publicado en La Jornada Morelos el 2 de septiembre de 2013
La reforma energética presentada por el
Ejecutivo Federal plantea cambios en los artículos 27 y 28 de nuestra
Constitución. Los aspectos clave son: permitir que el Estado suscriba contratos
de utilidad compartida (en principio, sin cesión de propiedad de las reservas)
con el sector privado en la exploración y producción de hidrocarburos; eliminar
el monopolio estatal en materia de hidrocarburos y electricidad; otorgar
permisos al sector privado para que participe en refinación, transporte,
almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus
derivados; permitir la venta de electricidad entre particulares y, finalmente, mantener
el control del Estado sobre la transmisión y distribución de electricidad y de
su venta al sector doméstico.
El
PAN presentó una propuesta de reforma energética, más bien de reforma de
hidrocarburos, que abre a la competencia todos los tramos de la industria bajo
el régimen de concesiones (con cesión de propiedad de reservas) en donde
participarían PEMEX (empresa pública con autonomía presupuestal y de gestión),
empresas privadas y empresas público-privadas. Sería necesario modificar los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El esquema fiscal planteado
corresponde a derecho de extracción más impuestos sobre la renta.
El PRD rechaza tajantemente cualquier
cambio constitucional. Presentó modificaciones a 12 Leyes y la creación de otra
que, sin transferir recursos de la Nación, o sus rentas, a particulares y sin
privatizar, busca que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad
fortalezcan su aporte al desarrollo nacional, para detonar la inversión, el
desarrollo industrial y la creación de empleo.
Todas
las propuestas aseguran que mantendrán la rectoría del Estado sobre los
hidrocarburos; favorecerán y alentarán el bienestar de las familias mexicanas
mejorando el acceso, la calidad y los precios de los bienes y servicios de
energía, públicos o privados, e impulsarán el crecimiento económico nacional al
garantizar el suministro suficiente, con calidad y a menores precios de los
energéticos. También que mejorarán a PEMEX y CFE, con el propósito de que su
presupuesto, operación financiera, gestión de recursos humanos y materiales,
pero sobretodo la planeación de su operación productiva se coloque en una
dimensión de mayor funcionalidad y eficiencia, con procesos de rendición de
cuentas transparentes, sin corrupción y un sistema de financiamiento sano y autosostenible.
Además, pretenden que PEMEX, como empresa pública, sea uno de los ejes contra
el cambio climático y promueva el desarrollo de proveedores nacionales.
Con
relación a las Energías Renovables, las propuestas plantean en general un
impulso decidido a su aprovechamiento; lo que queda en un vago enunciado, como
analizaremos en la próxima entrega.
La
propuesta del Ejecutivo ha sido definida, por miembros del PAN y de empresas
petroleras transnacionales, como tibia y que no atraerá los niveles de inversión
extranjera directa que ellos consideran son necesarios. También, ha sido
descrita, por actores de la izquierda mexicana como una iniciativa trunca,
incoherente, errada, falaz, corrupta y vergonzante que no se atreve a enunciar
su razón y su esencia verdaderas.
Es
indispensable analizar la eventual reforma energética en tres vertientes: la
política, la financiera y la técnica.
Desde
el punto de vista político, argumenta la mayoría de la izquierda mexicana que
la propuesta del Ejecutivo traiciona los planteamientos históricos de
salvaguardar a los hidrocarburos que pertenecen al pueblo mexicano de los
gobiernos y empresas extranjeros: debemos hoy seguir el ejemplo de Madero,
Carranza, Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. Sin embargo, existen temas fundamentales
por analizar: ¿por qué las izquierdas en países como España, Brasil o Francia
sí negocian con empresas transnacionales e incluso apoyan a sus empresas
nacionales a ser competitivas a nivel mundial?, ¿por qué la mayoría de la
izquierda mexicana asegura que no se tiene la capacidad técnica y no se puede
lograr la correcta voluntad política para aumentar la requerida producción de
hidrocarburos con convenios de utilidad compartida?, ¿por qué se acepta que los
gobiernos federal y estatales puedan realizar alianzas público – privadas para
mejorar la infraestructura en cualquier área excepto en el petróleo y la
electricidad? y ¿la abundancia de hidrocarburos que tenemos ha sido palanca,
ancla o irrelevante para el desarrollo social, económico y ambiental del país?
Desde
el punto de vista financiero, todas las propuestas consideran que mejorar a
PEMEX y CFE implica menores ingresos federales. El elemento crucial es cómo se
logrará la recuperación de este déficit para elaborar los programas de ingresos
y egresos de la federación. No hay propuestas concretas definitivas en las tres
alternativas. Algunas ideas son a través de las utilidades compartidas, del
aumento en IVA en alimentos y medicinas, del aumento del impuesto sobre la
renta a las empresas y personas con mayores ingresos o del incremento en los
costos de transacciones como herencias. Lo que sí es un hecho, es que ningún
actor político propone una disminución mayor a cinco puntos porcentuales en el
corto plazo, del 35 por ciento de los ingresos que ahora recibe la Secretaría
de Hacienda por venta de hidrocarburos. Tampoco las propuestas han explicitado
las reformas a las instituciones regulatorias mexicanas, que si ya era
indispensable fortalecer bajo las circunstancias actuales, serán claves para
vigilar y controlar la operación normal y en situaciones de siniestro de todas
las empresas.
Desde
el punto de vista técnico, es inevitable reconocer el magro apoyo que todos los
gobiernos federales y estatales han otorgado a la educación, la ciencia, tecnología
e innovación. Claro que no tenemos la capacidad para extraer eficientemente
petróleo y gas, convencionales o no, bajo ciertas circunstancias geográficas.
Sin embargo, si el gobierno establece compromisos de transferencia de
conocimiento en cada contrato que firme, en el mediano plazo se alcanzaría un
nivel de competencia mundial.
El
país que recibió el presidente Peña no muestra una relación directa entre la
producción de hidrocarburos, el consumo final de energía per cápita y el
desarrollo económico, social y ambiental. Algunas cifras aproximadas que
sustentan esta aseveración son, desde hace tres décadas: la producción de
hidrocarburos se ha mantenido en 8,500 Peta Joules (PJ) por año, con un claro
descenso en los últimos años; las exportaciones de energía se han mantenido en
4,000 PJ; las importaciones de energía se incrementaron de prácticamente cero a
1,900 PJ; el consumo final de energía per cápita se ha mantenido en sólo 0.045
PJ, por debajo de otras economías equivalentes; el país está en el lugar 14, si
está medido por su Producto Interno Bruto (PIB), pero si es por PIB per cápita
ya nos rebasaron Brasil, Argentina y, peor, el promedio mundial; si además,
incluimos no sólo la variable de generación de riqueza sino el estado de la
educación y la salud, con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), México se
encuentra en el lugar 61 del mundo; si evaluamos la desigualdad entre la
población, México tiene un índice de Gini de 47, donde cero sería igualdad
completa, lo que nos sitúa a media tabla mundial, y finalmente, emitimos más
CO2 de lo que prometimos. La conclusión es que tuvimos petróleo pero no se
aprovechó en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Sabemos que el “hubiera”
no existe pero algunos dicen que estaríamos peor sin él y otros dicen que el
ingenio y las capacidades de los mexicanos, sin corrupción y con transparencia,
sería suficiente.
El
Morelos que recibió Graco también tiene graves deficiencias, nos encontramos a
la mitad del listado de los estados en casi todas las variables económicas y
sociales. Dos datos reveladores, de acuerdo a la tendencia del IDH en 2013,
Morelos se encuentra un año arriba del promedio nacional y a 80 años de
alcanzar al DF. Con relación a nuestros municipios y medidos con el IDH, sólo
Cuernavaca está en la clasificación muy buena y Jiutepec, Tepoztlán, Zacatepec
y Cuautla están en buena; los demás están en mala y muy mala.
Considero
que todos estamos de acuerdo que si en México se siguiera haciendo lo mismo que
hasta ahora, entonces el escenario tendencial sería: violencia y corrupción en
aumento; inequidad social y de género sin mejorar; transparencia reducida;
economía informal mayor al 50 por ciento, y la mitad de la población en
pobreza; ingresos públicos ligados a la venta de hidrocarburos; economía
dependiente del exterior, en particular del consumo de Estados Unidos;
educación de baja calidad en general; ciencia y tecnología, siempre incipiente,
e innovación, sólo por adquisición de equipos y sistemas.
Para que México y Morelos avancen más
rápidamente, además de los esfuerzos planteados en los Planes de Desarrollo
Nacional y Estatal, es fundamental consensar qué queremos en el largo plazo y
cómo lo queremos alcanzar. Por ejemplo, la OCDE presentó, a finales del año
pasado, una visión del mundo al año 2060. Indican que en los próximos 50 años
se presentarán cambios enormes. En la participación de los países en el PIB
global, China sobrepasará a Europa en menos de un año y a los Estados Unidos en
unos cuantos más, para convertirse en la mayor economía del mundo, e India está
próxima a sobrepasar a Japón y lo hará con Europa en unos 20 años.
Desafortunadamente, los niveles de bienestar no aumentarán al nivel deseado
para las economías emergentes: el PIB per cápita expresado en porcentaje del de
Estados Unidos sólo pasaría, entre 2011 y 2060, de: en India, 8 a 30 por
ciento; China, 15 a 60; Argentina, 35 a 45; Brasil, 20 a 40, y en México, 30 a
50 por ciento. ¿Queremos estar así en 50 años?
Para
alcanzar un mejor estadío en nuestro desarrollo y con relación a una reforma
energética posible, por lo menos debemos hacer que la planeación energética se
enfoque a avanzar en el desarrollo sustentable y no ser considerada, como hasta
ahora, una sub-área de la economía. También, asegurar el acceso a la información
de los individuos, no sólo por motivos de derechos humanos, si no por
beneficios económicos y sociales, a través de la creación de un sistema de
Datos Gubernamentales Abiertos, como hemos planteado en esta columna.
En
brevísima conclusión, debemos reconocer que la mayoría de los mexicanos está
retrocediendo en la posibilidad de elegir su futuro y que disminuye su nivel y
calidad de vida. Para llevar a cabo una reforma energética que permita avanzar
en el camino del desarrollo social, económico y ambiental, no podemos sólo
mejorar marginalmente el funcionamiento de PEMEX y CFE, debemos romper la
tendencia con reformas estructurales apropiadas al momento actual, en
particular: garantizar legalmente la rectoría del Estado sobre los mercados y
reglamentar la actuación de las empresas; transparentar la gestión del gobierno
y tener acceso a la información para beneficio económico y social de los
individuos; establecer al conocimiento como meta social prioritaria; movernos
hacia organizaciones empresariales horizontales y flexibles, sin monopolios;
llevar a cabo una transición acelerada al uso eficiente de la energía y a las
energías renovables, y canalizar los excedentes por venta de hidrocarburos a
disminuir la desigualdad social y la pobreza, e impulsar la educación, la
ciencia, la tecnología y la innovación.
En
Morelos, aprovechemos la oportunidad creada por el análisis de una reforma
energética y redoblemos esfuerzos para avanzar en un desarrollo sustentable
viable, rompamos con la terrible tendencia.
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