El desarrollo inclusivo debe ser parte
fundamental de cualquier plan nacional o estatal cuyo objetivo sea impulsar el
bienestar social. Éste se define como un crecimiento que genera una inserción
laboral, productiva y social más satisfactoria y equitativa, lo que depende, en
gran medida, de un conjunto de políticas que promueven la convergencia
productiva y los cambios institucionales, y garantizan la protección social. El
comercio internacional y la inversión extranjera directa (IED) no impulsan de
manera automática al desarrollo inclusivo y depende mucho de la calidad de las
políticas público-privadas que lo orienten y complementen.
La
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó
recientemente un documento sobre “Comercio internacional y desarrollo
inclusivo: Construyendo sinergias”, cuya elaboración estuvo a cargo de Osvaldo
Rosales, Nanno Mulder y Roberto Urmeneta, todos miembros de CEPAL (Publicación
de las Naciones Unidas, LC/G.2562, Copyright © Naciones Unidas, abril de 2013).
En este documento se evalúa cómo el comercio internacional afecta el
crecimiento y la igualdad en la región y cómo puede ayudar a reducir la
heterogeneidad estructural en términos de brechas productivas entre estratos de
empresas, en la medida en que las exportadoras tengan mayor presencia relativa
en el total de empresas. Esto se debe a que las empresas exportadoras en la
región tienen niveles de productividad y de remuneraciones superiores a los de
las demás empresas, lo que, a su vez, demuestra que poseen más formalidad, un
mejor acceso al financiamiento, una mayor escala de producción media y un nivel
medio de trabajadores más capacitados.
Alcanzar
un crecimiento inclusivo a partir del comercio internacional requiere que las
políticas comerciales se complementen con otras políticas, asegura el estudio.
Los beneficios del comercio deben ser ampliamente compartidos, especialmente
con los hogares pobres y los territorios rezagados.
Ellos tienen dificultades para aprovechar las
nuevas oportunidades del comercio internacional, debido a la falta de
conocimiento, infraestructura, acceso a capital y otros obstáculos. En primer
lugar, se requiere una mejor articulación entre los organismos encargados de
negociar los compromisos comerciales internacionales, los entes de promoción y
la diversificación de las exportaciones, de atracción de IED, de innovación y
difusión tecnológica, de fomento productivo y empresarial, y de capacitación y
formación de recursos humanos, incluida la educación media y universitaria.
Segundo, las políticas que fomentan el comercio y la inversión deben tener en
cuenta el objetivo final de un mayor desarrollo e igualdad y retroalimentarse mutuamente
con las políticas sociales. Las políticas comerciales han de considerar los
objetivos nacionales de desarrollo inclusivo. La coherencia, la sinergia y la
retroalimentación entre estos ámbitos de políticas —que suelen estar dispersas
en institucionalidades, marcos conceptuales y opciones de políticas muy
diferentes— son clave en estas materias. La construcción de la igualdad tiene
distintas dimensiones: desde las políticas macroeconómicas, pasando por las de
apoyo productivo y de no discriminación, hasta las políticas migratorias y de
igualdad de género.
Las políticas de facilitación del comercio
destinadas a bajar los costos y aumentar la productividad deben tener un
impacto positivo sobre las remuneraciones de los trabajadores y la igualdad,
plantea el estudio. En este campo,
existen diversas propuestas: se puede mejorar las instituciones a fin de
armonizar los procedimientos, especialmente para asegurar su interoperabilidad
y estandarización; el gobierno puede procurar acelerar los acuerdos legales en
los que se reconocen los instrumentos de negocios modernos (factura
electrónica, certificados de origen electrónicos y ventanillas
interinstitucionales únicas, entre otros), y se pueden aprovechar mejor las
políticas de cooperación que están desarrollando la Unión Europea y países como
Australia, Japón, la República de Corea e incluso China, que podrían ayudar a
los países de la región a fortalecer las capacidades nacionales y regionales en
los distintos ámbitos de la facilitación del comercio, con el fin de promover
aún más sus relaciones comerciales y de inversión intrarregional.
Los
países que han adoptado una estrategia de internacionalización han tenido más
éxito en mantener el crecimiento y ascender en la escala de desarrollo, señala
el documento. La evidencia disponible pone de relieve que la apertura comercial
puede contribuir al crecimiento y el empleo, siempre que se realice
adecuadamente (teniendo muy en cuenta la forma y la gradualidad) y se
complemente con políticas pertinentes a cada país y cada situación. El comercio
facilita el progreso tecnológico y la difusión mundial de la innovación. Estas
fuerzas económicas profundas son la principal fuente de ganancias de
productividad a largo plazo, necesaria para alcanzar mayores niveles de ingreso
per cápita.
Se
debe impulsar el apoyo a la pequeña y mediana empresa (pyme) exportadora, por
lo que se requiere elaborar programas de apoyo productivo de largo plazo con
una mayor continuidad institucional, propone el estudio. Se necesita llevar a
cabo procesos de aprendizaje institucionales vinculados a evaluaciones
permanentes de las acciones apoyadas. El fortalecimiento institucional debe
acompañarse de un incremento progresivo de los recursos financieros y las
capacidades humanas para llevar adelante dichas políticas de fomento. La disponibilidad de recursos humanos calificados
tiene doble importancia para estas empresas: permite mejorar los procesos
productivos existentes e incrementar la productividad y representa un mecanismo
de difusión del conocimiento y de la innovación. Se requiere que el Estado
asuma un papel más relevante en el suministro de servicios de formación
profesional, en forma articulada con los agentes económicos.
Las
cadenas de valor se pueden promover mediante las alianzas público-privadas que
fomentan la inversión entrante y saliente del país, tanto fomentar la IED en el
país como la inversión de empresas nacionales en el exterior, establece el
estudio. Las inversiones en el exterior siguen el propio ciclo de
internacionalización de las empresas, una vez que estas han incursionado con
algún grado de éxito en los mercados internacionales. Al exportar bienes y
servicios en forma exitosa, se comprueba rápidamente que el retorno de los
diversos elementos de la cadena de valor vinculados a un producto determinado
(producción, logística, transporte, distribución y comercialización) varía en
función de la intensidad de conocimientos que caracteriza a cada segmento de
esa cadena. Por lo tanto, la evolución natural de las actividades exportadoras,
sobre todo de aquellas de uso intensivo de recursos naturales, es aumentar
directa o indirectamente la presencia relativa en las cadenas de valor por
medio de alianzas con importadores y distribuidores en los mercados de destino.
En
Morelos, es necesario articular los organismos encargados de negociar los
compromisos comerciales internacionales, los entes de promoción y diversificación
de las exportaciones, de atracción de inversión extranjera directa, de
innovación y difusión tecnológica, de fomento productivo y empresarial, y de
capacitación y formación de recursos humanos, incluidas la educación media y
universitaria. Las políticas y los programas deberían funcionar en torno a
planes compartidos en los que se hayan expresado los distintos intereses locales
con responsabilidades bien definidas en materia de financiamiento, coordinación
y desempeño. Dichas políticas deben tener en cuenta el objetivo final de un
mayor nivel de desarrollo e igualdad, y retroalimentarse con las políticas
sociales.
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