Autonomía económica de las mujeres

publicado en la Jornada Morelos el 15 de diciembre de 2014 

Aunque son varios los logros en materia de igualdad de género, aún existen grandes desafíos. Las mujeres siguen siendo mayoría entre las personas en situación de pobreza, el empleo disponible privilegia injustamente a los hombres, se desaprovecha el logro educativo de las mujeres y no se consigue eliminar la carga doméstica heredada de tiempos en que las mujeres solamente se ocupaban del cuidado de los miembros de la familia. Los cambios demográficos y en la educación, así como el propio proceso de emancipación de las mujeres, muestran la necesidad de promover una mayor eficiencia y equidad en los mercados para aprovechar sus capacidades y hacen más evidente la injusticia estructural que subyace en la actual estructura económica y social.

Lucía Scuro y Néstor Bercovich, editaron el recientemente publicado documento de la CEPAL “El nuevo paradigma productivo y tecnológico. La necesidad de políticas para la autonomía económica de las mujeres” (Néstor Bercovich y Lucía Scuro, “El nuevo paradigma productivo y tecnológico: la necesidad de políticas para la autonomía económica de las mujeres”, Libros de la CEPAL, N° 131 (LC/G.2621-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014). En él se plantea que la desigualdad se genera principalmente en el mundo del trabajo (tanto remunerado como no remunerado) y que es imprescindible aprovechar, a través de las políticas públicas, las oportunidades que ofrece el nuevo paradigma tecnológico.

Pese a la importante presencia de las mujeres en el mercado laboral, aún persiste la segregación laboral, que se define como la clara distinción entre los sectores de actividad en el mercado y los puestos de trabajo ocupados por hombres y mujeres, establece el documento. La segregación laboral de las mujeres se manifiesta en dos dimensiones: la segregación horizontal y la segregación vertical. La segregación horizontal supone que las mujeres se concentran en ciertos sectores de actividad y en determinadas ocupaciones, mientras que la segregación vertical implica el desigual reparto de hombres y mujeres en la escala jerárquica y, por lo tanto, muestra cómo las mujeres tienen dificultades para progresar en su profesión y poder acceder a puestos más cualificados y mejor remunerados.

La segregación horizontal forma parte de un problema de naturaleza sistémica que se reproduce en tres ámbitos: a) la familia, a través de la socialización, al considerar que el éxito de las niñas sigue proyectándose como una combinación de profesión y maternidad; b) la escuela, donde la reproducción de estereotipos explica, en buena parte, la concentración de las jóvenes en estudios compatibles con la vida familiar, y c) la demanda laboral, que requiere en la vida pública capacidades semejantes a las valoradas en la vida familiar. Entonces, no es casual que las mujeres predominen entre los trabajadores de los servicios de educación y salud, los servicios a las personas y el comercio. La segregación vertical, que hace que en la mayoría de los trabajos, las mujeres se concentren en los puestos jerárquicos más bajos y de menor autoridad de la pirámide o ejerzan oficios que requieren menor calificación. Este fenómeno es conocido como “techo de cristal”, en alusión a las barreras de poder invisibles que impiden a las mujeres ascender en los puestos de trabajo.

En el documento se destacan al menos tres conclusiones sobre las políticas públicas orientadas a la autonomía de las mujeres y la igualdad de género en el nuevo paradigma de la sociedad de la información y del conocimiento. En primer lugar, en la economía digital, al igual que en el resto de los paradigmas tecno-económicos, las oportunidades no se distribuyen de manera equitativa ni entre los países ni entre las personas, lo que origina asimetrías que se deben corregir mediante políticas específicas para superar las desigualdades. En segundo término, la profundidad de la brecha digital que afecta a las mujeres puede aumentar aun cuando la población excluida de la sociedad de la información esté disminuyendo. Porque, más allá del acceso cada vez mayor a las tecnologías, las brechas crecen en relación con la capacidad de uso y apropiación de dichas tecnologías. Esto explica en buena medida la lentitud con que se cierran las brechas de género, especialmente en lo que se refiere al empleo de calidad vinculado con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Por último, las políticas en favor del cambio estructural que deben implementar los países de la región tienen que superar la neutralidad característica de las políticas públicas, incorporando acciones específicas dirigidas hacia la igualdad entre hombres y mujeres.

Las políticas de desarrollo, en general, y las políticas de desarrollo productivo, en particular, no pueden ser neutrales, propone el documento. Así como deben tomar en cuenta las desigualdades existentes entre países y entre economías, deben también considerar y apuntar a superar las desigualdades de género que se observan en la integración a diversos ámbitos de la vida social, como el mercado laboral, la familia, la participación política y la toma de decisiones, entre otros.

Es imprescindible aprovechar, a través de las políticas públicas, las oportunidades que ofrece el nuevo paradigma tecnológico, asegura el documento. Estas políticas deben romper los círculos de desigualdad que se originan, principalmente, en el mundo del trabajo (tanto remunerado como no remunerado). Para ello, es necesario impulsar políticas que prevengan la segregación y la segmentación laboral, eviten las brechas de ingresos que afectan a las mujeres y promuevan una justa división sexual del trabajo. La organización global de la reproducción social debe abordarse con políticas activas en el mercado laboral en todas sus expresiones, de manera de facilitar la participación y la autonomía económica de las mujeres, así como una mayor participación femenina en los puestos jerárquicos y en los niveles de decisión empresariales.

La capacitación y la formación profesional constituyen, sin duda, un camino promisorio para asegurar empleo femenino de calidad en esos nuevos escenarios, ya que es necesario generar capacidades y habilidades digitales que aseguren la integración de las mujeres en puestos de mayor nivel tecnológico, apunta el documento. No obstante, parece poco probable que esto ocurra si se deja sólo a las fuerzas del mercado, ya que el sistema de género hegemónico tenderá a mantener la segregación que le es funcional.

En Morelos, debemos incentivar la formación y la participación de las mujeres en áreas tecnológicas y establecer políticas públicas para transformar las culturas y prácticas empresariales, utilizando las TIC para impulsar la autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género; con el objetivo de avanzar hacia una sociedad del conocimiento realmente inclusiva.

Derechos humanos en el mundo al 2050.

publicado en La Jornada Morelos el 8 de octubre de 2012
En los países occidentales se tiene una visión sobre los derechos humanos que considera son universales y deben ser conocidos y observados en todos los países. Sin embargo, países como China, India, Rusia y Turquía honestamente critican que su aplicación indiscriminada es una afrenta contra sus tradiciones y culturas. También y en algunos casos, se puede considerar que estas críticas son para crear una desviación estratégica frente a la falta de transparencia en la aplicación de normas de conducta no aceptables contra sus ciudadanos. En la medida que los países orientales ganen una participación mayor del poder económico mundial, de manera natural se confrontarán las diferentes visiones políticas, culturales y de derechos humanos. En particular, el derecho de los países a la autodeterminación de sus formas de gobierno y la interacción con sus ciudadanos será cada vez más cuestionada, en todas las direcciones sociales y culturales.


Josh Calder, socio en la firma de consultoría sobre futuros Foresight Alliance (www.foresightalliance.com) dedicado a dar seguimiento a tendencias globales y discontinuidades en asuntos internacionales, publicó el artículo “¿Quien será libre? Las Batallas por los Derechos Humanos al 2050” en la Revista” El Futurista” (Who Will Be Free? The Battles for Human Rights to 2050, The Futurist, November-December, 2012, Vol. 46, No. 6). Analiza los cambios geopolíticos de largo plazo en el contexto mundial y su repercusión en nuestro entendimiento de los Derechos Humanos, y propone que la expansión en afluencia económica, educación y tecnología digital podría desembocar en un mundo más libre y más humano en el largo plazo.

El autor considera que a pesar de los regímenes opresivos que actualmente reprimen brutalmente a sus disidentes y corrompen elecciones, el futuro de los derechos humanos en el mundo es promisorio. Propone tres tendencias positivas que están sustentadas en cambios de valores y nueva tecnología: Tecnologías liberadoras versus tecnología represiva; la aparición de nuevas potencias versus la influencia de los legados de las grandes potencias, y conflictos internos sobre los valores en las sociedades.

La definición de derechos humanos ha evolucionado en el tiempo; sin embargo, el autor trabaja exclusivamente con los derechos políticos (democracia y autodeterminación y sus componentes como libertad de conciencia, asociación e información), la ausencia de castigos por ejercer esos derechos políticos y la inexistencia de tortura y muertes extrajudiciales.

La contribución potencial de la tecnología sobre los derechos humanos es cada vez más aparente, señala el autor; en particular, por el rol prominente atribuido a los medios sociales en los eventos de la llamada Primavera Árabe del 2011. Internet y las redes móviles se están esparciendo en el mundo con el consecuente acceso abierto a la información y la posibilidad de que esta sea generada por los ciudadanos; ya que 70 por ciento de la población mundial tiene un teléfono móvil y puede documentar y reportar abusos en los derechos humanos. También, ya existe la posibilidad de tener sistemas autónomos de internet que no dependan de las censuras gubernamentales. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado con tecnologías de vigilancia personal que están atentando contra los derechos humanos al recolectar datos personales que puedan ser utilizados en su contra, en situaciones económicas, políticas y sociales.

Las economías emergentes pueden tener visiones culturales muy diferentes a las de las potencias occidentales dominantes y reclaman su derecho a la autodeterminación de sus políticas sociales y de derechos humanos, indica el autor. La creciente influencia de las potencias emergentes puede influenciar el papel de la tecnología en los derechos humanos. Por ejemplo, Twitter ha modificado su sistema de censura país por país, con la finalidad de acoplarse a las leyes locales. Algunas personas consideran que acciones de este tipo fortalecen los controles de información existentes en algunos países. El costo de la indiferencia por los gobiernos a los derechos humanos está aumentando en todos los países, ya que la evolución interna de las sociedades es la fuerza que impulsan la democratización y los derechos humanos.

La observancia de los derechos humanos ha mejorado casi universalmente en los últimos cincuenta años aún en los países autoritarios, opina el autor. Si se analiza el avance en periodos de tiempo mayores, parece que los gobiernos más humanos de hace doscientos años serían más crueles que cualquier gobierno en la actualidad. Esta tendencia de mejora podría continuar globalmente debido a las fuerzas económicas, ya que los gobiernos de países ricos tienden a tratar mejor a sus ciudadanos que los de países pobres y, también, las personas criadas con seguridades materiales tienden a ser tolerantes, no xenofóbicos y respetan menos a la autoridad.

En Morelos, debemos evaluar, monitorear y ajustar nuestra percepción de los derechos humanos; en particular, con relación al balance relativo entre controles de vigilancia e información impuestos por las autoridades y las tecnologías que aumentan las libertades de los ciudadanos; al grado en que internet permanece como un conducto libre de información, y a la tolerancia sobre las visiones multiculturales de nuestra sociedad.

Cultura Científica y Democracia.

publicado en La Jornada Morelos el 19 de junio de 2012

La importancia de un incremento de la cultura científica popular se justificaba porque éste se traduce en un incremento de los recursos humanos que constituyen el potencial técnico e innovador del desarrollo tecnológico y, con él, de las capacidades industriales nacionales; en particular, el desarrollo industrial de base tecnológica. Sin embargo, la cultura científica popular ya no sólo se describe funcionalmente como la comprensión de conceptos y construcciones científicas que permiten a los ciudadanos leer una publicación cotidiana y entender en esencia los diversos argumentos que puedan estar enfrentados en controversias técnicas y científicas. Ahora, las circunstancias en que nos encontramos han respaldado una intensificación de la vinculación entre una mayor adquisición de conocimientos y una mejor toma de postura o, incluso, toma de decisiones sobre cursos de acción. La razón por la que se hacen estas consideraciones radica en el hecho de que el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico nos permiten acceder a la sociedad del conocimiento y transitar mejor en la sociedad del riesgo.

Noemí Sanz Merino y José Antonio López Cerezo, investigadora posdoctoral y catedrático de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Oviedo, publicaron el artículo “Cultura científica para la educación del siglo XXI” en la Revista Iberoamericana de Educación, Número 58 (2012), pp. 35-59 (ISSN: 1022-6508). En este artículo abordan la cuestión de cómo entender la cultura científica si se quiere desarrollar un tipo de educación científica que sea socialmente provechosa en la presente sociedad del conocimiento. Para hacerlo, toman brevemente en consideración los contextos actuales de apropiación social de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (cts). Finalmente, ofrecen sus consideraciones sobre cómo superar algunos retos que surgen a la hora de implementar la enseñanza de dicha cultura científica.

            Para la mayoría de los especialistas, según los autores, el enfoque cts en educación propone añadir a este sentido de capacitación científico-tecnológica otros conocimientos y destrezas asociados a información y valores que estén en relación directa con otras necesidades personales de los alumnos y alumnas. Es decir, una educación cts debería, por ejemplo, y entre otras cosas: Incluir conceptos científicos y habilidades procedimentales que sean útiles en sus vidas cotidianas, también en tanto que les permitan tomar decisiones como ciudadanos; centrarse en aspectos sociales locales: en cuestiones y problemas que emergen en sus entornos más próximos (familiares, escolares, comunitarios, etc.); atender asimismo a problemas globales, a los asuntos que conciernen a todo el planeta, como son los medioambientales o los relacionados con los límites del crecimiento industrial, y dar a conocer la naturaleza y el alcance de una amplia variedad de ciencias e ingenierías, en tanto que ello despierte las aptitudes de los estudiantes o llame su interés hacia distintas carreras científico-tecnológicas actuales.

            La educación para la cultura científica y tecnológica bajo la perspectiva cts se ha de entender, además, fundamentalmente y de un modo general, como una variedad de la educación en valores y como una preparación para la participación cívica, indican los autores. Por supuesto, muchos otros pensadores asumen igualmente estos considerandos generales como metas propias de la educación desde un enfoque cts. De hecho, se trata de objetivos claramente relacionados, pues la formación de una ciudadanía consciente del componente y papel social de la ciencia y la tecnología tiene como horizonte natural la motivación y capacitación de los ciudadanos para involucrarlos en distintos aspectos de la vida social.

            La situación iberoamericana es un claro ejemplo de por qué la cultura científica es todavía hoy un tema político de primera magnitud en el incremento de la riqueza cultural y material de ciertas naciones, aseguran los autores. Casi todos compartimos aún la necesidad de llevar la ciencia a las instituciones, a las empresas y a los ciudadanos. En este sentido, mejorar las políticas y el sistema productivo, incentivar vocaciones científicas en los jóvenes, elevar la cultura científica de los ciudadanos, incrementar la valoración y apoyo públicos de la ciencia son algunas medidas que han de ser implementadas. Con tal objetivo, se pueden rescatar algunas de las consideraciones que revisaron en este trabajo. En primer lugar, los ciudadanos necesitan disponer tanto de información científica como de otros conocimientos que les posibiliten hacer uso de los mejores elementos de juicio posibles en tanto padres, consumidores, empresarios o trabajadores. En este sentido, se debe partir de una definición de cultura científica que nos ayude a tomar nuestras decisiones a diario, las cuales van desde qué comprar en el supermercado hasta aceptar, o no, a exponerse a una tecnología médica concreta. En segundo lugar, generar con éxito ese tipo de cultura científica en la ciudadanía es un proceso mucho más complejo que una simple cuestión de alcanzar cierto nivel de competencia. Se trata, más bien, de implementar acciones que tengan en cuenta que el sujeto del proceso de aprendizaje integra los elementos intelectuales adquiridos en un sistema propio de creencias y actitudes, entre los que tienen también una gran relevancia otros factores cognitivos y psicológicos, y respecto de los cuales, además, el involucrarse personalmente adquiere una importante influencia. En tercer lugar, una cultura científica que se precie de responder a los anteriores requisitos ha de concebirse entonces, e igualmente, como una forma de cultura crítica y responsable. Es decir, tiene que incluir información no solo acerca de los beneficios potenciales de la ciencia sino también de sus incertidumbres, de sus riesgos y de los interrogantes éticos que pueda plantear. De la misma forma, la cultura científica popular debe ser un elemento cultural potenciador en los individuos de este tipo de cuestionamientos y de una actuación social en consecuencia.

            En Morelos, la educación y comunicación para la cultura científica debe formar ciudadanos que tengan conocimiento del papel y dimensiones sociales de la ciencia y la tecnología, capacitándolos para actuar en su vida diaria, así como motivándolos para involucrarse en los debates sociales y políticos sobre estos temas. Todo ello requiere hacer de las aulas y los espacios de educación informal lugares de aprendizaje crítico, de protagonismo social y de participación cívica; en suma, hacer de los centros educativos, a través del encuentro entre el conocimiento y la acción, laboratorios de práctica democrática.

La persona como agente de cambio

El Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población AC (IMIFAP) ha implantado una estrategia de desarrollo que fomenta una ciudadanía participativa con salud y altos niveles de educación y productividad. Este año cumplieron 25 años, trabajando exitosamente con base en el principio de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998: “el desarrollo debe concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales con las que cuentan las personas”; como ya hemos tratado con anterioridad en Crear Futuros. Su estrategia primordial se centra en facilitar el crecimiento de las capacidades y derechos de cada individuo como ciudadano, de manera que pueda tomar decisiones responsables y ampliar sus alternativas de vida en los campos de la interacción social, económica, política, educativa, médica y psicológica.
Para guiar a las personas a tomar los pasos necesarios para su desarrollo personal crearon un “Marco para facilitar el Empoderamiento” que tiene cuatro objetivos: reducir barreras psicológicas tales como vergüenza, culpa y miedo para enfrentar la independencia por medio del desarrollo de habilidades para la vida; promover la internalización de que los cambios de conducta son posibles y están bajo el control del individuo; fortalecer cambios de comportamiento a través de la formación de maestros y promotores comunitarios, del cabildeo con las autoridades locales y de la diseminación de la información al público tanto en el idioma oficial como en lenguas indígenas; e instrumentar programas interactivos y soportados por materiales dinámicos.
La doctora Susan Pick, fundadora y presidenta del IMIFAP, investigadora Titular C de la Facultad de Psicología, de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, y Jenna Sirkin publicaron el libro Breaking the Poverty Cycle: The Human Basis for Sustainable Development (que tradujeron como “Pobreza: Cómo romper el ciclo a partir del desarrollo humano”), Oxford University Press 2010, donde explican cómo se han logrado instrumentar una serie de programas y estrategias que han llevado a una toma de decisiones informada, libre, autónoma y responsable en los sectores más vulnerables de la sociedad, que está basado en más de 25 años de investigación teórica y experiencia práctica.
Un tema fundamental que han investigado es la capacitación de autoridades gubernamentales para implantar políticas de descentralización. En particular, entrevistaron a autoridades estatales y municipales en México para conocer sus necesidades y las dificultades encontradas para poner en marcha acciones de descentralización (S. Pick et al, Capacity building for decentralization in Mexico: a psychosocial approach, International Journal of Public Sector Management, Vol. 20, Numbers 2 y 3, 2007). Sus hallazgos indican que los principales problemas para la implantación de estas acciones son la falta de claridad en la asignación de recursos, en los procesos de toma de decisión y en los asuntos legales involucrados.
La descentralización, en este contexto, significa ampliar los derechos políticos y civiles de los servidores públicos y de los ciudadanos. Los resultados de su investigación implican que existe confusión sobre los procedimientos mismos para tomar decisiones y formular políticas públicas, aunado a una mentalidad de temor y desconfianza. Lo más probable, indican, es que estas malas cualidades han sido inculcadas y exacerbadas por décadas de imposiciones de un gobierno centralizado; donde las autoridades estatales y municipales han aprendido que es más importante satisfacer a sus jefes que tomar decisiones autónomas. Rescatar la condición en que las personas son agentes de cambio es de suma importancia.
El entrenamiento es fundamental y empieza con capacitar a las personas para que sean competentes al plantear sus problemas específicos. Señalan que, desde un punto de vista psicológico, los conceptos necesarios para que una persona trate una situación difícil con confianza y de manera socialmente competente son, entre otros: ser agente de cambio, ser eficaz, tener autoestima, contar con determinación, poder autorregularse, tener control de uno mismo, empoderarse de la situación, tener autonomía de acción y actuar de manera individual.
Estamos convencidos, como el IMIFAP, de que para luchar contra la pobreza se necesita expandir las libertades y capacidades individuales. El desarrollo de habilidades personales permite a las personas tomar nuevas oportunidades eliminando barreras psicológicas y sociales. La clave, nos señalan, es enseñar a los individuos a expresar sus opiniones, pensar independientemente, y tomar decisiones informadas.
En Morelos, como ellos llevan haciendo por 25 años, se deben establecer programas que faciliten el desarrollo personal y ayuden a crear escuelas exitosas, comunidades observantes de la ley, servicios de salud más rentables y participación democrática.