Evaluar el aprendizaje estudiantil.

publicado en La Jornada Morelos el 6 de abril de 2015

La implantación de prácticas y políticas educativas está muy vinculada a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, ya que ésta permite monitorear avances y logros, mejorar la enseñanza en el aula, perfeccionar las políticas y evaluar la efectividad de programas, entre muchos otros objetivos. Para que la evaluación logre sus propósitos, es esencial hacer una adecuada elección de los instrumentos de evaluación que serán utilizados. En este contexto, docentes, implementadores de política, investigadores y personal de los ministerios de educación se ven frecuentemente enfrentados a la necesidad de seleccionar dichos instrumentos, sin necesariamente tener mayores conocimientos sobre el tema.

Catalina Covacevich, División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicó “Cómo seleccionar un instrumento para evaluar aprendizajes estudiantiles” (Nota Técnica del BID ; 738. Copyright © 2014 BID). La presente nota está dirigida a todos aquellos docentes, políticos, diseñadores e implementadores de programas educativos que se ven enfrentados a la necesidad de escoger un instrumento de evaluación de aprendizajes.

            Algunas de las preguntas que surgen frecuentemente durante el proceso de elección de un instrumento, de acuerdo a la nota, son: ¿Para qué queremos evaluar? ¿El instrumento se ajusta a mis necesidades? ¿Qué mide el instrumento? ¿Qué tan útil es este instrumento comparado con otros y en términos de costo y de ahorro de tiempo? ¿Los puntajes son consistentes? ¿Es fácil de administrar? ¿Tiene sesgos culturales o de género? Una última pregunta muy relevante es si la prueba necesaria está disponible comercialmente o será necesario desarrollar una nueva.

            La nota plantea seis elementos fundamentales a considerar: primero, Coherencia entre el objetivo de evaluación y el instrumento escogido, que trata sobre la importancia de que el instrumento seleccionado sea coherente con el objetivo de la evaluación, describe los diversos propósitos evaluativos que existen e identifica las características del instrumento que es necesario contrastar con el objetivo que se tiene en mente; Segundo, Calidad de los instrumentos, que versa sobre la importancia de la calidad técnica de los instrumentos y que describe las dos principales características técnicas que es necesario tener presentes: la confiabilidad y la validez; tercero, Consideraciones prácticas, que considera temas prácticos importantes de tener en cuenta, tales como el costo del instrumento, que su longitud sea adecuada y fácil de administrar y puntuar; cuarto, Tipos de instrumentos, que presenta diferentes maneras de clasificar los instrumentos de evaluación de aprendizajes, describiendo los distintos tipos de instrumentos que existen según cada clasificación; quinto, Consideraciones éticas y justicia de los instrumentos, que discute una serie de elementos relativos a la ética, el sesgo y la justicia de los instrumentos de evaluación de aprendizajes y cómo estos se relacionan con la validez; y sexto, Crear un instrumento o utilizar uno ya existente, que es sobre determinar si ya existe un instrumento que sea adecuado a la situación evaluativa, o es más conveniente diseñar un instrumento nuevo, y analiza los pros y contras de ambas situaciones.

            Escoger el instrumento de evaluación más adecuado para el propósito evaluativo que se tenga no es una tarea fácil, identifica la nota. Convergen una serie de consideraciones técnicas, éticas, prácticas, y en ocasiones políticas, que además pueden señalar en diferentes direcciones. Probablemente se tendrán que hacer compromisos, y no existirá un instrumento ideal, pero es esencial tomar una decisión informada y tener claros los riesgos que se están corriendo.

            La principal consideración a tener en cuenta es que el instrumento escogido debe ser coherente con el objetivo de evaluación que se tiene, propone la nota. Esto puede parecer evidente, pero en muchos casos las personas se ven tentadas a escoger un instrumento por otros motivos, tales como porque está a mano, lo han usado antes, lo saben usar, o un grupo de referencia importante lo utiliza. También existen presiones políticas para utilizar ciertos instrumentos o tipos de instrumentos.

            Una gran dificultad es que no hay una solución única aplicable a todas las situaciones, ni un checklist de elementos que se puedan revisar rápidamente cada vez que se analiza un instrumento, considera la nota. Cada objetivo evaluativo requiere que se haga un análisis detallado para ver si el instrumento es adecuado para ese contexto particular, considerando si el instrumento efectivamente mide lo que el objetivo de evaluación busca, si la población para la que fue diseñado el instrumento es equivalente a la población a la que se desea evaluar, y también tomando en cuenta los recursos que hay disponibles. Incluso la calidad de los instrumentos no es algo independiente del contexto, ya que las definiciones más recientes de validez no la entienden como la validez del instrumento ni de sus puntajes, sino la de la interpretación de los resultados de la prueba para determinados usos, en determinados contextos, y además la validez y confiabilidad se juegan también en la aplicación de los instrumentos, no solo en su diseño.

En Morelos, debemos repensar si los instrumentos disponibles para evaluar el aprendizaje de los alumnos cumplen o no con los requisitos que permitan justificar su uso. En caso negativo, será necesario diseñar nuevos; lo que puede ser una gran oportunidad para desarrollar aquellos que se ajusten perfectamente a las necesidades del objetivo evaluativo. También, se requerirá una inversión importante y contar con personas especializadas que lo puedan desarrollar.

Índice Nacional de Calidad del Aire.

publicado en La Jornada Morelos el 30 de marzo de 2015

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el informe “Salud en las Américas 2012“ ubica a la contaminación del aire entre los asuntos ambientales prioritarios de la región. Asimismo, el estudio global publicado por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (Institute for Health Metrics and Evaluation), en el año 2010, ubica a la contaminación del aire como la séptima causa de muerte en el mundo con aproximadamente 3.2 millones de decesos. En América Latina y el Caribe se ubica como la onceava causa de muerte (más de 45 mil decesos), mientras que para México representa la novena causa de muerte con más de 20 mil decesos. Recientemente, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (International Agency for Research on Cancer) clasificó como cancerígena a la contaminación atmosférica presente en las ciudades urbanas del mundo.

            La identificación de índices precisos, confiables y validados es el mejor instrumento para definir y evaluar las características y parámetros con que se analiza una situación problemática y, también, para dar seguimiento a la política pública que mejorará dicha situación.

            El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) publicaron el documento “Elaboración de una propuesta de Índice Nacional de Calidad del Aire” (D.R. © Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, febrero 2015). Se trata del Informe Final  de la Propuesta de Norma Oficial Mexicana y Manifestación de Impacto Regulatorio para el establecimiento del “RESPIRA, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud”. Su objetivo es

establecer los lineamientos para la obtención y uso de un Índice Nacional de Calidad del Aire que permita informar a la población de manera clara, oportuna y continua, sobre los niveles de contaminación atmosférica, los probables daños a la salud que ocasiona y las medidas de protección que puede tomar.

El documento señala que los efectos en salud provocados por la exposición a contaminantes del aire se encuentran plenamente documentados en la literatura científica internacional, cubriendo una amplia gama de causas como el asma, bronquitis, enfermedades cardiacas, reducciones en la capacidad pulmonar, efectos cardiovasculares, cerebro-vasculares, reproductivos, neurológicos, efectos en el desarrollo, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana, mortalidad infantil, siendo la población infantil y mayores de 65 años los grupos de población más vulnerables.

Los rubros de este Índice Nacional de Calidad del Aire, se desarrollan y explican siguiendo las estructura siguiente: Gestión del índice nacional de calidad del aire; Algoritmo de cálculo del índice; y Comunicación asociada a un índice nacional de calidad del aire. Además, como productos específicos, se presenta el fundamento jurídico de la Norma Oficial Mexicana, la propuesta de la norma, el análisis de la Manifestación de Impacto Regulatorio, y el formato de solicitud de exención del Manifiesto.

Los lineamientos planteados en el documento son: 1. Establecer un mecanismo de comunicación efectivo para divulgar el estado de la calidad del aire de un lugar y tiempo determinado, y su nivel de riesgo para la salud de la población. Descripción detallada de las ventajas y desventajas asociadas al uso del Índice propuesto o descripción detallada de las similitudes y diferencias con respecto a los índices de calidad del aire existentes, tanto a nivel nacional como internacional; 2. Definir un algoritmo de cálculo del Índice a partir de las concentraciones ambientales registradas por los sistemas de monitoreo de calidad del aire del país; y 3. Describir de forma detallada los diferentes valores o rangos de valores que podrá tomar el índice, su interpretación cualitativa de la calidad del aire, su equivalencia en términos de concentración ambiental para cada contaminante, los probables efectos a la salud de la población, y recomendaciones específicas para reducir el nivel de riesgo, tanto de la población en general como de grupos vulnerables.

La implementación de este Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud implica, según el documento, contrarrestar una serie de dificultades asociadas a la gestión histórica de la calidad del aire en México y que comprenden desde la suficiencia presupuestaria, la obligatoriedad de los gobiernos locales de garantizar una calidad de aire satisfactoria y que la población tenga plena conciencia de la importancia de conocer la situación de la calidad del aire en su localidad y participe de forma activa.

En Morelos, debemos asumir el reto de implantar este Índice, que conlleva la necesidad de revisar la normatividad y los límites permisibles para ciertos contaminantes. Las políticas públicas actuales deben orientarse a vigilar calidad del aire para mejorar la salud de la población.

Financiamiento innovador para el desarrollo.

publicado en La Jornada Morelos el 23 de marzo de 2015.

La Organización de las Naciones Unidas plantea que la agenda para el desarrollo después de 2015 supondrá una profunda transformación para encaminarnos hacia el desarrollo sustentable; lo que requiere un compromiso con enfoque universal que debe tener en cuenta todos los grupos de ingreso de los distintos países, considerar la sostenibilidad en todas las actividades y abordar las causas del cambio climático, además de garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las acciones, de conformidad con los estándares internacionales. (“El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta”. Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015 (A/69/700), Nueva York, 2014).

También, han sido identificados 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, para ser alcanzados antes de 2030, por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General en 2014: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas; Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos; Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; Promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; Reducir la desigualdad en y entre los países; Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sustentable; Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica; Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sustentable, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; y Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sustentable.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, y Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto, ambos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), coordinaron la elaboración del documento “Financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe: un análisis estratégico desde la perspectiva de los países de renta media” (LC/L.3968, Copyright © Naciones Unidas, marzo de 2015). En éste, plantean la necesidad de un gran esfuerzo internacional, donde es fundamental el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, según el cual los países deben asumir una mayor responsabilidad con respecto a su propio desarrollo y tomar el timón de su propia agenda para el desarrollo. También, identifican las herramientas requeridas en la implementación de una agenda para el desarrollo después de 2015, con el apoyo de un entorno externo favorable que corrija las asimetrías financieras, políticas y sociales del actual orden internacional.

A medida que los flujos concesionarios y oficiales han disminuido, el capital privado en todas sus formas y las remesas de los trabajadores, han ganado protagonismo como fuentes de financiamiento y representan la mayor parte de los flujos financieros hacia las economías emergentes, plantea el documento. En América Latina, la inversión extranjera directa (IED) ha sido el componente más importante de los flujos financieros, señala el documento: rondaron en promedio los 6,200 millones de dólares en la década de 1980, los 37,000 millones de dólares en los años noventa y los 65,000 millones de dólares en la década de 2000. En 2013, la IED alcanzó un máximo histórico de 155,000 millones de dólares. En relación con el total, los flujos de inversión extranjera directa pasaron de un 36 por ciento en los años ochenta a un 44 por ciento en los noventa, y llegaron al 54 por ciento en la década de 2000.  En 2013, la IED representó un 63 por ciento de todos los flujos.

Adicionalmente, las remesas han aumentado significativamente en las últimas décadas, representando el 16.4 por ciento del total en los años ochenta, el 19.6 por ciento en los noventa y el 34 por ciento en la década de 2000, identifica el documento. En 2013 las remesas a los países de la región ascendieron a 63,000 millones de dólares (lo que equivale al 1.1 por ciento del PIB regional). Dada la importancia de las remesas para el ingreso nacional, el principal desafío es la canalización de esos recursos hacia actividades productivas, aunque las remesas destinadas al consumo también contribuyen a mejorar el nivel de vida de la población receptora. Para movilizar eficazmente los recursos procedentes de remesas hacia objetivos de desarrollo también es necesario reducir el costo medio de las transferencias, lo que exige más información, transparencia, competencia y cooperación.

La movilización de más recursos externos debe ir acompañada de una promoción de instrumentos y mecanismos nuevos e innovadores para financiar el desarrollo social y productivo, propone el documento. Se considera que los mecanismos de financiamiento innovadores complementan los flujos de recursos internacionales (asistencia oficial para el desarrollo, inversión extranjera directa y remesas), movilizan recursos adicionales para el desarrollo y permiten salvar algunas deficiencias del mercado y barreras institucionales.

El financiamiento innovador para el desarrollo abarca una gran diversidad de mecanismos e instrumentos, algunos de los cuales ya se están utilizando, mientras que otros todavía se encuentran en fase de planificación, considera el documento. Este financiamiento se divide en cuatro grandes categorías: i) los mecanismos que generan nuevos flujos de ingresos públicos, como los impuestos globales y las asignaciones de derechos especiales; ii) los instrumentos basados en la deuda y el adelanto de recursos, como los canjes de deuda y los servicios financieros internacionales; iii) los incentivos público-privados, las garantías y los seguros, como los compromisos anticipados de mercado y los fondos de seguros soberanos; y iv) las contribuciones voluntarias por canales públicos o público-privados, como las donaciones entre personas.

En Morelos, debemos definir una arquitectura del financiamiento para el desarrollo que pueda movilizar una gran cantidad de recursos y cambiar la manera en que se obtienen, organizan y asignan. Los recursos privados y públicos deben combinarse para lograr el apalancamiento necesario para maximizar el impacto del financiamiento para el desarrollo. Los flujos privados están motivados principalmente por el beneficio económico, más que por preocupaciones relativas al desarrollo. Así, el sector público desempeña un papel cada vez más relevante en la inclusión de criterios de rentabilidad social en el análisis costo-beneficio, al crear un entorno favorable y los incentivos adecuados para que el capital privado se dirija hacia los objetivos de desarrollo.

Trabajo, familia y equidad.

publicado en la Jornada Morelos el 16 de marzo de 2015

La Organización Internacional del Trabajo planteó que América Latina experimenta una “revolución silenciosa” en la intersección entre trabajo y familia. Siete de cada 10 mujeres en edad reproductiva forman parte de la fuerza laboral y crecientemente habitan en hogares liderados por mujeres, muchos de estos monoparentales. Simultáneamente, los cuidados continúan siendo una responsabilidad de las mujeres. Así, las tensiones en las relaciones de género resultantes de esta combinación entre transformaciones y continuidades laborales y familiares tienen como telón de fondo una profunda desigualdad socioeconómica. ¿En qué medida los gobiernos han abordado estas tensiones y con qué implicaciones para la desigualdad?

Merike Blofield, profesora asociada de la Universidad de Miami, y Juliana Martínez F., profesora asociada de la Universidad de Costa Rica, escribieron el artículo “Trabajo, familia y cambios en la política pública en América Latina: equidad, maternalismo y corresponsabilidad”  (Revista CEPAL 114, Diciembre 2014). En este artículo caracterizan las políticas adoptadas para conciliar la vida familiar y laboral entre 2003 y 2013, así como las implicaciones del diseño de estas medidas para la equidad socioeconómica y de género, teniendo como telón de fondo el aumento sustantivo de la participación laboral femenina en toda la región latinoamericana.

El universo de políticas públicas que, por acción u omisión, intervienen en la relación entre vida familiar y laboral es amplio e incluye desde medidas de planificación urbana y de transporte público, hasta medidas propiamente sociales relacionadas con las licencias y los cuidados, señalan las autoras. Existen tres tipos de intervención que permiten conciliar vida familiar y laboral en tanto reasignan tiempo, ingresos y servicios, respectivamente, ya sea de manera positiva o negativa para la igualdad socioeconómica y de género. Lo que estas medidas permiten concretamente es alternar tiempos laborales y tiempos destinados a los cuidados dentro de la familia, transferir los cuidados de las familias a servicios con alguna participación del Estado, y regular la contratación privada de servicios de cuidados por parte de las familias. Esta intervención del Estado es de índole secuencial, “desfamiliarista” y regulatoria, respectivamente, y se expresa en medidas no siempre concebidas desde un principio para abordar las tensiones entre responsabilidades laborales y familiares, como es el caso de los servicios para la niñez en edad preescolar. Además, cada uno de estos tres tipos de medidas puede abordarse tanto desde la política laboral como desde la política social.

Durante los últimos 10 años, en América Latina se han logrado revertir ligeramente las desigualdades socioeconómicas, indican las autoras. Sin embargo, a fines de la década de 2000, la brecha entre la participación laboral de las mujeres pobres y no pobres era similar a la brecha existente a inicios de la década. Dado que las desigualdades socioeconómicas y de género están estrechamente vinculadas, abordar el nexo trabajo-familia desde la política pública es una condición necesaria para reducir cualquier tipo de desigualdad. Asimismo, no cualquier tipo de política promueve simultáneamente equidad socioeconómica y de género. Para analizar si ha habido avances y de qué tipo, se discuten los cambios en materia de licencias basadas en el empleo, de servicios de cuidado y de protección laboral de las trabajadoras domésticas como indicadoras de políticas secuenciales, desfamiliaristas y regulatorias, respectivamente.

El análisis comparativo permite conocer el tipo de transformación promovido, apuntan las autoras. En varios países de América Latina, las medidas adoptadas han procurado extender las licencias maternales a los grupos más vulnerables de trabajadoras, ampliar la expectativa de servicios de cuidado en la primera infancia como un derecho propio de niños y niñas, y regular el trabajo doméstico remunerado. Se trata pues de medidas extremadamente relevantes para las mujeres de menores ingresos y, por lo tanto, positivas desde el punto de vista de que la política pública promueva una mayor equidad socioeconómica.

Comenzando por el trabajo doméstico, su mayor protección indica una mayor corresponsabilidad estatal en la conciliación entre vida familiar y laboral mediante su intervención en las condiciones de mercantilización de los cuidados que tienen lugar de manera remunerada en los hogares, plantean las autoras. A la vez, en el largo plazo, respecto de las familias que contratan este trabajo, estas medidas podrían crear condiciones para que desde el Estado se diseñen mejores medidas secuenciales y desfamiliaristas.

En materia de servicios de cuidado de la primera infancia, cuando promueven la jornada completa, estos servicios han extendido la corresponsabilidad estatal en la conciliación entre vida familiar y laboral, según las autoras. Es destacable que, en los países estudiados, la obligación de los empleadores de brindar servicios de cuidado se mantenga sin cambios.

Finalmente, las reformas de las licencias basadas en el empleo han sido heterogéneas, consideran las autoras. En todos los países los gobiernos han adoptado medidas favorables a una mayor equidad socioeconómica, en algunos se han dado pasos hacia la corresponsabilidad paterna mediante la extensión de las licencias paternales y la creación de las licencias parentales.

Las autoras concluyen que este análisis, enfocado en caracterizar cambios y continuidades con una perspectiva comparada, deja planteadas tres tipos de preguntas relacionadas: primero, con la efectividad en la implementación de las medidas adoptadas; segundo, con la capacidad que estas medidas tengan a mediano y largo plazos para alterar la desigualdad inicial en materia de cuidados y de conciliación entre vida familiar y laboral; y tercero, con los determinantes sociales y políticos que dan cuentan de las variaciones entre países y políticas.

En Morelos, dadas las interacciones entre desigualdades socioeconómicas y de género, debemos evitar subsumir una en la otra y más bien examinar sus interacciones a través de distintas iniciativas de políticas públicas. Identifiquemos si, en materia de equidad de género, las medidas promueven un piso de maternidad, maternalismo o corresponsabilidad, y en materia de desigualdad socioeconómica, la protección se extiende más allá del trabajo asalariado y los mecanismos contributivos para alcanzar el autoempleo y el trabajo temporal.

Educación física de calidad.

--> publicado en la Jornada Morelos el 9 de febrero de 2015.
 

El deporte y la educación física son esenciales para formar a la juventud, lograr una vida sana, construir sociedades resistentes y luchar contra la violencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) asevera que la inversión pública en educación física es ampliamente recuperada por los grandes ahorros que genera en el sector salud y por la consecución de objetivos educativos. La participación en la educación física de calidad ha demostrado poder inculcar una actitud positiva hacia la actividad física, disminuir las posibilidades de que los jóvenes se involucren en comportamientos de riesgo y tener un impacto positivo en el rendimiento académico, ofreciendo una plataforma más amplia para la inclusión social.

            La UNESCO publicó el documento “Educación Física de Calidad: Guía para los responsables políticos” (© UNESCO 2015. ISBN 978-92-3-300012-4), en colaboración con la Comisión Europea, el Consejo Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física (ICSSPE), el Comité Olímpico Internacional (COI), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), la Oficina de Naciones Unidas de Deporte para el Desarrollo y la Paz (UNOSDP) y la Organización Mundial para la Salud (OMS). Quiere ser una fuente de información para impartir una educación física de calidad (EFC) a todas las edades; en particular, desde la educación infantil hasta la secundaria. En este sentido, la Guía representa un marco de apoyo a los responsables políticos para rediseñar la política de educación física y acelerar el desarrollo de varias dimensiones del capital humano de una manera única e integral.

La oferta de educación física está disminuyendo en todas las regiones del mundo, según el documento. También, la OMS ha calificado de pandemia los crecientes niveles de sedentarismo, así como el sustancial riesgo de enfermedades asociado. Los recortes en la prestación de la educación física sólo conseguirán incrementar este problema de forma exponencial.

Plantea el documento porqué se debe invertir en educación física de calidad: es la única asignatura curricular cuyo enfoque combina la competencia corporal y física con la comunicación y el aprendizaje basado en valores y representa un portal de aprendizaje para desarrollar las aptitudes necesarias para tener éxito; su práctica regular puede mejorar la capacidad de atención del niño, mejorar su control cognitivo y acelerar su procesamiento cognitivo; es una plataforma de inclusión más amplia en la sociedad, especialmente en términos de desafío al estigma y superación de estereotipos; y es el punto de entrada hacia la práctica de una actividad física durante toda la vida. Así mismo, en todo el mundo, muchas de las principales causas de mortalidad están relacionadas con enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas al sedentarismo, como la obesidad, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. De hecho, se puede decir que el sedentarismo es el responsable de entre el 6 y el 10 por ciento de todas las muertes causadas por ENT.

La política y la práctica de la EFC deben estar centradas en metodologías inclusivas, cuya focalización puede ser garantizada, establece el documento, siempre que: la educación física debe ser obligatoria para los niños y niñas, así como para los jóvenes con discapacidad y debe impartirse en condiciones de igualdad en cuanto a cantidad, calidad y contenido; los currículos deben ser flexibles y adaptables para permitir la inclusión de los alumnos con discapacidad, las niñas y los alumnos de grupos minoritarios; la revisión de las actuales políticas y prácticas debe tener en cuenta los problemas relacionados con una inadecuada disposición de infraestructuras adecuadas e instalaciones, equipos y material didáctico y de aprendizaje adaptados a los alumnos discapacitados; se deben llevar acabo iniciativas para apoyar y fomentar la participación de las niñas en la educación física, haciendo frente a obstáculos como las opciones vestimentarias, las disposiciones religiosas y culturales, el desaliento parental, la falta de instalaciones adecuadas para cambiarse, el costo del material, la imagen del cuerpo y la imagen del deporte o de la educación física; los profesores y asistentes de apoyo deben estar profesionalmente calificados y ser capaces de integrar con éxito a los alumnos con discapacidad y cuando sea necesario, disponer de desarrollo profesional de apoyo en ese ámbito; y el establecimiento de redes de profesor-mentor debe proporcionar una oportunidad óptima para desarrollar las aptitudes, conocimientos y competencias del profesorado en el ámbito de la inclusión.

Para fortalecer la política y la práctica, el documento considera que: las estrategias nacionales de educación física deben estar presentes tanto en la educación elemental como en la primaria y la secundaria, y deben abordar las brechas significativas entre la retórica política y la aplicación real para garantizar que se está aplicando consistentemente la legislación sobre la prestación de la educación física; las estrategias nacionales de educación física deben recomendar una asignación de tiempo en el currículo, y los responsables de la prestación de la EFC deben rendir cuentas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones en términos de horas lectivas destinadas a la educación física; las estrategias nacionales deben asegurar que los directores de escuela, padres y otras partes interesadas relacionadas son conscientes de los beneficios de la educación física, y los requisitos del currículo deben reclamar un tiempo suficiente para la prestación con el fin de alcanzar esos objetivos; las estrategias nacionales y el presupuesto asociado a éstas deben promover la coordinación escuela-comunidad y los itinerarios relacionados hacia la participación en la actividad física y afrontar los actuales problemas de comunicación entre diferentes organismos; y revisar la pertinencia y calidad de los currículos de educación física, especialmente allí donde exista una predisposición sostenida hacia la competición deportiva y las actividades relacionadas con el rendimiento; desarrollar sistemas y mecanismos de seguimiento y garantía de la calidad para promover la obligación de rendir cuentas y las buenas prácticas en el marco de la formulación e implementación de políticas de EFC.

En Morelos, debemos definir la naturaleza y el alcance de la educación física de calidad, en el contexto de las estrategias requeridas para adoptar la formulación y el desarrollo de currículos inclusivos y equitativos, que proporcionen experiencias personalmente significativas y social y culturalmente pertinentes, y que atraigan a los jóvenes a la alegría y al placer de la actividad física con el fin de fomentar un estilo de comportamiento activo y saludable a lo largo de toda la vida.

Pedagogía prenatal y desarrollo individual.

publicado en La Jornada Morelos el 9 de marzo de 2015

El periodo prenatal es fundamental en el desarrollo futuro de cada ser humano. Es aquí donde las bases de su salud, de su afectividad, de su equilibrio, de sus capacidades de relación, de su inteligencia, y de su creatividad se construyen por medio de los materiales físicos y psicológicos aportados por su madre o del entorno mediados por ella. Además, la madre, con sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de vivir, sus estados interiores, puede, intencionalmente, educar al niño antes de su nacimiento, y promover el despertar de todas sus capacidades latentes y en incipiente desarrollo. Por lo tanto, educar a los futuros padres es un imperativo didáctico urgente.

Manuel Hurtado Fernández, Asociación Nacional de Educación Prenatal, Madrid, Sandra Cuadrado Nicoli, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, y Agustín de la Herrán Gascón, Universidad Autónoma de Madrid, publicaron “¿Hacia una Pedagogía Prenatal? Una propuesta educativa” en la REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN (vol. 67, núm. 1 (15/01/15), pp. 151-168. ISSN 1681-5653. Organización de Estados Iberoamericanos).  La posición de los autores no sólo reivindica la necesidad de un mayor desarrollo científico en el campo de la educación prenatal, también apoya decididamente su desarrollo institucional y profesional. Entienden que la educación prenatal debería desarrollarse desde las escuelas, colegios e institutos, transmitiendo a las niñas y niños, a las futuras mamás y a los futuros papás, ya que todo este conocimiento es fundamental para el desarrollo del individuo.

La educación prenatal hace referencia al despertar y al desarrollo de las potencialidades del ser, como base de su relación con el mundo, establecen los autores. La base de esta educación es la comunicación para el desarrollo del conocimiento o de significados (emocionales, cognoscitivos y psicomotrices, entre otros) sobre la realidad exterior e interior. En el ámbito prenatal esa comunicación educativa está indisolublemente unida al intercambio biológico y para su salud.

De hecho, la práctica de esta educación consiste en pequeñas acciones comunicativas con base en la conciencia pedagógica de su alcance formativo, según los autores: sentir al bebé, amarle consciente, naturalmente, acariciarle, comunicarse con él en situaciones funcionales variadas, pensar positivamente en él, hablarle, cantarle, admirar la belleza en la naturaleza, en el arte y en los seres humanos, imaginando y deseándole las mejores y más maravillosas cualidades humanas. Concierne también, por tanto, al estilo de vida y a la formación de la madre durante el embarazo: alimentarse con comida sana, variada y equilibrada, cuyos nutrientes aporten energía; evitar sustancias perjudiciales (alcohol, tabaco y drogas); oxigenar su sangre con una buena respiración; tener sentimientos y emociones positivas; evitar en los posible conversaciones, lecturas, música o espectáculos violentos o deprimentes; tener pensamientos positivos; utilizar su imaginación creadora para impregnar a su bebé prenatal de las más bellas imágenes y para sensibilizarle con los más nobles valores humanos; y adquirir conocimientos significativos y formativos como principal educadora prenatal. El papel del padre también es muy importante. Puede adquirir y compartir conocimientos con la madre, comunicarse educativamente con el bebé prenatal con la voz, tocarle, acariciarle, y sobre todo facilitar y darle alegría y confianza a través de una madre feliz y segura de sí misma, en tanto que madre, de su situación y de sus acciones educativas.

Los autores citan a varios expertos en este campo. Por ejemplo, el neonatólogo y profesor de Pediatría clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tufts, EEUU, Dr. Frederick Wirth, expresa: “Es un error creer que el cerebro de un feto no tiene funciones mentales… Las ondas del cerebro demuestran que el córtex recibe impulsos de la vista, del tacto y del oído, y que puede responder conscientemente a estas experiencias sensoriales a las veintiocho semanas”. También citan a Michel Odent, director del Centro de Investigación de Salud Primal de Londres, el amor maternal influye en parte en la capacidad de amar del niño y del futuro adulto: “La capacidad de amar depende, en gran parte, de las experiencias fetales y de las experiencias en torno al nacimiento [...] Los estados emocionales de la mujer embarazada tienen efectos a largo plazo en la capacidad de amar del ser humano [...] No podremos cambiar la vida sin cambiar antes la manera de nacer”.  

Los autores presentan una propuesta educativa, formativa y curricular, centrada en la preparación a la formación de madres y padres en los programas escolares. Propone su inclusión educativa adecuada y ordinaria desde la formación pedagógica y los desarrollos de proyectos curriculares y programaciones de aula de todos los niveles educativos, con las familias, con el apoyo de los medios de comunicación y avalados por políticas educativas amparadas por normas y recomendaciones internacionales y nacionales. Si la educación prenatal no se incluye como un contenido global y normalizado, no se estará enseñando a vivir completamente, ni se estará contribuyendo a transmitir la vida con plenitud, ni se educará plenamente la identidad. Parece esencial que los niños y los jóvenes aprendan en el seno de la escuela estos nuevos conocimientos sobre la transmisión de la vida, su futuro posible papel creativo y fundamentado como potenciales madres o padres futuros.

En Morelos, debemos poner en marcha un programa integral de educación prenatal, que involucre desde la alimentación, la salud y la educación de todas las madres en gestación, hasta la incorporación de programas pedagógicos en todos los niveles escolares y la organización de un sistema que les permita a las madres y los padres impulsar el desarrollo de sus hijos antes de nacer.

El cuidado y la equidad de género.

--> publicado en La Jornada Morelos el 2 de marzo de 2015.
 

Los adultos, dentro de cualquier sociedad, se han visto en la necesidad de realizar tres actividades esenciales: el trabajo productivo, de carácter colectivo, mediante el cual se producen los bienes que constituyen la riqueza social; el trabajo doméstico, de carácter individual, mediante el que se satisfacen necesidades cotidianas, como la alimentación, la higiene, la salud y el mantenimiento de la vivienda; y  la crianza de los hijos, mediante la que se inculcan y transmiten los usos y costumbres propios de la comunidad, garantizando la reproducción de su cultura particular. Quienes realizan estas tres actividades y cómo se gestiona el concepto de cuidado es fundamental para alcanzar la equidad de género.

Karina Batthyány Dighiero, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, Uruguay, escribió “Las políticas y el cuidado en América Latina”, CEPAL - Serie Asuntos de Género, N° 124 (ISSN 1564-4170, LC/L.3958, Copyright © Naciones Unidas, febrero de 2015). Este documento presenta, analiza y discute el concepto de cuidado, el enfoque de derechos y las políticas públicas de América Latina y el Caribe en materia de organización social de los cuidados. También presenta las políticas de cuidado en la región y analiza en particular experiencias de organización social de los cuidados en cuatro países.

             La noción de cuidado en las políticas de protección social y bienestar social se ha vuelto clave para el análisis y la investigación con perspectiva de género. Propone la autora una definición no exhaustiva donde el cuidado designa la acción de ayudar a un niño, niña o a una persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse cargo del cuidado material, que implica un “trabajo”, del cuidado económico, que implica un “costo económico”, y del cuidado psicológico, que implica un “vínculo afectivo, emotivo, sentimental”. El cuidado puede ser realizado de manera honoraria por parientes, en el contexto familiar, o puede ser realizado de manera remunerada en el marco o no de la familia. La naturaleza de la actividad variará según se realice o no dentro de la familia y, también, de acuerdo a sí se trata o no de una tarea remunerada.

            El Estado se ha transformado en protector ante riesgos y contingencias que experimentan las personas a lo largo del curso de la vida. Así se introduce un nuevo enfoque de las políticas sociales de nueva generación, incluyendo los pilares clásicos del Estado del bienestar —salud, seguridad social y educación— el cuidado de los menores y de los mayores, no ya como excepción cuando no hay familia que pueda asumirlo, sino como nueva regularidad social, indica la autora. Esto implica una nueva concepción de la relación entre individuo, familia y Estado basada en la responsabilidad social del cuidado de las personas.

            Las mujeres tienen actualmente mayor autonomía económica, pero enfrentan grandes problemas para articular los tiempos de trabajo remunerado y los tiempos que requieren los cuidados, debido a la disparidad en la dedicación de madres y padres y a la insuficiencia de políticas que atiendan el cuidado infantil. El estudio del uso del tiempo (EUT) es una herramienta fundamental para conocer y entender las desigualdades de género y la reproducción de roles, a través de datos que muestran la inequitativa distribución en el tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado, así como la disponibilidad de tiempo de mujeres y varones para otras actividades cotidianas, señala la autora. Aun cuando las EUT realizadas en los diferentes países no son comparables entre sí, pueden encontrarse tendencias muy relevantes, apunta la autora: la carga global de trabajo femenina es mayor a la masculina; las mujeres destinan en promedio más del doble de tiempo semanal que los hombres al cuidado de niños y otros miembros del hogar; la jornada de trabajo total de las mujeres dedicada a labores remuneradas y no remuneradas es mayor que la de los hombres; cuando las mujeres trabajan remuneradamente, aun cuando lo hacen a tiempo completo, la distribución de las tareas domésticas y de cuidado sigue siendo desigual; el tiempo de trabajo remunerado en promedio de las mujeres es inferior al de los hombres; y el trabajo del cuidado de niños, enfermos y adultos mayores aumenta la participación y el tiempo invertido por las mujeres en las actividades domésticas.

Las políticas de cuidado están en construcción y como toda política pública deben contemplar

múltiples intereses que se manifiestan en las distintas etapas del ciclo de elaboración de acuerdo a la realidad y el contexto nacional. En un escenario caracterizado por la multiplicidad de intereses, actores, recursos, objetivos y derechos, pueden de todas formas extraerse algunos elementos en términos de lecciones aprendidas y principales desafíos de los procesos analizados, destaca la autora: la actual organización social del cuidado presenta un gran desequilibrio entre los cuatro ámbitos de acceso al bienestar (las familias, el Estado, el mercado y la sociedad civil); urge la necesidad de políticas públicas para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados y promover un cambio en la actual división sexual del trabajo; un desafío particular lo constituye el momento mismo del diseño y formulación de las políticas y la inclusión de la perspectiva de género y derechos desde el inicio; y los sistemas de cuidado apuntan no sólo a la generación de una política pública hacia la dependencia sino a una transformación cultural.

En Morelos, debemos promover el cuidado como responsabilidad social, mediante la formulación de políticas públicas para ampliar la cobertura y la oferta de cuidado, garantizar servicios de calidad para todos estableciendo estándares mínimos, facilitar la gestión del tiempo, fomentar empleos de calidad, avanzar en regulaciones laborales, reconocer el aporte de las mujeres, y avanzar en la exigibilidad del derecho al cuidado.

Educación en ciencia.

publicado en La Jornada Morelos el 23 de febrero de 2015. 

Es ampliamente reconocido que todo ciudadano de este siglo debería poseer un conocimiento básico de los conceptos y procedimientos fundamentales de la ciencia y la tecnología. No solo aquellos que optaron por una carrera universitaria relacionada; sino todos los egresados de la escuela media deberían ser capaces de entender y aplicar esos conceptos, dado que tienen una relevancia cada vez más creciente en sus vidas cotidianas. Al mismo tiempo, están constantemente expuestos a fuentes de información muy variadas y abundantes, y deberían ser capaces de examinar ese manantial de noticias de todo tipo con un sentido crítico y bien informado, a fin de poder opinar y tomar decisiones responsablemente.

Norma Sbarbati Nudelman, de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, publicó el artículo “Educación en ciencias basada en la indagación”, en la Revista CTS, no 28, vol. 10, enero 2015. Expone una pedagogía innovadora basada en la investigación en el aula por los alumnos, quienes con la experimentación construyen un conocimiento basado en la evidencia, que va más allá de la apropiación de contenidos básicos de ciencia y tecnología, y desarrolla habilidades como: creatividad, imaginación, pensamiento crítico, argumentación oral y escrita, trabajo en equipo y solidaridad.

            En los últimos años, la calidad de la educación media se ha estancado o disminuido notablemente en América Latina, como revelan, por ejemplo, los resultados obtenidos en las pruebas PISA. Según la autora, los maestros usualmente se quejan por la falta de interés en ciencia de sus alumnos; a su vez, muchas encuestas revelan que los estudiantes sienten que la ciencia que les enseñan en la escuela no es relevante para ellos. La ciencia no les interesa y les resulta aburrida. Si bien los jóvenes están absolutamente fascinados por los avances tecnológicos que pueden disfrutar a diario (televisión, computadoras, teléfonos celulares, WIFI, playstations, tabletas y demás) y realmente hacen un uso intensivo de ellos, no encuentran que la enseñanza de ciencia que reciben en la escuela esté conectada con temas de su vida cotidiana; consecuentemente, cada vez son menos los egresados que optan por seguir una carrera en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM).

            Muchas veces escuchamos a los docentes “defenderse” de ciertas críticas que reciben de sus alumnos, o de distintos estamentos de la sociedad, con respecto al bajo nivel de sus clases de ciencias, aduciendo que ellos no son científicos, señala la autora. Lo cual es verdad. Pero tampoco son matemáticos, literatos o pintores destacados, y sin embargo no se escuchan esos argumentos cuando deben enseñar asignaturas relacionadas. También, el temor que puede sentir el docente a realizar una experiencia en el aula y no obtener el resultado esperado es muy comprensible, destaca la autora. Es más, a veces ocurre también en el laboratorio que el científico no obtiene lo que esperaba, y muchas veces este resultado “anómalo” resulta más interesante y fructífero. Por lo tanto, el docente puede estar muy tranquilo de realizar experiencias con sus alumnos en el aula y frecuentemente puede suceder que no todos los alumnos tengan idénticos resultados.

            Para revertir la ya comentada falta de interés de los estudiantes en la CTIM e incrementar la fascinación por los desarrollos científicos y tecnológicos, se está implementando en muchos países la metodología de Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación (ECBI), indica la autora. Esta metodología innovadora lleva a los estudiantes a desarrollar sus propias ideas gracias a un aprendizaje basado en la experimentación, y a construir, así, su conocimiento del mundo natural. Usando las destrezas empleadas por los científicos para hacerse preguntas, obtener datos, razonar y revisar evidencias a la luz de lo conocido, los estudiantes van sacando conclusiones, discutiendo resultados y construyendo nuevos conocimientos. Este proceso de aprendizaje es el fundamento de la pedagogía basada en la indagación, donde el término “pedagogía” significa no solamente la enseñanza sino también su justificación fundamental.

            Con esta modalidad de enseñanza, el alumno se acerca a los conceptos a través de pasos similares a los que transita un científico. La autora establece que el objetivo principal es desarrollar en el estudiante competencias vinculadas con el trabajo de la ciencia y la tecnología, entre ellas: capacidad de observación crítica de un hecho empírico concreto; capacidad de descripción detallada y minuciosa, tanto oral como escrita, de la observación realizada; habilidad para obtener datos y ordenarlos de una manera significativa que permita analizarlos, interpretarlos, relacionarlos, estableciendo similitudes y diferencias entre ellos; habilidad para elaborar, a través del análisis exhaustivo de los resultados

obtenidos, posibles conclusiones e hipótesis que permitan interpretarlos y predecir resultados en situaciones comparables; y desarrollar espíritu crítico y capacidades para el trabajo en equipo y para la confrontación y la discusión de resultados obtenidos por otros.

Es fundamental que las nociones que desarrolle el estudiante sean correctas y no estén viciadas con conceptos inadecuados, asegura la autora. Un “no sé” dicho a tiempo por el docente puede ser el paso inicial para comenzar el proceso de aprendizaje compartido con sus alumnos y para que pueda acompañarlos en un camino en el cual la indagación es el primer paso para la construcción de conocimientos relevantes. El trabajo experimental es apto para introducir algunas de las problemáticas del quehacer científico: por un lado, observación, medición, registro de datos, ponderación de errores y, por el otro, la comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo y la discusión de resultados.

En Morelos, debemos establecer al conocimiento como la mejor herramienta de equidad y promoción social, ya que capacita al joven en temas totalmente vinculados a su quehacer cotidiano y le provee de un sólido bagaje para acceder al aprendizaje y el uso de tecnologías emergentes; le brinda criterios para poder discernir entre tanto cúmulo de información mediática disponible y habilidades para defender sus ideas, argumentar y dialogar con personas con distintos modos de pensar, niveles socio-económicos y hasta culturas diferentes. Por eso, hablemos de “educación en ciencia” y no simplemente de “enseñanza”.

La pobreza en América Latina.

--> publicado en La Jornada Morelos el 16 de febrero de 2015.
 

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan hoy el reto de seguir impulsando los avances significativos en la reducción de la pobreza y el desempleo, así como ampliar los incipientes progresos en la distribución del ingreso, junto con la consolidación democrática, la estabilidad macroeconómica y las políticas sociales. Dichos logros parecen estar encontrando límites, que se traducen en la disminución del ritmo o el estancamiento de los procesos de reducción de la pobreza y la indigencia (extrema pobreza), y de mejora de la distribución del ingreso, especialmente después de la crisis internacional de 2008.

María Nieves Rico, Daniela Trucco y Xavier Mancero coordinaron la elaboración del documento “Panorama Social de América Latina 2014” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), (LC/G.2635-P), Santiago de Chile, 2014). Presentan las mediciones de la CEPAL de la pobreza por ingresos y se analiza la pobreza desde una perspectiva multidimensional. La aplicación de estos dos enfoques a los datos sobre los países de la región permite reforzar la idea de que, más allá de los avances logrados en la última década, la pobreza persiste como un fenómeno estructural que caracteriza a la sociedad latinoamericana.

            La tasa de pobreza por ingresos de América Latina en 2013 fue de un 28.1 por ciento de la población, en tanto que la indigencia, o pobreza extrema, alcanzó el 11.7 por ciento, indica el documento. Estos porcentajes equivalen a 165 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 69 millones son personas en situación de pobreza extrema. Estos valores dan cuenta de que la tasa de pobreza y de indigencia se mantuvieron sin diferencias significativas con respecto a los niveles observados en 2012.

En comparación con las cifras de 2002, período en que se registró el valor más alto de los últimos 15 años, la caída acumulada de la pobreza por ingresos es de casi 16 puntos porcentuales, de los cuales 10.4 puntos porcentuales corresponden a la disminución lograda hasta 2008, a una tasa anual del 1.7 por ciento, plantea el documento. Entre 2008 y 2013, el ritmo de descenso fue más modesto y la caída acumulada fue de 5.4 puntos porcentuales, lo que equivale a una tasa anual del 1.0 por ciento; desde 2011 en adelante, se observa un estancamiento de la tasa de pobreza regional en torno al 28 por ciento. En lo que respecta a la pobreza extrema, se registró una trayectoria similar. Se produjo una caída de 6.4 puntos porcentuales entre 2002 y 2008, y de 1.2 puntos porcentuales desde este último año hasta 2013. En forma similar a lo ocurrido con la tasa de pobreza, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema se ha mantenido entre el 11 y el 12 por ciento durante el último trienio.

En lo que respecta a la evolución de la pobreza por país, el documento destaca que entre 2006 y 2012 sólo dos países tuvieron un incremento en el porcentaje de pobres e indigentes: Honduras pasó de 68.9 a 69.2 por ciento, y se mantuvo en 45.6 por ciento, respectivamente, y México que pasó de 31.7 a 37.1 por ciento y de 8.7 a 14.2 por ciento, respectivamente.

El documento expone los resultados de la aplicación de un índice multidimensional de pobreza en 17 países de América Latina. Este índice representa un avance con respecto a la exploración de dimensiones y umbrales de pobreza efectuada en la edición 2013 del “Panorama Social” y constituye el resultado de una colaboración entre la CEPAL y Oxford Poverty & Human Development Initiative.

El índice que presenta el documento tiene como principales novedades: i) la agregación de dimensiones no monetarias y monetarias, de manera de minimizar los errores de inclusión y exclusión en la identificación de las personas pobres; ii) la consideración de privaciones en materia de empleo y protección social, ampliando las dimensiones que se utilizan para medir la pobreza, junto con la incorporación de un indicador de rezago escolar, y iii) nuevos umbrales de privación para dimensiones usualmente empleadas en la medición de la pobreza, a fin de contar con estándares más actualizados de la realidad latinoamericana.

El procedimiento para construir este índice, según el documento, consiste en: i) seleccionar las dimensiones e indicadores y ponderarlos; ii) fijar el umbral de pobreza multidimensional (k) o la proporción de privaciones (ponderadas) que una persona debe evidenciar para ser identificada como pobre, y iii) calcular el puntaje de privación de cada persona y determinar, según el contraste entre su puntaje y el valor de k, si es pobre o no en términos multidimensionales.

En todos los países se produjo una caída de la incidencia de la pobreza multidimensional entre 2005 y 2012, establece el documento. Las bajas más notorias tuvieron lugar en Argentina, Uruguay, Brasil,  Perú, Chile y Venezuela, y fueron equivalentes a una disminución del índice mencionado del 7 por ciento o más por año, mientras que en El Salvador, México, Honduras, y Nicaragua se registraron caídas de sólo el 1 por ciento o menos por año.

En la región existen notables diferencias de un país a otro, no solo en cuanto a la cantidad de recursos que efectivamente pueden movilizar hacia los sectores sociales, sino también respecto del esfuerzo macroeconómico que representa el presupuesto público social, apunta el documento. Naturalmente, la capacidad de dar mayor prioridad macroeconómica al gasto social depende de un sinnúmero de variables económicas, políticas y sociales. Una de las variables determinantes son los ingresos fiscales, que imponen un cierto límite al presupuesto total. En 1990-1991 (o el período más cercano con datos disponibles), países como el Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Trinidad y Tobago destinaron menos del 7 por ciento del PIB a los sectores sociales; por el contrario, Argentina, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Venezuela destinaron a estos sectores un 15 por ciento o más.

En Morelos, debemos hacer una mejor planificación de los gastos, junto con el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos de evaluación, que apunten a aumentar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, ya que los márgenes actuales de expansión del gasto son menores. Los ahorros así obtenidos, junto con una transferencia del presupuesto contra el combate a la violencia, se deberían aplicar para apoyar a los 110,000 morelenses que se encuentran en situación de extrema pobreza por ingresos.