Trabajo, familia y equidad.

publicado en la Jornada Morelos el 16 de marzo de 2015

La Organización Internacional del Trabajo planteó que América Latina experimenta una “revolución silenciosa” en la intersección entre trabajo y familia. Siete de cada 10 mujeres en edad reproductiva forman parte de la fuerza laboral y crecientemente habitan en hogares liderados por mujeres, muchos de estos monoparentales. Simultáneamente, los cuidados continúan siendo una responsabilidad de las mujeres. Así, las tensiones en las relaciones de género resultantes de esta combinación entre transformaciones y continuidades laborales y familiares tienen como telón de fondo una profunda desigualdad socioeconómica. ¿En qué medida los gobiernos han abordado estas tensiones y con qué implicaciones para la desigualdad?

Merike Blofield, profesora asociada de la Universidad de Miami, y Juliana Martínez F., profesora asociada de la Universidad de Costa Rica, escribieron el artículo “Trabajo, familia y cambios en la política pública en América Latina: equidad, maternalismo y corresponsabilidad”  (Revista CEPAL 114, Diciembre 2014). En este artículo caracterizan las políticas adoptadas para conciliar la vida familiar y laboral entre 2003 y 2013, así como las implicaciones del diseño de estas medidas para la equidad socioeconómica y de género, teniendo como telón de fondo el aumento sustantivo de la participación laboral femenina en toda la región latinoamericana.

El universo de políticas públicas que, por acción u omisión, intervienen en la relación entre vida familiar y laboral es amplio e incluye desde medidas de planificación urbana y de transporte público, hasta medidas propiamente sociales relacionadas con las licencias y los cuidados, señalan las autoras. Existen tres tipos de intervención que permiten conciliar vida familiar y laboral en tanto reasignan tiempo, ingresos y servicios, respectivamente, ya sea de manera positiva o negativa para la igualdad socioeconómica y de género. Lo que estas medidas permiten concretamente es alternar tiempos laborales y tiempos destinados a los cuidados dentro de la familia, transferir los cuidados de las familias a servicios con alguna participación del Estado, y regular la contratación privada de servicios de cuidados por parte de las familias. Esta intervención del Estado es de índole secuencial, “desfamiliarista” y regulatoria, respectivamente, y se expresa en medidas no siempre concebidas desde un principio para abordar las tensiones entre responsabilidades laborales y familiares, como es el caso de los servicios para la niñez en edad preescolar. Además, cada uno de estos tres tipos de medidas puede abordarse tanto desde la política laboral como desde la política social.

Durante los últimos 10 años, en América Latina se han logrado revertir ligeramente las desigualdades socioeconómicas, indican las autoras. Sin embargo, a fines de la década de 2000, la brecha entre la participación laboral de las mujeres pobres y no pobres era similar a la brecha existente a inicios de la década. Dado que las desigualdades socioeconómicas y de género están estrechamente vinculadas, abordar el nexo trabajo-familia desde la política pública es una condición necesaria para reducir cualquier tipo de desigualdad. Asimismo, no cualquier tipo de política promueve simultáneamente equidad socioeconómica y de género. Para analizar si ha habido avances y de qué tipo, se discuten los cambios en materia de licencias basadas en el empleo, de servicios de cuidado y de protección laboral de las trabajadoras domésticas como indicadoras de políticas secuenciales, desfamiliaristas y regulatorias, respectivamente.

El análisis comparativo permite conocer el tipo de transformación promovido, apuntan las autoras. En varios países de América Latina, las medidas adoptadas han procurado extender las licencias maternales a los grupos más vulnerables de trabajadoras, ampliar la expectativa de servicios de cuidado en la primera infancia como un derecho propio de niños y niñas, y regular el trabajo doméstico remunerado. Se trata pues de medidas extremadamente relevantes para las mujeres de menores ingresos y, por lo tanto, positivas desde el punto de vista de que la política pública promueva una mayor equidad socioeconómica.

Comenzando por el trabajo doméstico, su mayor protección indica una mayor corresponsabilidad estatal en la conciliación entre vida familiar y laboral mediante su intervención en las condiciones de mercantilización de los cuidados que tienen lugar de manera remunerada en los hogares, plantean las autoras. A la vez, en el largo plazo, respecto de las familias que contratan este trabajo, estas medidas podrían crear condiciones para que desde el Estado se diseñen mejores medidas secuenciales y desfamiliaristas.

En materia de servicios de cuidado de la primera infancia, cuando promueven la jornada completa, estos servicios han extendido la corresponsabilidad estatal en la conciliación entre vida familiar y laboral, según las autoras. Es destacable que, en los países estudiados, la obligación de los empleadores de brindar servicios de cuidado se mantenga sin cambios.

Finalmente, las reformas de las licencias basadas en el empleo han sido heterogéneas, consideran las autoras. En todos los países los gobiernos han adoptado medidas favorables a una mayor equidad socioeconómica, en algunos se han dado pasos hacia la corresponsabilidad paterna mediante la extensión de las licencias paternales y la creación de las licencias parentales.

Las autoras concluyen que este análisis, enfocado en caracterizar cambios y continuidades con una perspectiva comparada, deja planteadas tres tipos de preguntas relacionadas: primero, con la efectividad en la implementación de las medidas adoptadas; segundo, con la capacidad que estas medidas tengan a mediano y largo plazos para alterar la desigualdad inicial en materia de cuidados y de conciliación entre vida familiar y laboral; y tercero, con los determinantes sociales y políticos que dan cuentan de las variaciones entre países y políticas.

En Morelos, dadas las interacciones entre desigualdades socioeconómicas y de género, debemos evitar subsumir una en la otra y más bien examinar sus interacciones a través de distintas iniciativas de políticas públicas. Identifiquemos si, en materia de equidad de género, las medidas promueven un piso de maternidad, maternalismo o corresponsabilidad, y en materia de desigualdad socioeconómica, la protección se extiende más allá del trabajo asalariado y los mecanismos contributivos para alcanzar el autoempleo y el trabajo temporal.