Desafíos a la ética territorial

publicado el 21 de enero de 2013 en La Jornada Morelos
El mundo desarrollado atraviesa una grave crisis económica y social. Sin embargo, Latinoamérica no está siendo afectada con tanta intensidad como en ocasiones similares, ya que actúa sobre la base del aprendizaje de crisis anteriores y parece que atisba el futuro con una mirada de más largo alcance, buscando caminos para avanzar con más rapidez y eficacia hacia un desarrollo, en que la reducción de la desigualdad es una aspiración generalizada. En ese empeño la planificación, con base en sólidos valores éticos, puede ser un instrumento poderoso, capaz de articular intereses de actores distintos (Estado, sociedad, gobierno, entorno externo), de espacios diversos (lo nacional y lo local), con políticas públicas (de Estado, planes y programas, nacionales y subnacionales).


Luis Mauricio Cuervo G, oficial de asuntos económicos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL, escribió un artículo sobre “Ética territorial” en el N° 12 de la Serie Desarrollo Territorial de la CEPAL (Publicación de las Naciones Unidas. ISSN 1994-7364. LC/L.3513. LC/IP/L.320. Copyright © Naciones Unidas, agosto de 2012. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile), donde el autor se propone hacer una síntesis y precisar el estado del arte en la evolución de nuevos y antiguos principios y valores que estarían en la base de la configuración de una ética territorial.

El autor considera que la fundamentación ética de la política económica regional y urbana -como se le denominaba hace un tiempo- ha girado en torno de un dilema relativamente simple (lo cual no significa fácil de resolver) entre eficiencia y equidad. Este dilema se ha transformado por varias razones. El contexto económico, político-institucional, y de la teoría económica y social, ha evolucionado y se ha complejizado. En efecto, las teorías del desarrollo reconocen ahora el papel no solamente del capital físico, sino del humano, del social, del ambiental e incluso del cultural. Así mismo, los valores sociales se han trasformado, modificando consigo las aspiraciones de bienestar de las sociedades. Finalmente, la política pública en este campo ha presenciado la entrada con vigor de enfoques distintos a los de la tradicional política regional y urbana: es éste el caso de las políticas de descentralización, de ordenamiento territorial, de sustentabilidad ambiental, de desarrollo económico local, o de innovación científica y tecnológica.

La política económica general, así como la política regional en particular, poseen finalidades mayores directamente relacionadas con la obtención de valores (concepciones de lo bueno y de lo justo) individuales o colectivos, señala el autor. Los objetivos de la política regional pueden analizarse con diferentes niveles de generalidad. Al nivel superior, los objetivos son idénticos a los de la política nacional: crecimiento, eficiencia, equidad, estabilidad, calidad de vida y participación de los ciudadanos.

La política regional puede tener múltiples objetivos, que se reducen a dos en el modelo más sencillo, según el autor: (i) eficiencia, maximizar el crecimiento de la economía nacional, que implica una asignación óptima de recursos a lo largo del tiempo) y (ii) equidad, reducir las disparidades interregionales de renta, bienestar y crecimiento. Lo que esta postura introduce de nuevo es la consideración del papel de la relación entre el conjunto nacional y sus territorios (regiones) subnacionales, en la consecución de finalidades mayores. Éste es el caso de la contribución que se espera de la política regional al mejoramiento de la eficiencia económica nacional. El otro ingrediente novedoso consiste en identificar las regiones como sujetos de justicia espacial. Esto se hace al momento de hablar de la reducción de las disparidades interregionales como un objetivo central de la política regional.

Se identifican tres grandes familias de principios éticos territoriales, apunta el autor: aspiraciones a la igualdad-equidad interregional; derechos territoriales universales de primera (individuales) y segunda generación (colectivos); protección-promoción de la diversidad territorial (ciudad, culturas originarias y afroamericanas). De entre este conjunto de principios identificados, el empleo del concepto de equidad es el más difícil de definir en las características precisas de su contenido.

A la hora de discutir los objetivos de la política económica regional en América Latina, el autor recomienda: primero, referirse a ella preferiblemente como política económica territorial, más que como tradicionalmente se hace empleando la denominación de política regional (y urbana) y, segundo, reconocer que su espacio de fines y objetivos a alcanzar, se mueve en un universo un poco más amplio y variado que el del tradicional dilema entre eficiencia y equidad; porque el término de equidad, merece ser desglosado y distinguido del de igualdad, porque la aspiración a la diversidad tiene una presencia indiscutible y variada (étnica-cultural, ecológica, urbana) y porque los derechos de igualdad proclamados no se restringen a los de la primera generación (los individuales) sino que ya cuentan con una muy profusa y contundente presencia de derechos colectivos (principalmente la sustentabilidad ambiental).

El autor se plantea y ratifica que las constituciones generales de los países Latinoamericanos, por lo general, no cuentan con indicaciones acerca de la manera de conjugar esta diversidad de criterios, de cuáles son los más importantes o de las circunstancias que hay que tener en cuenta en caso de tener que dirimir conflictos entre ellos. Esto es una tarea que queda delegada a la ley y, tal vez más, a la práctica institucional y política no regulada por la norma escrita, sino por el hábito y la costumbre.

En Morelos, debemos asegurar que la política económica territorial se construya sobre un fundamento ético, cuyos objetivos tengan siempre relación con la idea de desarrollo y bienestar que cada sociedad posee: riqueza material, estabilidad macroeconómica, sustentabilidad, justicia social, pluralismo social y cultural, y diversidad étnica.

Las próximas megainundaciones en California

publicado el 14 de enero en La Jornada Morelos
Las inundaciones son el resultado natural del ciclo del agua. En las tormentas fuertes, cuando chocan los frentes de nubes contra las montañas y se condensa el vapor de agua, el agua baja por las barrancas y llena las zonas geográficas bajas, los altiplanos. Estas inundaciones pueden causar graves desastres naturales por una mala planeación que no prevea la infraestructura adecuada ni criterios de evacuación para personas y animales. Sin embargo, el tiempo entre los eventos extremos está disminuyendo y el daño que causan está aumentando por efecto del Cambio Climático.


Michael D. Dettinger, investigador en hidrología en el U.S. Geological Survey e investigador asociado en el Scripps Institution of Oceanography, y B. Lynn Ingram, profesora de ciencias terrestres y planetarias en la Universidad de California, escribieron el artículo “Las Megainundaciones que Vienen” en la revista Scientific American (The Coming Megafloods, Scientific American Digital, January 2013, © 2012 Scientific American). Los autores describen la existencia de inmensos flujos de vapor en la atmósfera, llamados ríos atmosféricos, que han causado inundaciones masivas cada 200 años en California, Estados Unidos, y que el Cambio Climático podría ocasionar muchas más.

En la Nochebuena del año 1861, una intensa tormenta que venía del Océano Pacífico entró a California y continuó con la misma fuerza por 43 días, nos recuerdan los autores. Los arroyos que normalmente bajaban por el lado oriental de la Sierra Nevada se transformaron en grandes ríos que arrasaban todo a su paso, comunidades y campamentos mineros. Como resultado, se formó un lago en el Valle Central de California que medía 450 kilómetros de largo y 30 de ancho. Miles de personas murieron y se ahogaron 800 mil cabezas de ganado, un cuarto del total existente. También, el centro de la Ciudad de Sacramento quedó inundado bajo 3 metros de agua lodosa con residuos de todo lo arrastrado por las corrientes. El Gobierno de California se mudó a San Francisco por 6 meses, hasta que bajaron las aguas en Sacramento. El Estado quedó en bancarrota.

Los ríos atmosféricos son chorros de vapor de agua que se forman a casi dos kilómetros de altura sobre el mar y miden 400 kilómetros de ancho y se extienden por miles de kilómetros, explican los autores. Estos sistemas de vapor de agua transportan agua, en cantidades que puede equivaler a 10 o 15 veces las que lleva el Río Mississippi, de los trópicos a latitudes medias. Cuando uno de estos ríos llega a la costa oeste de los Estados Unidos y pega contra las montañas interiores, entonces es forzado a elevarse, se enfría y condensa en grandes lluvias. Este fenómeno es bien conocido por los habitantes de esa costa y lo llaman “la autopista de la piña”, que les lleva grandes cantidades de vapor de los trópicos cerca de Hawaii y los transforma en lluvias torrenciales que duran de 3 a 5 días. Según investigaciones recientes, un máximo de nueve de estos ríos atmosféricos pegan a la costa de California cada año.

La existencia de dichos ríos fue descubierta recientemente y casi por casualidad, indican los autores. Tres fenómenos hidrometeorológicos se reconocieron de manera independiente, alrededor del año 2000. El primero, fue descubierto por el Laboratorio de Tecnología ambiental, de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional, de los Estados Unidos, cuando sus aviones de reconocimiento estudiaban una tormenta invernal que se dirigía a su país desde el Pacífico Norte. Encontraron una tormenta de chorro a gran altura que duraba varios días y que transportaba el 20 por ciento de la humedad atmosférica del polo hacia latitudes medias y que, por su altura sobre el nivel del mar, no había sido detectada por métodos tradicionales. El segundo, fue descubierto por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuando encontraron anomalías en las simulaciones numéricas de patrones de viento y vapor de agua a nivel mundial. Descubrieron que el 95 por ciento de vapor transportado de arriba de los trópicos hacia los polos ocurría en sólo 5 o 6 bandas muy estrechas, distribuidas casi al azar en el planeta, y se movían del oeste al este a latitudes medias. El tercero fue el descubrimiento por el conjunto de satélites que llevaban el nuevo “Sensor Especial de Imágenes por Microondas” cuya finalidad era observar la distribución global del vapor de agua. Estas imágenes mostraron con claridad que el movimiento del vapor de agua tendía a concentrarse en corredores estrechos y muy largos que transportan aire húmedo y caliente de los trópicos a zonas más secas y frías en latitudes medias. Estos tipos de tentáculos aparecen y se extinguen en periodos de tiempo que van de días a un par de semanas.

Para simular un evento extremo de esta naturaleza, los autores han trabajado en la creación de un escenario llamado “Tormenta del Río Atmosférico 1000” (ARkStorm, por sus siglas en ingles), construido con base en información de las tormentas más largas que ocurrieron en California en los últimos cincuenta años. Sus resultados muestran que habría grandes inundaciones en las áreas bajas del norte y del sur del Estado, que podrían llevar a la evacuación de 1.5 millones de personas, con daños económicos inmediatos por 5 billones de pesos (millones de millones) en propiedades dañadas y pérdidas agrícolas. También, consideran que en una tragedia de esta magnitud morirían miles de personas.

En Morelos, es indispensable que analicemos detalladamente las causas de las inundaciones recurrentes que tenemos y los efectos que causan en salud, morbilidad, mortalidad y la economía. También, debemos revisar nuestros planes de protección civil y mejorar y reforzar la infraestructura que minimice los daños. Asimismo, es necesario establecer programas multidisciplinarios y multi-institucionales para prever el efecto del Cambio Climático en estos fenómenos meteorológicos.

Investigación para el desarrollo sustentable

Publicado en La Jornada Morelos el 7 de enero de 2013.

El desarrollo sustentable es, como lo hemos expresado otras veces en esta columna, avanzar en el bienestar de las personas y de la sociedad al considerar simultáneamente aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, con atención especial a los más desprotegidos del presente y salvaguardando los derechos de las generaciones futuras. La investigación se ha definido como la recopilación de la información necesaria para responder una pregunta y entonces ayudar a resolver un problema. Sin embargo, la investigación para el desarrollo sustentable requiere ampliar los conceptos tradicionales de la investigación científica, al involucrar a las propias comunidades en la definición de objetivos, la selección de procesos y la identificación de criterios de evaluación.

            El Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED, International Institute for

Environment and Development) publicó en agosto de 2012 un documento titulado “Hacia la excelencia - investigación en políticas y acciones para el desarrollo sustentable” (Towards excellence - Policy and action research for sustainable development, www.iied.org). Presentan una visión sobre cómo el IIED y sus socios hacen, miden y habilitan la investigación de excelencia en políticas y acciones que contribuyen al desarrollo sustentable. También, explicitan el contexto de su investigación, establecen sus principios para la excelencia e identifican los procesos prácticos necesarios para garantizar resultados de alta calidad.

            La investigación de excelencia para el desarrollo sustentable no sólo debe cumplir los criterios académicos de rigor y confiabilidad, también debe resolver problemas reales, señala el documento. Las políticas y acciones deben mejorar la equidad en la toma de decisiones, contribuir a la sustentabilidad de la propia existencia y de los ecosistemas, y distribuir los beneficios de manera justa entre las personas y los ambientes. Se debe reconocer plenamente que este tipo de investigación se realiza dentro de muy diversos contextos políticos y sociales que, a su vez, influencian cómo se desarrollan las políticas, se toman las decisiones y se implantan los proyectos.

            El documento indica que este tipo de investigación debe considerar el conocimiento adquirido por las comunidades y las organizaciones locales, que también ha sido recopilado de manera rigurosa y confiable durante muchos años; también, debe incorporar consideraciones éticas en cada etapa del proceso para enfatizar los derechos, independencia, dignidad y seguridad de los participantes, así como una relación de igualdad. Los impactos de los resultados son la razón de ser de estas investigaciones, por lo que es imprescindible evaluar si fueron de utilidad y si contribuyeron a lograr a cambiar los enfoques y metas de las organizaciones no gubernamentales, gobiernos y agencias internacionales.  La efectividad en la comunicación de los resultados es de especial importancia, tanto para las personas que pueden ser afectadas por ellos, como para aquellos que pueden incidir en que los cambios sucedan.

            El proceso de planeación y ejecución de la investigación en desarrollo sustentable es también fundamental para lograr una calidad excelente, apunta el documento. El proceso se debe basar en los principios de asociación, empoderamiento y sólida gestión. Los grupos marginados deben compartir el control del proceso de investigación, para definir los temas, identificar las interrogantes, desarrollar los métodos, analizar los materiales y seleccionar los criterios de evaluación de resultados. Es necesario lograr el involucramiento de las personas y las instituciones para construir relaciones, capacidades e influencias.

            El involucramiento efectivo con la base de conocimiento de la comunidad de estudio es tan importante como el establecido por los académicos con la base de conocimiento científico que está resguardada en la “Web of Science”, establece el estudio. Ambos son necesarios para llevar a cabo los procesos de investigación en desarrollo sustentable y alcanzar excelentes resultados. También, es necesario ampliar el concepto de “evaluación por pares”, ya que debe incluir no sólo a otros investigadores expertos en el tema, sino a conocedores del ámbito local. La “evaluación por pares” debe incluir a académicos, miembros de la comunidad y socios en la formulación de políticas.

            En Morelos, debemos lograr una investigación para alcanzar el desarrollo sustentable que sea de excelencia al asegurar que la gestión del proyecto sea inclusiva, al identificar criterios de evaluación medibles, al garantizar una comunicación efectiva de los resultados obtenidos con todos los actores participantes, al involucrar como socios a las instituciones necesarias, al concatenar teoría y práctica, y al mantener criterios académicos de rigor y confiabilidad.

Retos al desarrollo Latinoamericano.

publicado el 31 de enero de 2012 en La Jornada Morelos

La incertidumbre que rodea a la economía mundial es, sin duda, una de las más grandes que tengamos memoria, sólo comparable en términos económicos a la que rodeó a la Gran Depresión de los años treinta. En Europa, la crisis financiera ha comenzado a vincularse en forma compleja a la crisis fiscal de varios de los países de la zona del euro y se ha amenazado la estabilidad de la unión monetaria, por lo que ya se ha condenado a Europa a una década perdida y quizás más. En Estados Unidos, la relativa debilidad del proceso de reactivación económica se combina ahora con la amenaza inmediata llamada “precipicio fiscal” que podría experimentar ese país a comienzos de 2013. De suceder, la Oficina de Presupuesto del Congreso de ese país considera que se daría lugar a un ajuste fiscal inmediato del 5.1% del PIB que produciría una recesión en el primer semestre del próximo año. Las principales consecuencias para Latinoamérica se producirán a través del comercio internacional, ya que nuestros países apostaron exclusivamente al desarrollo exportador siguiendo, además, una estrategia más bien pasiva, que otorgaba poco énfasis al contenido tecnológico de la canasta exportadora.

            José Antonio Ocampo, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL) y actual profesor de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, presentó una ponencia en el seminario conmemorativo del quincuagésimo aniversario del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), realizado en julio de 2012, que tituló “La historia y los retos del desarrollo latinoamericano”. La CEPAL publicó dicha ponencia en noviembre de 2012 (Publicación de las Naciones Unidas, LC/L.3546, LC/IP/L.322, Copyright © Naciones Unidas, diciembre de 2012). En este documento se plantean un conjunto de legados históricos y escenarios internacionales previsibles que llaman la atención sobre la necesidad de repensar a fondo los patrones y estrategias del desarrollo latinoamericano.

            El autor señala que, en materia macroeconómica, es necesario consolidar lo que ya se ha logrado en reducción de la inflación, sostenibilidad fiscal y disminución del endeudamiento externo neto. Pero también es evidente que queda mucho más que hacer para reducir la histórica vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas. Asimismo, en materia social, el reto principal es tratar no sólo de avanzar en la mejora de los indicadores de desarrollo humano y reducir la pobreza, sino de enfocar la atención en la desigualdad misma.

            La tarea por realizar tiene tres elementos básicos, indica el autor: primero, creación de capacidades, en particular, dada la etapa actual de desarrollo de la región, en el acceso a la educación secundaria y superior y en la calidad de la educación que reciben los sectores de menores ingresos en todos los niveles; segundo, desarrollo de sistemas universales de protección social, cuya prioridad es, entre otras, la lucha contra la segmentación en la provisión de servicios, que implica en particular que la calidad de los servicios sea muy diferente para distintos sectores sociales, y tercero, realizar un mayor esfuerzo de redistribución fiscal, tanto por la vía del sistema tributario como del gasto público.

            Siguiendo las enseñanzas de la historia, propone el autor, los avances no serán duraderos si no se articulan con las necesarias transformaciones tecnológicas y productivas. El tema clave en este campo es la generación de empleos de calidad, en términos de calificación, estabilidad laboral y acceso a la protección social. Los retos son incluso mayores en términos de desarrollo productivo, esencial para superar el crecimiento económico, que ha sido frustrante para muchos países latinoamericanos durante la fase de reformas de mercado, especialmente en materia de productividad. El objetivo de alcanzar altas tasas de crecimiento no se logrará solo con una macroeconomía sana ni con la mera especialización acorde con las ventajas comparativas estáticas. Se requieren también políticas productivas activas, un tema que fue explícitamente excluido de la agenda de los gobiernos durante la fase de reformas de mercado libre. Más aún, se requiere un gran avance en la formulación de políticas tecnológicas activas.

            El lento dinamismo previsible del comercio internacional hace aún más necesario repensar la tarea de mejorar la competitividad y la calidad de la canasta exportadora, así como el equilibrio entre el mercado interno y el externo, asegura el autor. En tal sentido, podrían considerarse tres alternativas, que en realidad no son excluyentes: primera, recuperar la atención en el mercado interno por los efectos positivos en las tendencias sociales al dinamizar el consumo de la mayoría de la población; segunda, otorgar un peso creciente al mercado interno ampliado, revitalizando a fondo los procesos de integración regionales, y tercera, diversificar la canasta exportadora, incluyendo objetivos explícitos de mejora del contenido tecnológico y, al mismo tiempo, manteniendo la atención en ampliar el mercado con las economías asiáticas dinámicas.

            En Morelos es necesario reforzar la planificación, como sugiere el autor. En un contexto de alta incertidumbre, su función básica es contribuir a elaborar una visión y una orientación estratégicas, basadas en un análisis de los escenarios previsibles y en su impacto posible sobre los distintos mercados. Su propósito fundamental es ayudar a orientar las acciones de los agentes públicos y privados a través de un proceso en el que participen los distintos agentes sociales. Debe estar acompañada, además, de una capacidad de coordinar las actividades estatales orientadas a alcanzar los objetivos estratégicos y a evaluar las acciones de los organismos del Estado en tal sentido. Esas actividades, es decir, la prospectiva, la participación, la coordinación y la evaluación, constituyen lo que podríamos denominar las funciones básicas de la planificación. Todo ello debe formar parte de la tarea más amplia de fortalecer la institucionalidad estatal y, en especial, el desarrollo de un aparato administrativo capaz de ayudar a la sociedad a cumplir las funciones de provisión de bienes y servicios de interés colectivo, dentro de la particular combinación entre Estado y mercado que cada sociedad defina sobre la base de sus propios procesos democráticos.

Investigación para el desarrollo sustentable

publicado en La Jornada Morelos el 24 de diciembre de 2012

El desarrollo sustentable es, como lo hemos expresado otras veces en esta columna, avanzar en el bienestar de las personas y de la sociedad al considerar simultáneamente aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, con atención especial a los más desprotegidos del presente y salvaguardando los derechos de las generaciones futuras. La investigación se ha definido como la recopilación de la información necesaria para responder una pregunta y entonces ayudar a resolver un problema. Sin embargo, la investigación para el desarrollo sustentable requiere ampliar los conceptos tradicionales de la investigación científica, al involucrar a las propias comunidades en la definición de objetivos, la selección de procesos y la identificación de criterios de evaluación.

            El Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED, International Institute for

Environment and Development) publicó en agosto de 2012 un documento titulado “Hacia la excelencia - investigación en políticas y acciones para el desarrollo sustentable” (Towards excellence - Policy and action research for sustainable development, www.iied.org). Presentan una visión sobre cómo el IIED y sus socios hacen, miden y habilitan la investigación de excelencia en políticas y acciones que contribuyen al desarrollo sustentable. También, explicitan el contexto de su investigación, establecen sus principios para la excelencia e identifican los procesos prácticos necesarios para garantizar resultados de alta calidad.

            La investigación de excelencia para el desarrollo sustentable no sólo debe cumplir los criterios académicos de rigor y confiabilidad, también debe resolver problemas reales, señala el documento. Las políticas y acciones deben mejorar la equidad en la toma de decisiones, contribuir a la sustentabilidad de la propia existencia y de los ecosistemas, y distribuir los beneficios de manera justa entre las personas y los ambientes. Se debe reconocer plenamente que este tipo de investigación se realiza dentro de muy diversos contextos políticos y sociales que, a su vez, influencian cómo se desarrollan las políticas, se toman las decisiones y se implantan los proyectos.

            El documento indica que este tipo de investigación debe considerar el conocimiento adquirido por las comunidades y las organizaciones locales, que también ha sido recopilado de manera rigurosa y confiable durante muchos años; también, debe incorporar consideraciones éticas en cada etapa del proceso para enfatizar los derechos, independencia, dignidad y seguridad de los participantes, así como una relación de igualdad. Los impactos de los resultados son la razón de ser de estas investigaciones, por lo que es imprescindible evaluar si fueron de utilidad y si contribuyeron a lograr a cambiar los enfoques y metas de las organizaciones no gubernamentales, gobiernos y agencias internacionales.  La efectividad en la comunicación de los resultados es de especial importancia, tanto para las personas que pueden ser afectadas por ellos, como para aquellos que pueden incidir en que los cambios sucedan.

            El proceso de planeación y ejecución de la investigación en desarrollo sustentable es también fundamental para lograr una calidad excelente, apunta el documento. El proceso se debe basar en los principios de asociación, empoderamiento y sólida gestión. Los grupos marginados deben compartir el control del proceso de investigación, para definir los temas, identificar las interrogantes, desarrollar los métodos, analizar los materiales y seleccionar los criterios de evaluación de resultados. Es necesario lograr el involucramiento de las personas y las instituciones para construir relaciones, capacidades e influencias.

            El involucramiento efectivo con la base de conocimiento de la comunidad de estudio es tan importante como el establecido por los académicos con la base de conocimiento científico que está resguardada en la “Web of Science”, establece el estudio. Ambos son necesarios para llevar a cabo los procesos de investigación en desarrollo sustentable y alcanzar excelentes resultados. También, es necesario ampliar el concepto de “evaluación por pares”, ya que debe incluir no sólo a otros investigadores expertos en el tema, sino a conocedores del ámbito local. La “evaluación por pares” debe incluir a académicos, miembros de la comunidad y socios en la formulación de políticas.

            En Morelos, debemos lograr una investigación para alcanzar el desarrollo sustentable que sea de excelencia al asegurar que la gestión del proyecto sea inclusiva, al identificar criterios de evaluación medibles, al garantizar una comunicación efectiva de los resultados obtenidos con todos los actores participantes, al involucrar como socios a las instituciones necesarias, al concatenar teoría y práctica, y al mantener criterios académicos de rigor y confiabilidad.

Economía global basada en innovación

Tener competencia es benéfico, hasta cierto punto. Los individuos, las empresas y las naciones se vuelven más eficientes y eficaces si tienen a alguien que deben superar para alcanzar una meta. Sin embargo, las diferencias entre competidores deben ser razonables si no se quiere que uno avasalle al otro. El terreno de juego debe estar parejo para todos y la igualdad de oportunidades debe ser real. Las enormes brechas económicas y sociales que existen entre países no permiten que el mundo avance en promedio; pocos países avanzan en su bienestar y la mayoría retrocede. Aquellos que dominan sin solidaridad y cooperación sólo lo harán por cierto tiempo y después perderán su hegemonía. Se ha demostrado que exclusivamente los programas que llevan a una situación en la que todos los actores ganan pueden ser efectivos en el largo plazo.

            Robert D. Atkinson, fundador y presidente, y Stephen J. Ezell, analista principal, de la Fundación para la Tecnología de Información y la Innovación, en Washington, D. C., Estados Unidos, escribieron un artículo sobre la “Economía Global basada en Innovación”, en la revista The Futurist de la Sociedad Mundial del Futuro (Building the Global Innovation Economy, The Futurist, January-February 2013, Vol. 47, No. 1. The Futurist › January-February 2013 (Vol. 47, No. 1)). Los autores consideran que impulsando la innovación a nivel mundial, los problemas económicos urgentes que nos agobian podrían ser resueltos de manera que beneficiara a los individuos y a las naciones, y que las barreras principales son las políticas discriminatorias, la pandemia del egoísmo individual y el miedo al futuro.

            Los autores plantean que todos los países están estableciendo estrategias nacionales de innovación, reestructurando sus sistemas de impuestos y regulatorios para ser más competitivos, apoyar a la ciencia y la tecnología, mejorar su sistema educativo, e impulsar la inversión en tecnologías de información y en utilizar mejor la banda ancha, entre otras. Sin embargo, está emergiendo lo que ellos llaman la “innovación mercantilista”. Se trata de las políticas nacionalistas que pretenden atraer o crear industrias con empleos bien remunerados a costa de otros países, contrarias a la esencia de lo que debería ser el sistema de comercio mundial. El mayor reto de la comunidad mundial es crear un sistema global de innovación robusto con acciones de ganar – ganar para todos los actores.

            El primer paso, indican los autores, es abandonar la teoría económica de la ventaja comparativa, en la que se considera que cada país tiene alguna o algunas áreas de producción que son superiores a las de los otros. En principio, si cada país se concentrara en producir aquello en que lo hace más eficientemente, entonces la producción mundial sería mayor y todos los países se beneficiarían. Sin embargo, esta teoría solamente se utiliza para favorecer el libre mercado y derogar las tarifas a las mercancías de importación.

            También, es fundamental ir más allá de esta teoría, lo importante es impulsar la eficiencia dinámica (innovación) y la eficiencia productiva (productividad) a niveles doméstico y global, señalan los autores. Para lograrlo, proponen tres acciones: primera, establecer a la innovación y a la productividad como las más altas prioridades en la agenda económica, enfocándose en temas como la propiedad industrial, instaurando estándares globales voluntarios para las industrias y reducir las políticas discriminatorias hacia la innovación local; segunda, renovar las misiones de las agencias internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Trabajo, entre otras) para apoyar la innovación global y erradicar las estrategias mercantilistas, con la finalidad de expandir la productividad nacional, y tercera, reformular los programas de ayuda internacional de los países desarrollados para impulsar en los países en desarrollo la productividad local en los sectores no comerciales, la erradicación de políticas mercantilistas y el financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación. También, proponen el establecimiento de un Fondo Global para la Ciencia y la Innovación por parte de los países más desarrollados.

            En Morelos, debemos lograr que la innovación sustentada en ciencia nos permita producir eficientemente para satisfacer las necesidades locales, apoyar el desarrollo de las empresas locales e incrementar el volumen de conocimientos para impulsar el desarrollo sustentable. Además, debemos erradicar las políticas públicas que fomenten la economía mercantilista.

Eólica y solar fotovoltaica en México al 2020

publicado en La Jornada Morelos el 10 de diciembre de 2012

La energía eólica es la que se obtiene cuando el viento mueve algún sistema rotatorio y se obtiene energía mecánica, que se puede utilizar directamente como energía mecánica o para generar electricidad. La energía solar fotovoltaica es la electricidad que se obtiene al transformar la luz del sol a través de un dispositivo semiconductor. El aprovechamiento de estas dos fuentes renovables de energía es ya significativo para el sector eléctrico de países como China, España, Alemania y Estados Unidos, entre otros. En México, su utilización es muy incipiente porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha considerado apropiado incursionar en pequeños y medianos sistemas de potencia. Sin embargo, la Secretaría de Energía, en el Gobierno Federal anterior, sentó las bases legales y normativas para impulsar la investigación y el desarrollo en este campo, así como para instalar aerogeneradores eólicos en los sitios con más potencial para aprovechar los vientos fuertes y constantes.

El 22 de noviembre pasado, la Secretaría de Energía (SENER) publicó, en el marco de su “Iniciativa para el desarrollo de las energías renovables en México”, cinco estudios detallados sobre el potencial de las tecnologías eólica, solar fotovoltaica, geotérmica, biomasa y cogeneración (http://www.sener.gob.mx/).  Estos estudios establecen que las tecnologías presentadas son una realidad en el país y en el mundo, y tienen importantes potenciales en el país que ya son competitivos técnica y económicamente contra tecnologías convencionales. Participaron de manera activa en el desarrollo de estos documentos diferentes actores de los sectores público, social y privado del ámbito energético, como es el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Internacional de Financiamiento (IFC) del Banco Mundial.

En este artículo nos restringiremos a describir los resultados presentados por la SENER relativos a la energía eólica y a la solar fotovoltaica por su aplicación inmediata con tecnología nacional integrada y su enorme potencial de corto, mediano y largo plazos en México.

            El estudio sobre la energía eólica fue coordinado por la AMDEE y PwC (PricewaterhouseCoopers International), en colaboración con Woodhouse Lorente Ludlow y el Centro Nacional de Energías Renovables de España. La metodología de trabajo consistió en la generación de una visión consensuada del sector eólico, dentro de la cual se han entrevistado a más de 30 agentes clave, tanto públicos como privados; análisis del marco regulatorio actual y estudio de mejores prácticas a nivel internacional; análisis del recurso eólico en México; plan de acción competitivo; cuantificación e identificación de acciones clave, y análisis de los beneficios macroeconómicos, sociales y medioambientales.

            En materia eólica propone el estudio las siguientes nuevas medidas: fijación de objetivos de participación de energías limpias de forma explícita por tecnología, así como la definición de mecanismos internos para garantizar el cumplimiento de los mismos; modificación de la metodología de planeación de nueva capacidad en el Servicio Público reflejando un costo más preciso de la generación eólica; impulso del Pequeño Productor con reglamentos que definan una estructura de remuneración a través de la banca a largo plazo y sus objetivos de participación en la mezcla de energías para generar electricidad; que la CFE y el Gobierno participen en el desarrollo de la nueva capacidad de transmisión por parte de la CFE para el aprovechamiento del recurso eólico competitivo en Oaxaca, y que se definan en la CFE los mecanismos necesarios para garantizar que la capacidad pendiente de licitar se lleve a cabo en los plazos necesarios.

            Si se llevan a cabo las medidas anteriores, entonces en el área eólica el estudio espera los siguientes resultados: desarrollo de 12,000 MW eólicos competitivos adicionales en los próximos 8 años; incremento del PIB en 167,000 millones de pesos (MDP) al 2020, equivalente al 1.1 por ciento del PIB de 2011; incremento de la recaudación fiscal en más de 14,000 MDP, incluyendo más de 7,000 MDP por ISR; mayor articulación del territorio nacional en el desarrollo social y generación de un nuevo sector eólico; generación de empleo (más de 45,000 empleos); reducción del precio de la electricidad al incorporar capacidad eólica competitiva en costos; reducción de emisiones de CO₂ (mitigación de 23 millones de toneladas de CO₂ de las emisiones previstas para 2020), y cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Energía y en el Programa Especial de Cambio Climático.

            El estudio sobre energía solar fotovoltaica fue coordinado por PwC (Pricewatercoopers International) con la participación de  Abengoa; GDF Suez;  Acciona; General Electric;  Alstom; Cooperación Técnica Alemana (GIZ); ACS/Cobra; Heliocol; Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás; Iberdrola; Asociación Mexicana de Energía; Industrias Peñoles; Asociación Mexicana de Energía Eólica; Industria Cogeneradora; Asociación Nacional de Energía Solar; Instituto de Investigaciones Eléctricas; Banamex; Instituto Mexicano para la Competitividad; Banco Interamericano de Desarrollo; Instituto Nacional de Ecología; Banobras; Isolux Corsán; BBVA Bancomer; Mexxus Drilling; BK Partners; Nacional Financiera; Banco Santader; PEMEX; Centro Mario Molina; Oficina de la Presidencia de la República; Comisión Federal de Electricidad; ProMéxico; Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera; Red Mexicana de Bioenergía; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; T-Solar; Comisión Reguladora de Energía; Secretaría de Energía; Corporación Financiera Internacional; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Desmex; Solartec; Element Power; Secretaría de Agricultura, Ganadería; Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; ENAL; ENEL Green Power; Universidad Autónoma de Chihuahua; ENTE; Woodhouse Lorente Ludlow, y Gas Natural Fenosa.

            En el estudio se plantea un plan de desarrollo global para la energía fotovoltaica en México, que consta de dos partes. La primera, el análisis de la competitividad de la tecnología: volumen de recurso disponible en México; localización de los principales focos regionales; regulación actual y principales fundamentos; evolución histórica de la regulación; estimación del potencial de la tecnología al 2020; identificación de las principales barreras al desarrollo; entendimiento de los aspectos económicos de la tecnología; estimación de los costos de generación, y competitividad de la tecnología. Y la segunda, la propuesta de medidas e impacto al desarrollo: propuesta de medidas para el desarrollo de la industria; impacto de las acciones en el desarrollo; ¿qué pide la industria?; ¿qué ofrece la industria?; análisis de beneficios socio-económicos, e identificación y análisis de externalidades.

            En materia solar fotovoltaica propone el estudio las siguientes nuevas medidas: impulsar el desarrollo de la solar fotovoltaica en el Servicio Público de Electricidad, en la modalidad de entrega de electricidad a la CFE, e incluir las externalidades en la metodología de cálculo de costos de generación, dotar de visibilidad en el mediano y largo plazos a la industria y establecer niveles de remuneración que permitan a los bancos apoyar a los proyectos; simplificación de trámites administrativos y permisos de interconexión, estandarizando y simplificando los requisitos y procedimientos para acceder a contratos de interconexión; medidas para capturar el potencial competitivo de la energía solar distribuida, promover la utilización de la tecnología solar FV en viviendas y comercios actuales, así como el desarrollo de nueva vivienda y proyectos; papel de organizaciones internacionales y bancos de desarrollo, figuras clave dados los actuales costos de financiación de proyectos, y plan de comunicación de los beneficios, potencial y evolución tecnológica que permita romper con los actuales “prejuicios” existentes y reúna información veraz y actualizada.

            Si se toman las medidas anteriores, entonces el estudio esperaría los siguientes beneficios en el área solar fotovoltaica: la instalación de 1,500 MW fotovoltaicos al 2020; incremento del PIB de 31,400 MDP en el periodo 2012-20, equivalente al 0.24 por ciento del PIB de 2011; incremento de la recaudación fiscal de 2,600 MDP; generación de 12,400 empleos; reducción de emisiones de CO₂ (mitigación de 1.4 millones de toneladas de CO₂ de las emisiones previstas para 2020); disminución de las necesidades de combustibles fósiles reduciendo las importaciones de gas natural licuado para la generación eléctrica en un 2 por ciento al 2020; reducción de un 4 por ciento en las pérdidas actuales de transporte y distribución; potencial reducción de la demanda pico del sistema, y fomentar el impulso a la investigación y el desarrollo nacional.

            En Morelos, el Gobierno no puede desaprovechar esta oportunidad para ya utilizar las energías renovables, en las que apostaron más de 60 instituciones, la mayoría extranjeras, al participar en los estudios. En particular, tenemos una situación privilegiada para iniciar el aprovechamiento masivo de la energía solar fotovoltaica, ya que tenemos el suficiente conocimiento científico, tecnológico y de innovación, contamos con condiciones climáticas excelentes, están empresas locales instalando ya correctamente los sistemas pertinentes, y existen los empresarios interesados en invertir en un programa de desarrollo regional. Seamos los primeros a nivel nacional.

Sistema energético limpio en 2050.

publicado en La Jornada Morelos el 3 de diciembre de 2012

Un cambio de paradigma energético en el mundo se vuelve cada vez más apremiante. El aumento en la temperatura del agua en los océanos, las guerras geopolíticas por el petróleo, el desabasto de combustibles en muchas regiones del mundo, el constante incremento en el precio de las gasolinas y la electricidad, la elevada contaminación atmosférica en muchas ciudades, y la muy reducida generación de empleos, sin lugar a dudas, garantizan la transición energética de combustibles fósiles a fuentes renovables de energía. Se ha hablado por décadas de esta transición pero hasta hace muy poco no se había hecho un esfuerzo significativo; afortunadamente, esto está cambiando.

            La Agencia Internacional de Energía publicó recientemente un documento que presenta dichas trayectorias tecnológicas para, a partir de este año, alcanzar un sistema energético limpio en el año 2050 (Energy Technology Perspectives 2012: Pathways to a Clean Energy System, Executive summary, International Energy Agency, © OCDE/AIE, 2012). Este documento muestra claramente que la utilización integrada de tecnologías claves ya existentes posibilitaría disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados o de recursos nacionales limitados, disponer de electricidad con bajo contenido de carbono, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones en los sectores de la industria, del transporte y de edificios. Esto frenaría el crecimiento vertiginoso de la demanda de energía, reduciría las importaciones, reforzaría las economías nacionales y, con el tiempo, haría disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

            El Escenario 2 °C (2DS) de este documento explora las opciones tecnológicas necesarias para lograr un futuro sostenible basado en una mayor eficiencia energética y en un sistema energético más equilibrado, con energías renovables y menos emisiones. Identifica las opciones tecnológicas y las políticas energéticas que garantizan un 80% de probabilidades de limitar el aumento de la temperatura mundial a largo plazo a 2 °C, siempre que se reduzcan simultáneamente las emisiones de CO₂ no relacionadas con la energía, así como otros gases de efecto invernadero.

            Tiene sentido invertir en energía limpia, ya que cada dólar adicional invertido puede generar tres dólares de ahorro de combustible futuro para 2050, señala el estudio. Es necesario duplicar la inversión en energía limpia de aquí al 2020. Alcanzar el 2DS implicaría una inversión adicional de 36 billones de dólares (recordemos que un billón es un millón de millones) de hoy al 2050, un 35 por ciento más que en un escenario en el que el control de las emisiones de carbono no fuera una prioridad, lo que equivaldría a 130 dólares suplementarios por persona cada año. Sin embargo, invertir no es lo mismo que gastar: para 2025, el ahorro de combustible realizado superaría a la inversión efectuada; en 2050, ese ahorro representaría más de 100 billones de dólares. Y aun cuando a ese eventual ahorro futuro se le aplicara una tasa de descuento del 10 por ciento, de ahora a 2050 se lograría un ahorro neto de 5 billones de dólares. Aplicando hipótesis prudentes sobre el impacto que una menor demanda de combustibles fósiles puede tener en sus precios, el ahorro de combustible calculado sube hasta los 150 billones de dólares.

            La seguridad energética y la atenuación del cambio climático son aliadas, ya que el escenario 2DS del estudio demuestra la forma en que la eficiencia energética y el despliegue acelerado de tecnologías bajas en carbono pueden contribuir a limitar el gasto público, reducir la dependencia de las importaciones de energía y disminuir las emisiones. Prácticamente en todas partes, existen posibles fuentes de energía renovable y significativas oportunidades para la eficiencia energética, a diferencia de otras fuentes de energía, concentradas en un restringido número de países. La reducción de la intensidad energética así como la diversificación geográfica y tecnológica de las fuentes de energía daría lugar a una seguridad energética y a unos beneficios económicos de amplio alcance. En el 2DS, como resultado del ahorro de energía y del uso de fuentes de energía alternativas, los países ahorrarían un total de 450 EJ (exajulios o diez a la doce julios) en compras de combustibles fósiles hasta 2020, lo que equivale al total de las importaciones de combustibles fósiles por parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en los últimos seis años; para 2050, el ahorro acumulado de combustible fósil calculado en el 2DS sería de 9 000 EJ, el equivalente a más de 15 años de la demanda mundial actual de energía primaria.

            Pese al potencial tecnológico, el progreso de la energía limpia es demasiado lento, apunta el documento.

Nueve de cada diez tecnologías con potencial para permitir el ahorro de energía y la reducción de emisiones de CO₂ están incumpliendo los objetivos de despliegue requeridos para lograr la necesaria transición a un futuro bajo en carbono. Sólo un conjunto de tecnologías de energía renovable más desarrolladas –entre las que cabe citar hidroeléctrica, biomasa, eólica terrestre y solar fotovoltaica– están realizando suficiente progreso, mientras que otras tecnologías clave para el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de CO₂ se hallan rezagadas. Particularmente preocupante resulta la lenta asimilación de las tecnologías de eficiencia energética, así como la ausencia de progreso de la captura y almacenamiento de carbono y, en menor medida, de la energía eólica marina y la energía solar de concentración. La multiplicación durante el próximo decenio de proyectos que recurran a esas tecnologías será determinante.

            En Morelos, una resuelta política pública puede contribuir a que tecnologías claves adquieran un carácter verdaderamente competitivo y se utilicen ampliamente. Se deberá aprovechar la oportunidad que ofrece el potencial de la tecnología y crear el marco adecuado para alentar su desarrollo y despliegue, teniendo en cuenta los intereses que mueven a los principales interesados: se necesitan claros incentivos para los consumidores, las empresas y los inversionistas. Se deberán establecer objetivos de energía limpia rigurosos y creíbles, que deberán ser transparentes y predecibles a fin abordar y atenuar los riesgos financieros que conllevan las nuevas tecnologías. Será esencial contar con medidas y mercados sólidos, que impulsen la flexibilidad y mitiguen los riesgos para quienes inviertan en esas tecnologías.

Ciencia política para una nueva era

publicado en La Jornada Morelos el 26 de noviembre de 2012
La política de abundancia, compromiso y civilidad que emergió durante las décadas de crecimiento económico sostenido está siendo sustituida por una política de escasez, inseguridad y confrontación. El posible cambio del centro geopolítico para el desarrollo de la humanidad, de Estados Unidos y Europa a China, India, Brasil y otros países emergentes, junto con el envejecimiento de la población, el aumento en el consumo per cápita, la disminución de los recursos naturales, el cambio climático y los síntomas tempranos de colapsos ambientales regionales, aumentan el número de problemas interconectados que la humanidad debe enfrentar. Esto crea un enorme reto a los políticos, por lo que la ciencia política se debe adecuar para responder a las nuevas situaciones mundiales y locales.


Paul R. Ehrlich and Dennis C. Pirages, profesores de Estudios Poblacionales en la Universidad de Stanford y de Ciencia Política en la Universidad de Nevada, respectivamente, escribieron un artículo sobre “Ciencia Política en la Nueva Era” en la revista World Future Review (“Political Science in a New Era”, World Future Review, Fall 2012, 16-22, © 2012 World Future Society, www.wfs.org). Proponen que las ciencias sociales en general necesitan establecer una nueva agenda de investigación, debido a los cambios masivos que enfrenta la humanidad. La ciencia política, en particular, necesita transformarse en una disciplina capaz de tratar una amplia variedad de nuevas preguntas y temas interdisciplinarios relacionados con un número creciente de retos ambientales a nivel global.

La primera década de este milenio tuvo, según los autores, una serie de crisis ambientales, económicas y políticas que establece un cambio irreversible en el curso de la historia. Un aumento considerable en el consumo de recursos naturales, debido principalmente a una globalización acelerada y a una industrialización rápida de países como China e India, ha reducido el margen de los mercados mundiales, causando dramáticas fluctuaciones en el precio de minerales y desabastos de alimentos, combustibles y otros recursos esenciales. Se puede pensar que la disminución acelerada del crítico capital natural de la humanidad, como suelos agrícolas profundos, agua fósil y biodiversidad –que forman parte fundamental del sistema que soporta la vida- ponen en riesgo el futuro de nuestra civilización.

Los autores presentan ideas para construir una ciencia política post industrial que ayude a crear sistemas políticos más efectivos; del tipo de la Grecia antigua, en donde la política vuelva a ser la ciencia maestra para resolver los problemas de la humanidad. Nuestras sociedades se enfrentan a una serie de problemas globales interconectados de carácter ambiental y económico: por ejemplo, disrupción del clima, falta de agua potable, reducción de reservas energéticas y de minerales, pérdida de biodiversidad, contaminación con materiales tóxicos y amenaza de pandemias.

Debido a este cambio acelerado es imprescindible incorporar un pensamiento anticipatorio en la elaboración de políticas públicas para asegurar el bienestar de la humanidad, indican los autores. Todas las personas y en especial los científicos políticos deben estar analizando qué eventos futuros podrían aparecer: se deben identificar los problemas que se están desarrollando y recomendar acciones para resolverlos antes de que se vuelvan muy complejos. Por ejemplo, la crisis de la seguridad social en los Estados Unidos se debería haber previsto hace dos décadas al considerar los cambios demográficos, económicos y médicos relacionados con el envejecimiento de la población. La aceleración en el proceso de innovación tecnológica, en áreas como las telecomunicaciones o la biotecnología, está impulsando nuevos retos de política pública. Nuevos temas regulatorios emergen continuamente y los países no están preparados para atenderlos. El sector privado está peor capacitado que el público para enfrentar estos retos; por ejemplo, las fallidas innovaciones tecnológicas en los bancos para prestar dinero, la falta de regulación por el gobierno y la inexistencia de principios éticos en ambos crearon los grandes fraudes que cimbraron y cimbran a los mercados financieros mundiales.

Los autores indican que existen otras tres áreas que requieren atención inmediata por parte de la ciencia política: los procesos legislativos, ya que las cámaras y los procesos actuales se establecieron hace cientos de años y no responden a las demandas actuales; la ausencia de un electorado educado y bien informado, ya que en la actualidad es manipulado por los medios masivos de comunicación y los intereses corporativos, y un replanteamiento del concepto de seguridad, que debe transitar de la militar a la ecológica. Este nuevo paradigma de seguridad reconoce que las muertes y la destrucción se deben cada vez más frecuentemente al cambio en las relaciones humanas con la naturaleza. En realidad, más que por las guerras, el sufrimiento humano es causado por enfermedades, hambre y desastres ambientales.

En Morelos, debemos reconocer que las fuentes de inseguridad que se están gestando son la disrupción del clima global y el conjunto de problemas económicos y sociales que ésta crea. Estos retos ya no pueden ser enfrentados sólo por las ciencias físicas o biológicas, ahora es indispensable un enfoque interdisciplinario que incluya a las ciencias sociales y, en particular, a la ciencia política. ¿Cómo nos coordinamos para resolver problemas? y ¿cómo sabemos que tan bien o mal estos colectivos están desarrollando e implantando políticas publicas para manejar los retos críticos?