A tres años de que se cumpla el plazo para lograr
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la comunidad internacional se encuentra
en un proceso de reflexión y debate sobre la agenda para el desarrollo después
del año 2015. En este proceso se ha avanzado hacia una visión crecientemente compartida
sobre los ejes principales que deberían guiar esa estrategia: el crecimiento económico
inclusivo, el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental, la creación de
empleo y trabajo decente para todos, el establecimiento de las bases para la
igualdad, y el cumplimiento de los derechos. América Latina es hoy una región
eminentemente urbana y de ingreso medio que esconde una gran heterogeneidad que
se manifiesta dentro de los países en las desigualdades de ingreso, acceso y oportunidades,
y territoriales.
La
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) recientemente publicó un trabajo
titulado “Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: Seguimiento
de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo post-2015 y Río+20. Versión
preliminar” (LC/L.3590 • Marzo de 2013 • 2013-122 © Naciones Unidas). Este
documento busca continuar el proceso de discusión sobre los ODM y los
lineamientos de una nueva agenda para el desarrollo en la región, con la
participación de la CEPAL y de los organismos de las Naciones Unidas. Su
propósito es avanzar hacia una visión compartida sobre la orientación y los contenidos
principales de esa agenda e intentar dar respuesta a algunas interrogantes:
¿Cuáles son las brechas estructurales que impiden el crecimiento económico con
igualdad y sostenibilidad ambiental? ¿Qué significa ser una región de ingreso medio?
¿Cómo se transita del paradigma de desarrollo actual a otro basado en una
perspectiva de derechos que promueva la igualdad y la sustentabilidad? ¿Cuáles
deben ser las principales características del nuevo paradigma de desarrollo
para avanzar hacia la sustentabilidad económica, social, ambiental e
institucional?
El
examen de los principales indicadores revela que América Latina y el Caribe lograron
avances importantes hacia el cumplimiento de los ODM, particularmente en las metas
de reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad
infantil y el acceso al agua. Estos progresos, sin embargo, no son suficientes
para cerrar las brechas y superar los rezagos que han caracterizado a la
región. El desarrollo de las dos últimas décadas pone claramente de manifiesto
sus deficiencias estructurales. Algunas pueden resumirse, según el reporte, en
que: no basta con el crecimiento económico si no se incorpora la relación
intrínseca que tiene con el medio ambiente y su protección, y el desacople en
el uso de energías contaminantes; no basta con reducir la pobreza si al mismo
tiempo perduran desigualdades sobre la base del género, la etnia y el
territorio, que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del
mundo; no basta con lograr mayor productividad si no se traduce en una mayor
creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los
derechos laborales básicos; no basta proveer educación si no es de calidad y no
permite la inserción laboral, una mayor conciencia cívica, una participación
política informada y una mejor integración en la sociedad; no basta con
extender la atención médica si no está al alcance de todos y no otorga
protección frente a los riesgos ambientales; no basta con la incorporación de las
mujeres al mercado laboral si no se enfrenta la discriminación basada en el
género y se asegura su autonomía física y empoderamiento; no basta con un
Estado que logra finanzas públicas ordenadas y una macroeconomía que mantiene
bajo control la inflación si no cumple cabalmente su rol de orientador del
desarrollo sustentable en el largo plazo, para lo que se requiere cambiar la
estructura impositiva y elevar la recaudación; no basta con una política social
asistencial focalizada si no va acompañada de una política pública de
protección social de carácter universal para reducir la vulnerabilidad de la población
e interrumpir los mecanismos de transmisión de la exclusión social y la
desigualdad.
El
reporte presenta los siguientes mensajes que sintetizan los principales
hallazgos y tienen la intención de informar a los gobiernos de la región sobre
las posibilidades y las grandes orientaciones que podría adquirir la nueva
agenda para el desarrollo: es preciso mantener el foco en las brechas
pendientes de los ODM, ya que todavía quedan varias metas por cumplir; la
región está cambiando y los asuntos emergentes deben ser atendidos en la nueva
agenda para el desarrollo; se requiere un modelo basado en derechos, igualdad y
sostenibilidad ambiental que reconozca los límites existentes; el umbral mínimo
de bienestar se ha elevado y el cambio se debe asentar en políticas de Estado
con vocación universalista (protección social, salud, educación y empleo), con
derechos y de calidad; el cambio hacia el desarrollo sustentable exige señales
adecuadas que se deriven de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y
la gobernanza de los recursos naturales, con un sector privado corresponsable;
es preciso establecer formas más variadas de medir los avances, que
complementen al Producto Interno Bruto, con el fin de informar mejor las
decisiones para el desarrollo sustentable; y se ha de privilegiar la coherencia
de políticas globales para el desarrollo sustentable, el comercio justo, la
transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos
mecanismos de financiamiento, el fomento de la cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento
de los mecanismos de participación social.
En
Morelos, los objetivos de desarrollo sustentable han de dar el salto
cualitativo requerido: superar la pobreza mediante la búsqueda de mayor
igualdad, pasar de la provisión de la ingesta calórica mínima a la nutrición de
calidad, de las enfermedades de la pobreza a la vida sana, y del acceso básico
a satisfactores como el agua, la energía y la vivienda a hábitats y
asentamientos humanos de calidad. Podemos crecer con mayores niveles de
inclusión, protección, participación e igualdad social, menor exposición a los
impactos negativos de la volatilidad externa, mayores niveles de inversión productiva,
más generación de empleo decente y de calidad, y mayor sostenibilidad ambiental
y resiliencia ante los desastres.
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