos atrás en el desarrollo de este novedoso campo del conocimiento.

Evaluación académica y ciudadanía.

publicado en La Jornada Morelos el 5 de mayo de 2014

La evaluación es un elemento fundamental en todo plan, programa o proyecto que, apropiadamente realizado, permite conocer el grado en que se alcanzaron los objetivos, metas y entregables establecidos y, además, revelar la calidad del proceso realizado por los actores dentro de las limitantes de las situaciones existentes. En el campo educativo, la evaluación ha de permitir que los sujetos perciban no sólo si poseen los conocimientos y valores para comprender la realidad, sino también si ejercen su papel como ciudadanos éticos, responsables y solidarios.

Fabiola Cabra-Torres, profesora asociada del Departamento de Formación de la Facultad de Educación, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, escribió sobre la “Evaluación y formación para la ciudadanía: una relación necesaria”, en la Revista Iberoamericana de Educación, Número 64 Enero-Abril 2014. Expone las relaciones entre evaluación y formación para la ciudadanía en el marco de las instituciones educativas. Se identifican la rendición de cuentas y la gestión de calidad como los discursos predominantes en las últimas décadas, y se observa cómo, en menor medida, en la práctica se promueve una comprensión de la evaluación como actividad valorativa comprometida con el fortalecimiento del ejercicio de la formación en valores democráticos.

            A partir del concepto de evaluación como práctica social y práctica educativa de carácter ético y político, la autora plantea tres maneras de promover la formación de ciudadanos: la comunicación ética y crítica de la evaluación como capacidad orientada a la apertura, diálogo, negociación y discusión sobre los resultados al interior de las comunidades educativas y de investigadores; la evaluación desde el punto de vista de una ética de la diversidad en la que la inclusión y la diferencia se proyectan como valores democráticos; y por último, la consolidación de una cultura política y del empoderamiento de los sujetos a través de la evaluación.

            En un sentido amplio, la evaluación es una práctica social, y en un sentido más específico, es una práctica educativa, establece la autora. Dicha postura ante la evaluación implica analizar su papel en la sociedad y el rol de los evaluadores, entendidos estos como sujetos morales que toman decisiones en contextos complejos y diversos, cuya actividad tiene consecuencias significativas en otros sujetos, en programas e instituciones sociales, ya sea generando posibilidades de empoderamiento o de exclusión. Definir el propósito de la evaluación en relación con la ciudadanía implica asumir valores de responsabilidad cívica esenciales para formar ciudadanos que se reconozcan democráticamente. No obstante, ha predominado un sentido de la evaluación como herramienta de la calidad y tecnología de la gestión para el mejoramiento de los programas, despojada, en gran parte, de su naturaleza cualitativa, hermenéutica y deliberativa. Así, por ejemplo, la evaluación de un profesor se ha reducido a las encuestas de satisfacción que responden los estudiantes en calidad de clientes –asimismo al número de clases, de artículos publicados, de patentes producidas y de proyectos en los que debe rendir cuentas de productos con valor de uso–, y es bien sabido que en estos procesos el estudiante no es evaluador sino que solo provee información a los evaluadores.

            Existe otro modo de entender los procesos evaluativos en relación con valores cívicos, el desarrollo humano y los efectos sociales de la acción educativa, que le exigen al evaluador afrontar su rol desde una perspectiva constructiva y crítica y como acto de conciencia, señala la autora. En este caso, la evaluación es una instancia de aprendizajes éticos y políticos, lo que a su vez implica que en ella se aprende y que uno se involucra en una suerte de experiencia participante con significado ético y político. En este posicionamiento se asume que en la evaluación tienen lugar una suerte de aprendizajes sociales diversos que, con frecuencia, no son visibles por el énfasis concedido a las evidencias basadas en los resultados medibles de indicadores.

            El uso de la información y la comunicación crítica de las evaluaciones conlleva un ejercicio interpretativo profundo en el cual lo fundamental no es el dato estadístico sino la interpretación cualitativa de la información, cuya potencialidad consiste en abrir perspectivas al diálogo y discusión, señala la autora. De modo que un sistema de evaluación externa no debería radicalizar una visión de la calidad de la educación y, en cambio, la autonomía pedagógica de una institución educativa debería fortalecerse para explicitar y problematizar los resultados de la evaluación, tanto externa como interna, generando comprensiones y explicaciones, si se quiere, mediante etnografías institucionales de las culturas locales, para dar cuenta de la incidencia de valores, tradiciones, prácticas y tejidos relacionales en la construcción de los resultados de la evaluación. Esto, porque gran parte de las comparaciones en los resultados y de logro educativo se hacen entre naciones que han dotado de recursos, dignidad y desarrollo profesional a la labor del profesor −como en el caso renombrado del sistema finlandés−, y países en los que la desprofesionalización del docente se agudiza por las situaciones de inseguridad, violencia, escasa retribución salarial y saturación de tareas.

            Cuando se trata de hacer que una práctica educativa, en este caso la evaluación, se ciña a las demandas del mercado, ocurre un cierre semántico de los sentidos posibles y alternativos de esa práctica formativa, indica la autora. Existe la tendencia a darle un carácter totalizador a las prácticas evaluativas que reproducen la cultura empresarial en los sistemas educativos, como son algunas de las interpretaciones estrictamente mecanicistas de los enfoques basados en competencias, que tienen consecuencias tanto en la identidad del sujeto que aprende como en la concepción de conocimiento válido. Los sistemas evaluativos cada vez más técnicos y menos humanistas no ayudan a formar personas y profesionales capaces de resolver sus discrepancias haciendo uso del diálogo, la reflexión y el pensamiento; de modo que si se libera la educación de la lógica de mercado y se la piensa como proceso de formación de ciudadanos, queda abierta al horizonte de la formación en valores y a las competencias ciudadanas.

Desde la profesión docente, propone la autora, empoderar implica acompañar a los estudiantes para ser política y socialmente conscientes, y esto es posible desde la evaluación como aprendizaje político, y al considerar el aula como uno de los contextos culturales más privilegiados para experimentar formas alternativas democráticas de convivencia escolar, donde la evaluación, en tanto práctica educativa, se tiene que reinventar para dar lugar a nuevas expresiones de subjetividad ética y política acordes con las complejas relaciones ciudadanas globales en las que se insertan hoy la niñez y la juventud.

            En Morelos, debemos lograr que las instituciones educativas se constituyan en un espacio que permita pensar y donde sea posible argumentar éticamente en torno a distintas prácticas de evaluación y transformación. Instituciones que se interesen en construir una cultura política que permee la vida cotidiana de la enseñanza y del aprendizaje.