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Un grupo de académicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México presentó una propuesta inclusiva para iniciar una
reforma educativa en México. Establecieron que la educación es uno de los
factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además
de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los
valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es
necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar
social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y
sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a
mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la
población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los
valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para
el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el
impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. En suma, la educación contribuye a lograr
sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace
más libres a los seres humanos. (Narro Robles, José; Martuscelli Quintana,
Jaime y Bárzana García, Eduardo (Coord.).(2012) Plan de diez años para
desarrollar el Sistema Educativo Nacional. [En línea].Primera edición
[México]: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, 2012. http://www.planeducativonacional.unam.mx). A continuación analizaremos con mayor
detalle el papel de la universidad para el avance democrático.
Adriana Chiroleu,
profesora titular de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario e Investigadora
Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
en Argentina, publicó “Alcances de la democratización universitaria en América
Latina”, en la Revista Iberoamericana de Educación, No. 65/1, 15 mayo 2014. En
este artículo analiza los alcances concretos del proceso de democratización
universitaria y el contenido que en diversos países latinoamericanos asume esta
meta común.
En las últimas
décadas diversos gobiernos en América Latina han puesto énfasis en la
profundización de la democratización de la educación superior asociada a menudo
únicamente con la expansión cuantitativa, establece la autora. Una revisión
teórica de las diversas modalidades y alcances de las políticas desarrolladas
permite, sin embargo, identificar su carácter complejo, histórico y las múltiples
interpretaciones de la palabra “democratización”. El concepto de
democratización puede abordarse desde la perspectiva social, en sentido amplio
o en sentido restringido. La primera acepción da cuenta de la extensión de algún
derecho, o acceso a bienes, a un gran número de personas. Esto implica que la
expansión -a secas- de este bien para que alcance a más sectores de la sociedad
podría considerarse una forma de democratización. Sin embargo, advierte que
esto debe relacionarse con la definición de educación que se tenga. Si por ésta
se entiende un bien del que se extrae un beneficio (cualquiera que éste sea),
acceder a un nivel de estudios del que se estaba excluido, supone
democratización. Por sí mismo, este acceso no anula exclusiones anteriores ni
supone que los diferentes grupos sociales tengan oportunidades equivalentes de
obtener resultados similares en el tránsito educativo. La segunda acepción, lleva
a una definición más restringida de democratización que pone el acento en la
reducción de las desigualdades sociales. Aplicando el mismo razonamiento
anterior, si los diplomas que se obtienen en las diversas instituciones
habilitan oportunidades sociales y laborales diferentes, entonces aunque
supongan una ampliación de los horizontes y las posibilidades de sus
detentadores, no operarán sobre la desigualdad social. Se trataría entonces de
un proceso de democratización parcial, incompleto o trunco.
La igualdad de
oportunidades que ofrece a todos la posibilidad de ocupar las mejores
posiciones en función de su mérito, no busca reducir las desigualdades sino las
discriminaciones, asegura la autora. Si todas las personas están igualadas en
el punto de partida las posiciones jerarquizadas que se obtengan se consideran
“justas” pues están abiertas a todos. Pero es notorio que las posibilidades de
éxito de jóvenes provenientes de los sectores altos, medios y bajos,
generalmente no resultan equivalentes.
Los sistemas de
educación superior en Argentina, Brasil, México y Venezuela son claramente
diversos en términos de cobertura, grado de diversificación y sector de gestión
prevaleciente, entre otros, señala la autora. Comparten sin embargo una
representación inequitativa de los diversos grupos socioeconómicos sobre la
cual han procurado incidir en la última década especialmente las políticas
anteriormente reseñadas. La democratización universitaria rescatada como meta
de la política pública constituye aún un proyecto en ejecución, pero cabe
resaltar el mayor compromiso de los gobiernos en el reconocimiento de la
problemática universitaria.
La autora concluye señalando
algunas cuestiones insoslayables para avanzar en este proceso: las exclusiones
operadas en los niveles anteriores al superior se constituyen en un cuello de botella
de importancia central; la política universitaria y la de las propias
instituciones ha puesto el énfasis en el ingreso a los establecimientos y no en
la generación de posibilidades similares de permanencia y egreso, lo cual se
traduce en una menor representación entre los graduados de los jóvenes
pertenecientes a los quintiles de menores ingresos familiares; se ha iniciado
el tránsito de una atención de la demanda social como si la sociedad fuera
homogénea, a una que procura salvaguardar los derechos de minorías
tradicionalmente excluidas del nivel por causas económicas, étnicas u otras
situaciones particulares; el aumento en el nivel de cobertura de la matrícula
no opera per se en la reducción de las desigualdades sociales; la
diversificación institucional frecuentemente viene acompañada de segmentación y
diferenciación institucional (especialización social de las instituciones) y en
este caso, se da una fuerte tendencia a la reproducción de las desigualdades
sociales sin que se den a menudo transformaciones virtuosas; el apoyo económico
a los estudiantes de sectores económicos desfavorecidos debe alcanzar un nivel
adecuado para permitirle concentrarse en los estudios postergando el ingreso al
mundo del trabajo; y la expansión institucional amplía la oferta pero si no se
actúa sobre otras variables como la dualidad del mercado escolar, la calidad de
los aprendizajes ofrecidos, los disímiles capitales escolares de los
ingresantes y las diversas posibilidades de egreso del nivel, la expansión será
sinónimo de inflación, manteniendo casi intactas las desigualdades vigentes.
En Morelos, debemos acordar
con precisión las visiones, objetivos y procesos de las instituciones
educativas en los diversos niveles de formación. En ejemplo extremo, ni las
primarias y secundarias deben otorgar cursos de licenciatura y posgrado, ni las
universidades deben ofrecer materias de nivel básico. También, los problemas
sociales que deben atender las universidades, tanto públicas, autónomas o no,
como privadas, son de tal magnitud e importancia, que no deben invadir las
esferas del gobierno, los partidos políticos o las organizaciones no
gubernamentales. Las universidades cumplirán con su deber democratizador al
aceptar a la mayor cantidad de alumnos con un nivel de conocimientos adecuado,
al comprometer que sus funciones de investigación, docencia, extensión y
gestión administrativa se realicen con el mayor rigor académico, profesional, transparencia
y solvencia, y al establecer programas de enseñanza–aprendizaje equitativos
socialmente que impulsen la igualdad.
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