La necesidad de contar con un Estado activo en la
definición y financiamiento de políticas públicas de innovación y
competitividad es una realidad desde que se evidenció que las fuerzas del
mercado, por sí solas, no llevan al crecimiento económico sostenible con
desarrollo social e igualdad. Además, no puede haber desarrollo económico en
México sin una visión regional en el diseño e implantación de políticas
industriales que consideren las fortalezas y debilidades locales. Por lo
anterior, es imprescindible identificar, organizar, consensuar y operar un
sistema de innovación regional en Morelos que permita generar sinergias entre
los sectores público, privado y social y que, en particular, esté sustentado en
nuestra sólida capacidad de generar conocimientos.
Federico
Stezano, Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Cuajimalpa, y Ramón Padilla-Pérez, Oficial de Asuntos Económicos,
Unidad de Desarrollo Económico, Sede Subregional de
la CEPAL en México, escribieron la nota técnica (# IDB-TN-512) “Gobernanza y coordinación
entre el ámbito federal y estatal en las instituciones y programas de innovación
y competitividad en México” para el Banco Interamericano de Desarrollo, División
de Competitividad e Innovación, Departamento de Instituciones para el Desarrollo
(http://www.iadb.org, copyright © Banco
Interamericano de Desarrollo, marzo 2013). Este trabajo se centra en el
análisis de las capacidades y debilidades de los gobiernos estatales en México
para ejecutar políticas propias y coordinarse con las autoridades federales,
así como el efecto de la concurrencia de estas autoridades sobre la gobernanza
de las políticas de competitividad e innovación. Analizaron las dinámicas
institucionales, el perfil de especialización productiva y las trayectorias de
innovación en tres estados de México (Baja California, Jalisco y Puebla), y su
interacción con tres programas federales de Ciencia, Tecnología e Innovación
(FOMIX, PROSOFT y PEI).
El
punto de partida de este trabajo es la baja productividad que ha caracterizado
a la economía mexicana en las últimas tres décadas. Esta economía, apuntan los
autores, tiene un perfil de especialización productiva orientado a mercados
externos con bajas tasas de crecimiento y es vulnerable a la entrada de nuevos
competidores en los mercados internacionales. La incorporación de mayor valor
añadido a través de inversiones en tecnología e innovación es un desafío
central y se conoce el papel de las políticas públicas de innovación y
competitividad para fomentar un crecimiento económico de largo plazo basado en
una productividad creciente.
Dadas
las marcadas diferencias en las capacidades productivas y tecnológicas de los
estados en México, las políticas estatales y su coordinación con las federales
son de gran importancia, aseguran los autores. La política industrial es la
intervención de los gobiernos para movilizar recursos hacia sectores
particulares con el objetivo de fomentar la competitividad, la productividad y
el crecimiento económico. Estas políticas deben ser entendidas como un medio
para alcanzar metas de desarrollo económico como la creación de empleo de
calidad, la generación de mayor valor agregado nacional, el combate contra la
desigualdad y la protección del medio ambiente. La política industrial en un
sentido amplio comprende desde políticas que afectan a las industrias
nacientes, hasta políticas comerciales, e incluye las que crean el ambiente
jurídico y económico para que operen las empresas, y pueden abarcar las siguientes
políticas: de ciencia, tecnología e innovación, de educación y de construcción
de habilidades, comerciales, sectoriales de competitividad y de competencia.
Los
autores ofrecen elementos para contestar dos preguntas centrales para el diseño
de políticas de innovación y competitividad en México: ¿cuáles son las
capacidades y debilidades claves de los estados para diseñar y ejecutar
políticas locales y para coordinarlas con las federales? y ¿cómo influye y qué
impacto tiene en la gobernanza y efectividad de las políticas públicas la
concurrencia de diferentes autoridades federales y estatales? La capacidad de
los gobiernos estatales para definir sus sectores prioritarios y su perfil de
especialización productiva y tecnológica es clave. Esta definición se basa en
diagnósticos, evaluaciones y ejercicios prospectivos que permiten planear
procesos de desarrollo de mediano y largo plazos, con el apoyo de ejercicios
periódicos de evaluación de resultados. Esta vía es fundamental para comenzar a
construir agendas de competitividad e innovación estatales con una correlación
concreta con las problemáticas y necesidades de los actores locales.
La
obtención de los recursos federales por parte de los estados, está relacionada
con la capacidad de diseñar programas locales y cabildear con el gobierno
federal, así como con las capacidades de las empresas, universidades, centros
de investigación y cámaras empresariales locales para plantear y llevar a cabo
proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Señalan los autores, que se
destaca así una necesidad en las organizaciones estatales de gobierno de
fortalecerse para: articular de manera continua a los actores relevantes de la
innovación; diagnosticar periódicamente las fortalezas y debilidades clave en innovación,
ciencia y tecnología de los actores del estado; realizar ejercicios de
prospectiva que permitan delimitar prioridades sectoriales de la entidad, y diseñar,
ejecutar y evaluar programas y políticas estatales en la materia.
La
evidencia acumulada en estudios anteriores sobre la coordinación entre los
niveles federales y locales de gobierno en México muestra, de acuerdo con los
autores, que el papel central del gobierno federal en la estructura estatal de
fomento a la competitividad y la innovación se debe a que muchas entidades
carecen de capacidades para desarrollar iniciativas propias en la materia, o no
consideran al diseño y ejecución de programas estatales en la materia como
núcleo importante de una política de largo plazo de la entidad. En el discurso
oficial, estos estados argumentan que existe una alineación de sus objetivos y
orientaciones con los del gobierno federal. Sin embargo, la dificultad para
generar políticas y programas estatales responde a dos factores a modificar: la
falta de capacidades organizacionales y de recursos financieros y humanos para
diagnosticar prioridades de desarrollo locales, y diseñar y ejecutar políticas
para apoyar actividades de investigación y desarrollo que atiendan a esas
prioridades, y la falta de visión y planeamiento que establezcan con claridad
los objetivos de desarrollo prioritarios de mediano y largo plazos.
En
Morelos, debemos reconocer que el financiamiento de la innovación,
investigación y desarrollo presenta economías a escala que justifican el diseño
de programas centralizados y también que el apoyo a pequeñas y medianas
empresas tiene un mayor impacto si se hace a través de políticas locales,
debido a las necesidades y orientación particulares que éstas presentan. Entonces,
es necesario realizar ejercicios de evaluación que ayuden a establecer en qué
casos es eficiente contar con programas federales o estatales de fomento a la
competitividad. Lo anterior establecerá una nueva dinámica de relación entre los
dos niveles de gobierno que podría llevar a la formulación conjunta y consensuada
de objetivos de innovación y competitividad desde una visión de mediano y largo
plazo, y también a la evaluación del diseño e impacto de los mecanismos
federales actuales como base para el diseño de instrumentos nuevos o
complementarios que se diferencien en función de las capacidades de nuestro
estado.
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