publicado en La Jornada Morelos el 23 de marzo de 2015.
La Organización
de las Naciones Unidas plantea que la agenda para el desarrollo después de 2015
supondrá una profunda transformación para encaminarnos hacia el desarrollo
sustentable; lo que requiere un compromiso con enfoque universal que debe tener
en cuenta todos los grupos de ingreso de los distintos países, considerar la
sostenibilidad en todas las actividades y abordar las causas del cambio climático,
además de garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las acciones,
de conformidad con los estándares internacionales. (“El camino hacia la
dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el
planeta”. Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de
desarrollo sostenible después de 2015 (A/69/700), Nueva York, 2014).
También, han sido identificados 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable,
para ser alcanzados antes de 2030, por el Grupo de Trabajo Abierto de la
Asamblea General en 2014: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo; Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible; Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades; Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos; Lograr la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas; Garantizar la disponibilidad de
agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos; Garantizar el
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; Promover
el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos; Construir infraestructura resiliente, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; Reducir
la desigualdad en y entre los países; Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles; Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos; Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sustentable; Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques,
luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica; Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sustentable, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas
a todos los niveles; y Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo sustentable.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, y Antonio Prado, Secretario
Ejecutivo Adjunto, ambos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
coordinaron la elaboración del documento “Financiamiento para el desarrollo en
América Latina y el Caribe: un análisis estratégico desde la perspectiva de los
países de renta media” (LC/L.3968, Copyright © Naciones Unidas, marzo de 2015).
En éste, plantean la necesidad de un gran esfuerzo internacional, donde es
fundamental el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según
el cual los países deben asumir una mayor responsabilidad con respecto a su
propio desarrollo y tomar el timón de su propia agenda para el desarrollo.
También, identifican las herramientas requeridas en la implementación de una
agenda para el desarrollo después de 2015, con el apoyo de un entorno externo
favorable que corrija las asimetrías financieras, políticas y sociales del
actual orden internacional.
A medida que los flujos concesionarios y oficiales han disminuido, el
capital privado en todas sus formas y las remesas de los trabajadores, han
ganado protagonismo como fuentes de financiamiento y representan la mayor parte
de los flujos financieros hacia las economías emergentes, plantea el documento.
En América Latina, la inversión extranjera directa (IED) ha sido el componente
más importante de los flujos financieros, señala el documento: rondaron en
promedio los 6,200 millones de dólares en la década de 1980, los 37,000
millones de dólares en los años noventa y los 65,000 millones de dólares en la
década de 2000. En 2013, la IED alcanzó un máximo histórico de 155,000 millones
de dólares. En relación con el total, los flujos de inversión extranjera
directa pasaron de un 36 por ciento en los años ochenta a un 44 por ciento en
los noventa, y llegaron al 54 por ciento en la década de 2000. En 2013, la IED representó un 63 por ciento de
todos los flujos.
Adicionalmente, las remesas han aumentado significativamente en las últimas
décadas, representando el 16.4 por ciento del total en los años ochenta, el 19.6
por ciento en los noventa y el 34 por ciento en la década de 2000, identifica
el documento. En 2013 las remesas a los países de la región ascendieron a 63,000
millones de dólares (lo que equivale al 1.1 por ciento del PIB regional). Dada
la importancia de las remesas para el ingreso nacional, el principal desafío es
la canalización de esos recursos hacia actividades productivas, aunque las
remesas destinadas al consumo también contribuyen a mejorar el nivel de vida de
la población receptora. Para movilizar eficazmente los recursos procedentes de
remesas hacia objetivos de desarrollo también es necesario reducir el costo
medio de las transferencias, lo que exige más información, transparencia,
competencia y cooperación.
La movilización de más recursos externos debe ir acompañada de una
promoción de instrumentos y mecanismos nuevos e innovadores para financiar el
desarrollo social y productivo, propone el documento. Se considera que los
mecanismos de financiamiento innovadores complementan los flujos de recursos
internacionales (asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera
directa y remesas), movilizan recursos adicionales para el desarrollo y
permiten salvar algunas deficiencias del mercado y barreras institucionales.
El financiamiento innovador para el desarrollo abarca una gran
diversidad de mecanismos e instrumentos, algunos de los cuales ya se están
utilizando, mientras que otros todavía se encuentran en fase de planificación,
considera el documento. Este financiamiento se divide en cuatro grandes categorías:
i) los mecanismos que generan nuevos flujos de ingresos públicos, como los
impuestos globales y las asignaciones de derechos especiales; ii) los
instrumentos basados en la deuda y el adelanto de recursos, como los canjes de
deuda y los servicios financieros internacionales; iii) los incentivos público-privados,
las garantías y los seguros, como los compromisos anticipados de mercado y los
fondos de seguros soberanos; y iv) las contribuciones voluntarias por canales públicos
o público-privados, como las donaciones entre personas.
En Morelos, debemos definir una arquitectura del
financiamiento para el desarrollo que pueda movilizar una gran cantidad de
recursos y cambiar la manera en que se obtienen, organizan y asignan. Los
recursos privados y públicos deben combinarse para lograr el apalancamiento
necesario para maximizar el impacto del financiamiento para el desarrollo. Los
flujos privados están motivados principalmente por el beneficio económico, más
que por preocupaciones relativas al desarrollo. Así, el sector público desempeña
un papel cada vez más relevante en la inclusión de criterios de rentabilidad
social en el análisis costo-beneficio, al crear un entorno favorable y los
incentivos adecuados para que el capital privado se dirija hacia los objetivos
de desarrollo.
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