Prosperidad y felicidad.

publicado en La Jornada Morelos el 13 de mayo de 2013

Enfrentados con las crisis económicas y sociales que aquejan a México y el mundo, resurgen los estudios sobre qué hace feliz al ser humano y cómo lograrlo. Se retoman los conceptos de prosperidad y de felicidad como los indicadores principales a considerar en el progreso, crecimiento o desarrollo de la humanidad, con el objetivo de alcanzar el mejor estado mental y físico de cada individuo, en un contexto social específico. Debemos encontrar una vía para incrementar la prosperidad individual y social sin un necesario crecimiento económico, que permita ser feliz.

            Gioietta Kuo, miembro titular de la American Center for International Policy Studies (koupet@comcast.net), escribió un artículo intitulado “Prosperidad y Felicidad” (Prosperity and Happiness, World Future Review, Winter 2012, © 2012 World Future Society, www.wfs.org). Ofrece una alternativa simple pero de gran importancia al dogma económico de la búsqueda continua de maximizar las ganancias y el crecimiento, al aspirar a la máxima felicidad personal.

            Muchos pensadores de diversas culturas han considerado que es la felicidad y no la riqueza o la reputación el verdadero objetivo del ser humano, señala la autora. La degradación ambiental y los problemas sociales asociados siguen limitando nuestras posibilidades de una calidad de vida satisfactoria. Algunos ejemplos, presentados por la autora, son: el calentamiento global que ha causado serias alteraciones al ambiente; más del 43 por ciento de la población de la tierra sobrevive con menos de 25 pesos al día; la quinta parte de la población controla el 85 por ciento del producto bruto mundial; 54 naciones experimentaron una disminución en su producto interno bruto en las últimas décadas; se ha excedido la capacidad mundial para absorber los impactos ambientales causados por la actividad económica; la población mundial se ha duplicado en los últimos 40 años, al pasar de 3.5 a 7 miles de millones de personas, causando demandas adicionales muy significativas de agua, alimentos, empleo, vivienda, educación y salud. Concluye la autora que el mundo camina hacia un colapso ambiental y económico.

            Kuo se pregunta si es posible tener prosperidad sin crecimiento. Por ejemplo, ¿es posible reducir el desempleo sin crecimiento económico? Nos propone que, en principio, la economía de un país podría reaccionar al no crecimiento por medio de cambios en variables macroeconómicas como tasas de ahorro, razón entre inversión pública y privada, y el número de días trabajados por semana. Por ejemplo, incluye un cálculo de Peter Victor sobre Canadá, donde se podría limitar el crecimiento y mantener la estabilidad económica, reduciendo a la mitad las tasas de desempleo y pobreza y disminuyendo por 75 por ciento el cociente de la deuda sobre el producto interno bruto. Esto sería posible teniendo una tasa de ahorro mayor, una tasa de inversión privada menor y una tasa de inversión pública mayor. También, sería posible evitar el desempleo al reducir el número de horas de trabajo por semana, lo que aumentaría la felicidad de la población siempre que esas horas se dedicaran a actividades recreativas, culturales o deportivas.

            ¿Existe una relación entre el monto del ingreso obtenido y la felicidad y satisfacción de una persona?, que es una pregunta con carácter filosófico según la autora. Para avanzar en el planteamiento de una respuesta enlista una serie de observaciones interesantes obtenidas de encuestas internacionales: mayor ingreso se correlaciona directamente con mayor felicidad sólo hasta que el ingreso per cápita llega a un cierto valor, equivalente a las dos terceras partes del nivel salarial de los Estados Unidos, después ya no hay correlación; hasta 1970 y en Estados Unidos, existió una correlación directa entre bienestar percibido y el producto interno bruto, desde entonces ha disminuido la percepción de bienestar a pesar de que este producto per cápita ha aumentado; y que variables como esperanza de vida, mortalidad infantil y nivel educativo no se correlacionan en el tiempo con el ingreso personal.

            La prosperidad, entonces, transciende los placeres materiales, reside en la calidad de vida, en la salud y la felicidad tanto personal como familiar y social, en la fuerza y confianza de nuestras relaciones, y en lo que apoyamos a nuestra comunidad para un mejor futuro de nuestros hijos, concluye la autora.

            En Morelos, debemos ser conscientes que nuestra prosperidad reside en nuestra habilidad de avanzar hacia un desarrollo sustentable, aquel que considera simultáneamente al presente y al futuro y actúa al unísono en los sectores ambiental, social, económico e institucional. También, es imprescindible balancear las aspiraciones de los individuos con las limitaciones físicas de nuestro ambiente, lo que no implica condenarnos a vivir con limitaciones, sino abandonar la vía consumista que nos han impuesto.

Economía digital e igualdad

publicado en La Jornada Morelos el 6 de mayo de 2013

Para progresar en la sociedad de la información y para incorporarnos a la sociedad del conocimiento es indispensable que los mexicanos y nuestras instituciones tengamos disponibles las más avanzadas tecnologías de información y de comunicación (TIC), y contemos con la capacidad de utilizarlas de manera eficaz y eficiente. Esto sólo será posible en el corto y mediano plazos si elaboramos y ejecutamos políticas públicas que incorporen plenamente a las TIC en los procesos de educación y capacitación, de gobierno a niveles federal, estatal y municipal, y de gestión en las empresas. Este cambio estructural nos llevará sin duda a una sociedad con acceso libre al conocimiento y, por lo tanto, se impulsará decididamente la igualdad entre sus miembros.

            La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), apoyada por la Unión Europea, recientemente publicó un estudio sobre la “Economía digital para el cambio estructural y la igualdad” (LC/L.3602 • 2013-186 © Naciones Unidas • Marzo 2013 • Impreso en Santiago de Chile, 2013), donde se sostiene que, en un contexto de crecimiento económico y de reducción de la pobreza en gran parte de los países de América Latina, éstos deben abordar el desafío de articular y consolidar su economía digital, lo que exige responder a las preguntas sobre cómo identificar y aprovechar las nuevas oportunidades que surgen en una fase de convergencia tecnológica para avanzar en el desarrollo económico y la igualdad.

            El estudio señala tres acciones indispensables e inmediatas. En primer lugar, es necesario renovar las estrategias para maximizar el impacto de la economía digital en el crecimiento, la innovación, el cambio estructural y la inclusión social. Los principales desafíos son asegurar las condiciones mínimas para que las inversiones en las TIC tengan un impacto positivo en el crecimiento económico; promover y consolidar un modelo de difusión e innovación tecnológica basado en la banda ancha, compatible con los objetivos de inclusión social, y promover un cambio de la estructura productiva que, a partir de las especificidades económicas e institucionales de cada país, articule el conocimiento con la producción y fortalezca al sector de software y aplicaciones. En segundo lugar, se requiere consolidar un marco de políticas que actúe sobre los factores críticos que condicionan el despliegue de la economía digital. Las principales brechas que es necesario abordar se encuentran en la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, la demanda de banda ancha y el desarrollo de la industria de software y aplicaciones. La política pública es indispensable para asegurar la equidad en el acceso y uso de las TIC que tienen elementos de interés público en tanto facilitan la provisión de servicios sociales (gestión pública, salud y educación) y de bienes públicos. En tercer lugar, se debe avanzar hacia una institucionalidad para la economía digital que integre a las iniciativas de política sobre banda ancha, industrias TIC e inclusión digital. En este ámbito, deberán existir acciones organizadas en dos caminos: políticas TIC para el cambio estructural y TIC para la igualdad y la inclusión social.

            Avanzar en el cambio estructural necesario para el desarrollo y la reducción de la inequidad en la región requiere, según el estudio, formular e implementar una nueva fase de las estrategias para las TIC cuyo eje sea el desarrollo integral de la economía digital, definida como los sectores de industria TIC (telecomunicaciones, hardware, software y servicios TIC) y la red de actividades económicas y sociales facilitadas por Internet. La economía digital es una fuente de aumento de productividad, crecimiento económico y desarrollo sustentable; para aprovechar ese potencial, se requieren instituciones y políticas que aseguren la generación de sinergias entre la difusión de las nuevas tecnologías y el cambio de la estructura productiva hacia sectores más intensivos en digitalización y conocimiento.

            Después de dos décadas de implementación de políticas que han enfatizado el desarrollo de la infraestructura, el acceso a Internet y la difusión de las TIC, la evidencia muestra una importante participación de la economía digital en el PIB, apunta el reporte. Estimaciones de la CEPAL indican que, en promedio para Argentina, Brasil, Chile y México, alcanzan al menos 3.2 por ciento, cifra no despreciable si se considera que en los 27 países de la Unión Europea el porcentaje correspondiente es de 5 por ciento.

            Las profundas desigualdades en la distribución del ingreso y el acceso a servicios públicos que predominan en la región condicionan el patrón de acceso y uso de Internet, asegura el reporte. Es por ello que es importante, como alternativa al acceso en el hogar o el lugar de trabajo, disponer de redes públicas de acceso gratuito. La intervención del Estado es indispensable para asegurar la equidad en el acceso y uso de las TIC; en particular, es necesario considerarlas como un servicio de interés público pues facilitan la provisión de servicios sociales tales como la salud, la educación y el gobierno electrónico.

            En Morelos, se han tenido pequeños avances en materia de incorporación de la tecnología digital en la provisión de servicios de interés público, especialmente en materia de acceso e infraestructura. Sin embargo, aún es débil el avance en dos factores claves asociados a la utilización efectiva de las TIC: la apropiación de la tecnología por el usuario y el desarrollo de contenidos relevantes. Un componente fundamental para aprovechar las TIC es la capacidad para usarlas de manera pertinente en el ámbito educativo, tanto docente como administrativo y estudiantil.

Políticos de calidad

publicado en La Jornada Morelos el 29 de abril de 2013
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Un asunto de relevancia actual es el de la profesionalización de la política. Esto se debe a dos circunstancias: el desarrollo en el mundo del trabajo del concepto de profesión y el avance de la democracia representativa en sociedades cada vez menos segmentadas. En términos de políticos como representantes y como gestores: ¿cómo armonizar que personas vivan para la política y, también, vivan de la política? La complejidad de la política moderna hace posible que una persona realice esta actividad durante toda su vida, sea un profesional de la misma. Entonces, como todo profesional, debe ser evaluado y los resultados deben ser de carácter público.

            Manuel Alcántara Sáez, catedrático de ciencia política de la Universidad de Salamanca e investigador en el Instituto de Iberoamérica de dicha Universidad, escribió un artículo intitulado “De políticos y política: profesionalización y calidad en el ejercicio público”, en la Revista Perfiles Latinoamericanos, Vol. 41, Enero/Junio 2013, donde discute un aspecto fundamental de la representación política: la calidad de la política en sistemas donde los políticos tienen un carácter claramente profesional. Además, plantea los requisitos que debe cumplir el político profesional en el terreno de su dedicación y de la remuneración que percibe, y formula un modelo ideal de los elementos constitutivos de un político de calidad, con especial interés en el proceso formativo que integra la carrera de un político.

            El modelo de democracia representativa ha enfatizado la idea de que los políticos son reclutados, formados y proyectados hacia las instituciones por los partidos; pero esto no siempre es así, señala el autor. La propia dinámica democrática, junto con otros factores de índole social, cultural o económica, posibilita modelos diferentes en los que los políticos pueden configurar carreras independientes. Sin embargo, los estudios sobre la calidad de la política han avanzado en los últimos años divorciados de la atención a la existencia de políticos de calidad. El éxito de la política se vincula con su material humano, que debería ser de alta o, al menos, de suficiente calidad. La intensidad y la extensión del tiempo dedicado a la política, o sea, la exclusiva dedicación a ella y una amplia experiencia, configuran una carrera política. Ésta recibe el calificativo de profesional cuando se incorpora a ella la dimensión económica, es decir, el salario y aquellas otras prebendas complementarias que reciben los políticos.

            La propuesta que defiende el autor implica que el político profesional de calidad realice su actividad de manera continua y exclusiva, posea el mayor talento relevante posible y goce de gran experiencia. La excelencia se establece en los términos de la relevancia del talento y la experiencia, que admiten un mayor rango de variabilidad. El talento combina las dotes personales innatas, las mixtas y las adquiridas. Por dotes innatas se entienden aquellas específicas que tienen su máxima expresión, aunque no única, en la inteligencia y en la posesión de un mínimo de capacidad física que permita afrontar jornadas interminables, así como hacer frente al estrés que se acumula cotidianamente. Las dotes adquiridas son, fundamentalmente, las desarrolladas a través de procesos de educación formal, y su máximo horizonte es un título universitario de posgrado; pero vienen acompañadas de otro tipo de educación más especializada en cuestiones vinculadas al diseño de políticas públicas, la economía política, las relaciones internacionales y la estadística, entre otras. En cuanto a las dotes mixtas, son aquellas de corte básicamente instrumental; aunque tienen un fuerte componente fenotípico, pueden ser mejoradas gracias al entrenamiento o al aprendizaje, y son indispensables en la labor cotidiana del político con relación a su autocontrol, al manejo de la dinámica de grupos, y a la comunicación tanto en lo relativo a su faceta oral como a la imagen.

            Hay dos elementos que sí pueden incorporarse y estar presentes en el proceso de entrada en la política de quienes quieran hacer de la misma una profesión, apunta el autor. En primer lugar, se trata de la exposición pública de un currículo que explicite el talento con relación a las dotes adquiridas y a la experiencia. Exhibición que puede llevarse a cabo muy fácilmente y sin costo alguno mediante su colocación en una página web. Paralelamente, los candidatos a políticos deben poner de relieve sus dotes innatas y mixtas, frente a un público interesado, participando en debates públicos con otros candidatos, o con actores sociales tanto en arenas donde estén presentes los medios de comunicación como en aquellas otras con académicos y otros profesionales, donde puedan ser interrogados y tengan la oportunidad de mostrar sus conocimientos y habilidades.

            La tarea de formación del político no sólo consiste en un proceso de crecimiento personal de habilidades y de conocimientos; también estriba en la capacidad de establecer vínculos con el mundo externo de técnicos e intelectuales. Esta permanente apertura, que comporta la pérdida del monopolio de la profesión, es un buen antídoto contra la endogamia y una oportunidad para hacer socialmente más porosa a la clase política.

            En Morelos, los partidos políticos y las academias deben establecer de manera conjunta criterios de evaluación y mecanismos para conocer las dotes personales innatas, mixtas y adquiridas de nuestros políticos. Cambiaría drásticamente nuestra calidad de vida, política, social y aún económica.

Pobres con servicios energéticos

Publicado en La Jornada Morelos el 22 de abril de 2013

Para los países en desarrollo es fundamental encontrar mecanismo que permitan vincular a los pequeños productores rurales con los mercados formales y también lograr que los consumidores de pocos ingresos compren bienes y servicios modernos y de calidad. En el área de servicios energéticos se deben formar alianzas público-privadas que mejoren el sistema de abastecimiento y permitan que los pobres tengan acceso a electricidad y calor de proceso para servicios de salud, educación, transformación del sector agropecuario y actividades culturales y sociales.

            Emma Wilson, Rachel Godfrey Wood y Ben Garside, escribieron el artículo intitulado “¿Energía sustentable para todos? Conectando a las comunidades pobres con servicios modernos de energía” (IIED Sustainable Markets Linking Worlds Series, Working Ppaper No 1, Sustainable energy for all? Linking poor communities to modern energy services. ISBN 978-1-84369-865-4,©International Institute of Environment and Development 2012. www.iied.org, consultado el 20 abril 2013) que explora mejoras en modelos de abasto y en asociaciones multisectoriales para llevar a los pobres servicios modernos de energía, de manera económica y sustentable.

            Los modelos de abasto de energía son la combinación de tecnología, financiamiento y administración que se necesitan para entregar energía a los usuarios, definen los autores. Estos modelos de abasto pueden ser diseñados como empresas, proyectos de desarrollo o programas gubernamentales; sin embargo, la innovación en los elementos clave del modelo hará posible que se impulse un desarrollo sustentable. Plantean un marco analítico que permite identificar cuatro elementos prioritarios para llevar servicios de energía a los pobres y, al mismo tiempo, determinar las acciones que deben realizar los diversos actores del sistema: contexto socio cultural de la comunidad huésped, tal como cohesión de la comunidad, preferencias culturales, expectativas del servicio público propuesto, habilidades locales y estructuras de liderazgo; ambiente facilitador, determinado por las normas e incentivos dispuestos por el gobierno y por bancos y agentes financieros; modelo de abasto, que es diseñado e implantado por el proponente del programa o proyecto energético, y servicios adicionales de apoyo, que son necesarios para incrementar la sustentabilidad global de los modelos de abasto de energía enfocados a los pobres, al ayudar a superar barreras existentes en los mercados.

            El modelo de negocios específico, propuesto por los autores, para este sistema de abasto de energía tiene dos funciones claves: producción, que incluye las actividades productivas, los recursos y los actores principales, y la mercadotecnia, que considera a los diferentes consumidores, las relaciones entre ellos y los canales de distribución. Un elemento fundamental es la inexiste o pequeña capacidad de pago de los consumidores a los que se enfocan estos servicios energéticos. Por lo tanto, es imprescindible identificar el valor de la propuesta, que en el caso de programas o proyectos para los más pobres debe considerar ventas a los no tan pobres, así como su incidencia en programas más amplios de beneficio social; tales como, reducción a la pobreza, protección de bosques y mejoras a la salud, entre otros. El valor de dicha propuesta, además de enfocarse a los pobres, también debe apuntar a los productores y distribuidores que tendrán beneficios económicos. Finalmente, es indispensable que el modelo de abasto mantenga un balance sostenible entre costos e ingresos, por lo que es crucial el establecimiento de tarifas, costeo de productos y aplicación estratégica de subsidios para implantar servicios enfocados a los pobres.

            Para alcanzar la propuesta de valor descrita en la implantación y operación sostenible de servicios modernos de energía, los autores señalan tres elementos claves. Primero, los recursos, tanto físicos como intelectuales, humanos y financieros, siendo estos últimos los más importantes para iniciar un proyecto; ya que es importante el uso de fuentes de energía locales, como biomasa, viento, agua y el sol, así como emplear recursos humanos e intelectuales de la región. Además, se debe considerar el desarrollo de cadenas de valor inclusivas para el diseño y producción de bienes e infraestructura. Segundo, adecuar a las condiciones locales las actividades normales de los casos de negocio, que incluyen diseño, producción, investigación de mercados, mercadotecnia y administración; ya que será necesario llevar a cabo procesos participativos y de apoyo para incorporar a los pobres a que puedan colaborar plenamente en los proyectos. Tercero, los socios, que en un proyecto enfocado a los pobres no serán los de un negocio convencional, serán los gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas sociales y las propias comunidades.

            El acceso económico a los servicios es el tema crucial en la cobertura de las necesidades de los pobres, aseguran los autores, por lo que los costos deben mantenerse al mínimo sin comprometer la calidad, durabilidad y seguridad. Los subsidios y financiamiento a fondo perdido son siempre imprescindibles y se deben establecer de manera precisa, transparente y sostenible.

            En Morelos, debemos reconocer que la puesta en marcha de un sistema moderno de abasto de energía para los pobres requiere de una planeación diferente a la convencional y de la colaboración de los sectores publico, privado y social, en apoyo a la comunidad. También, es necesario crear un ambiente facilitador de políticas, normas y servicios que estén acordes con el contexto socio cultural de sus preferencias, cohesión y organización. Finalmente, asegurar que el éxito del abasto de energía se debe medir en función de los beneficios que los pobres alcancen para impulsar su desarrollo sustentable.

Mujeres en 2020.

publicado en La Jornada Morelos el 15 de abril de 2013

El Instituto Nacional de las Mujeres (www.inmujeres.gob.mx) tiene un acervo estadístico de indicadores demográficos y económicos que establece la participación de la mujer en muy diversas actividades en México. Reúne encuestas de muchas instituciones nacionales. A continuación se presentan algunos datos de interés, para el año 2010. La participación es prácticamente igualitaria en: promedio de escolaridad para la población de 15 años y más; ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada; matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica, y en condición de pobreza patrimonial. El porcentaje de participación de las mujeres en diversas actividades es: 35 por ciento del total de diputados federales son mujeres; 25, diputadas locales; 35, jefas de hogar, y 35, población económicamente activa de 14 años y más. Sin embargo, en otras áreas su participación es mayor que la de los hombres, para bien o para mal: 26 por ciento, docentes; 8, esperanza de vida al nacer; 19, horas promedio semanales de trabajo doméstico y extradoméstico; 867, intervenciones quirúrgicas de planificación familiar; 211, lesiones por consecuencia de violencia familiar; 5, población alfabeta de 15 años y más, y 170, promedio de horas a la semana destinadas a las actividades domésticas. Adicionalmente, el 3 por ciento de los hombres consume algún tipo de droga, mientras que sólo el 0.7 de las mujeres las consume. En resumen, las mujeres han alcanzado equidad en aspectos de educación y salud, la brecha es enorme en áreas de política y laboral, y la mujer sigue con la mayor carga y responsabilidad de la familia y de la sociedad.

            The Futures Company, una empresa consultora en innovación y pensamiento estratégico (www.thefuturescompany.com), publicó un artículo titulado “Mujeres 2020: Nosotras Mismas, Nuestros Mundos y Nuestros Futuros” (Women 2020: Our Selves, Our Worlds, Our Futures, The Futurist, May-June 2013, Vol. 47, No. 3). Dicho artículo muestra que una mejor comprensión de las mujeres, por sí mismas y por el papel que juegan y jugarán en las sociedades, es de gran importancia ya que ellas son potencialmente una nueva fuerza de crecimiento económico mundial y porque los cambios en cómo piensan y actúan tienen repercusiones muy amplias en la sociedad y la cultura. También, centra su atención en la disparidad entre las velocidades en que las mujeres progresan en aspectos económicos y en la que alcanzan prominencia en áreas sociales, siendo generalmente la primera más rápida.

            Es a través de la toma de decisiones que las mujeres impactarán a las sociedades, ya que muestra su capacidad catalizadora de cambio, asegura el artículo. Todas y todos debemos entender como esta toma de decisiones es afectada por la etapa de la vida, estilo de vida y poder de compra. En la medida que las mujeres invierten en ellas mismas los matrimonios se posponen por más años. La tensión entre tradición y modernidad se agudiza en la medida que aparecen nuevos mercados dedicados a las mujeres. Por ejemplo, el 43 por ciento de las mujeres de la “Generación X” en Inglaterra y Estados Unidos consideran ya no tener hijos para mantener su nivel y tipo de vida.

            Los grandes cambios que están ocurriendo en el rol de la mujer en el lugar de trabajo están teniendo un impacto en todo, desde el Producto Interno Bruto hasta la vida familiar, indica el artículo. De vital importancia es cómo se adaptan los empleadores a estos cambios y su habilidad para lograr el mejor resultado de su fuerza de trabajo. En algunos países la participación de la mujer en el empleo empieza a llegar a un punto de saturación en términos estadísticos. En otros, el empleo de mujeres representa una fuerza incipiente para el desarrollo económico. Desafortunadamente, las mujeres son mucho más empleadas en la economía informal y ocupan muy pocas posiciones de alto nivel. Por ejemplo, sólo 12 de las compañías en Fortune 500 son dirigidas por mujeres y aquellas que promueven a las mujeres a posiciones directivas son más exitosas económicamente. En general, las mujeres tienen un sueldo menor que los hombres para la misma posición, 90 por ciento Estados Unidos y Europa o 70 por ciento en Japón y Corea del Sur. Aún en los mercados donde se paga igual por mismo trabajo, esta situación cambia drásticamente después de que una mujer tiene descendencia, al incrementarse la brecha; es fundamental contar con establecimientos que cuiden a los hijos de manera económica.

            Cómo las mujeres piensen en ellas mismas y expresen sus identidades también tienen un efecto importante en la cultura popular y en los patrones de consumo, plantea el artículo. Las mujeres se enfrentan con mayores oportunidades de elección, percibidas o reales, y que varían de manera dramática entre distintas regiones del mundo. Estas decisiones abarcan desde cómo priorizar las actividades diarias o cómo planear sus etapas en la vida; la tensión entre carrera y familia. Históricamente, la feminidad estuvo definida por los hombres en términos de belleza y atractivo sexual, ahora aparece un ideal femenino definido por las propias mujeres: las mujeres quieren ser aquellas que otras mujeres admiran.

            En Morelos, mujeres y hombres, debemos ser conscientes de los cambios que irán ocurriendo en el empoderamiento de las mujeres sobre temas como ingresos, laborales, derechos humanos, patrones de consumo, innovación, entretenimiento, desarrollo, progreso, feminidad, masculinidad, y necesidades individuales y sociales, tanto reales como percibidas. Dichos cambios seguro tendrán efectos positivos sobre nuestra economía, sociedad, ambiente y gobernanza.

Gobernanza de la innovación en México

publicado en La Jornada Morelos el 8 de abril de 2013

La necesidad de contar con un Estado activo en la definición y financiamiento de políticas públicas de innovación y competitividad es una realidad desde que se evidenció que las fuerzas del mercado, por sí solas, no llevan al crecimiento económico sostenible con desarrollo social e igualdad. Además, no puede haber desarrollo económico en México sin una visión regional en el diseño e implantación de políticas industriales que consideren las fortalezas y debilidades locales. Por lo anterior, es imprescindible identificar, organizar, consensuar y operar un sistema de innovación regional en Morelos que permita generar sinergias entre los sectores público, privado y social y que, en particular, esté sustentado en nuestra sólida capacidad de generar conocimientos.

            Federico Stezano, Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, y Ramón Padilla-Pérez, Oficial de Asuntos Económicos,

Unidad de Desarrollo Económico, Sede Subregional de la CEPAL en México, escribieron la nota técnica (# IDB-TN-512) “Gobernanza y coordinación entre el ámbito federal y estatal en las instituciones y programas de innovación y competitividad en México” para el Banco Interamericano de Desarrollo, División de Competitividad e Innovación, Departamento de Instituciones para el Desarrollo (http://www.iadb.org, copyright © Banco Interamericano de Desarrollo, marzo 2013). Este trabajo se centra en el análisis de las capacidades y debilidades de los gobiernos estatales en México para ejecutar políticas propias y coordinarse con las autoridades federales, así como el efecto de la concurrencia de estas autoridades sobre la gobernanza de las políticas de competitividad e innovación. Analizaron las dinámicas institucionales, el perfil de especialización productiva y las trayectorias de innovación en tres estados de México (Baja California, Jalisco y Puebla), y su interacción con tres programas federales de Ciencia, Tecnología e Innovación (FOMIX, PROSOFT y PEI).

            El punto de partida de este trabajo es la baja productividad que ha caracterizado a la economía mexicana en las últimas tres décadas. Esta economía, apuntan los autores, tiene un perfil de especialización productiva orientado a mercados externos con bajas tasas de crecimiento y es vulnerable a la entrada de nuevos competidores en los mercados internacionales. La incorporación de mayor valor añadido a través de inversiones en tecnología e innovación es un desafío central y se conoce el papel de las políticas públicas de innovación y competitividad para fomentar un crecimiento económico de largo plazo basado en una productividad creciente.

            Dadas las marcadas diferencias en las capacidades productivas y tecnológicas de los estados en México, las políticas estatales y su coordinación con las federales son de gran importancia, aseguran los autores. La política industrial es la intervención de los gobiernos para movilizar recursos hacia sectores particulares con el objetivo de fomentar la competitividad, la productividad y el crecimiento económico. Estas políticas deben ser entendidas como un medio para alcanzar metas de desarrollo económico como la creación de empleo de calidad, la generación de mayor valor agregado nacional, el combate contra la desigualdad y la protección del medio ambiente. La política industrial en un sentido amplio comprende desde políticas que afectan a las industrias nacientes, hasta políticas comerciales, e incluye las que crean el ambiente jurídico y económico para que operen las empresas, y pueden abarcar las siguientes políticas: de ciencia, tecnología e innovación, de educación y de construcción de habilidades, comerciales, sectoriales de competitividad y de competencia.

            Los autores ofrecen elementos para contestar dos preguntas centrales para el diseño de políticas de innovación y competitividad en México: ¿cuáles son las capacidades y debilidades claves de los estados para diseñar y ejecutar políticas locales y para coordinarlas con las federales? y ¿cómo influye y qué impacto tiene en la gobernanza y efectividad de las políticas públicas la concurrencia de diferentes autoridades federales y estatales? La capacidad de los gobiernos estatales para definir sus sectores prioritarios y su perfil de especialización productiva y tecnológica es clave. Esta definición se basa en diagnósticos, evaluaciones y ejercicios prospectivos que permiten planear procesos de desarrollo de mediano y largo plazos, con el apoyo de ejercicios periódicos de evaluación de resultados. Esta vía es fundamental para comenzar a construir agendas de competitividad e innovación estatales con una correlación concreta con las problemáticas y necesidades de los actores locales.

            La obtención de los recursos federales por parte de los estados, está relacionada con la capacidad de diseñar programas locales y cabildear con el gobierno federal, así como con las capacidades de las empresas, universidades, centros de investigación y cámaras empresariales locales para plantear y llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Señalan los autores, que se destaca así una necesidad en las organizaciones estatales de gobierno de fortalecerse para: articular de manera continua a los actores relevantes de la innovación; diagnosticar periódicamente las fortalezas y debilidades clave en innovación, ciencia y tecnología de los actores del estado; realizar ejercicios de prospectiva que permitan delimitar prioridades sectoriales de la entidad, y diseñar, ejecutar y evaluar programas y políticas estatales en la materia.

            La evidencia acumulada en estudios anteriores sobre la coordinación entre los niveles federales y locales de gobierno en México muestra, de acuerdo con los autores, que el papel central del gobierno federal en la estructura estatal de fomento a la competitividad y la innovación se debe a que muchas entidades carecen de capacidades para desarrollar iniciativas propias en la materia, o no consideran al diseño y ejecución de programas estatales en la materia como núcleo importante de una política de largo plazo de la entidad. En el discurso oficial, estos estados argumentan que existe una alineación de sus objetivos y orientaciones con los del gobierno federal. Sin embargo, la dificultad para generar políticas y programas estatales responde a dos factores a modificar: la falta de capacidades organizacionales y de recursos financieros y humanos para diagnosticar prioridades de desarrollo locales, y diseñar y ejecutar políticas para apoyar actividades de investigación y desarrollo que atiendan a esas prioridades, y la falta de visión y planeamiento que establezcan con claridad los objetivos de desarrollo prioritarios de mediano y largo plazos.

            En Morelos, debemos reconocer que el financiamiento de la innovación, investigación y desarrollo presenta economías a escala que justifican el diseño de programas centralizados y también que el apoyo a pequeñas y medianas empresas tiene un mayor impacto si se hace a través de políticas locales, debido a las necesidades y orientación particulares que éstas presentan. Entonces, es necesario realizar ejercicios de evaluación que ayuden a establecer en qué casos es eficiente contar con programas federales o estatales de fomento a la competitividad. Lo anterior establecerá una nueva dinámica de relación entre los dos niveles de gobierno que podría llevar a la formulación conjunta y consensuada de objetivos de innovación y competitividad desde una visión de mediano y largo plazo, y también a la evaluación del diseño e impacto de los mecanismos federales actuales como base para el diseño de instrumentos nuevos o complementarios que se diferencien en función de las capacidades de nuestro estado.

Desarrollo sustentable en América Latina post-2015

publicado en La Jornada Morelos el 1 de abril de 2013

A tres años de que se cumpla el plazo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la comunidad internacional se encuentra en un proceso de reflexión y debate sobre la agenda para el desarrollo después del año 2015. En este proceso se ha avanzado hacia una visión crecientemente compartida sobre los ejes principales que deberían guiar esa estrategia: el crecimiento económico inclusivo, el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental, la creación de empleo y trabajo decente para todos, el establecimiento de las bases para la igualdad, y el cumplimiento de los derechos. América Latina es hoy una región eminentemente urbana y de ingreso medio que esconde una gran heterogeneidad que se manifiesta dentro de los países en las desigualdades de ingreso, acceso y oportunidades, y territoriales.

            La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) recientemente publicó un trabajo titulado “Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: Seguimiento de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo post-2015 y Río+20. Versión preliminar” (LC/L.3590 • Marzo de 2013 • 2013-122 © Naciones Unidas). Este documento busca continuar el proceso de discusión sobre los ODM y los lineamientos de una nueva agenda para el desarrollo en la región, con la participación de la CEPAL y de los organismos de las Naciones Unidas. Su propósito es avanzar hacia una visión compartida sobre la orientación y los contenidos principales de esa agenda e intentar dar respuesta a algunas interrogantes: ¿Cuáles son las brechas estructurales que impiden el crecimiento económico con igualdad y sostenibilidad ambiental? ¿Qué significa ser una región de ingreso medio? ¿Cómo se transita del paradigma de desarrollo actual a otro basado en una perspectiva de derechos que promueva la igualdad y la sustentabilidad? ¿Cuáles deben ser las principales características del nuevo paradigma de desarrollo para avanzar hacia la sustentabilidad económica, social, ambiental e institucional?

            El examen de los principales indicadores revela que América Latina y el Caribe lograron avances importantes hacia el cumplimiento de los ODM, particularmente en las metas de reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad infantil y el acceso al agua. Estos progresos, sin embargo, no son suficientes para cerrar las brechas y superar los rezagos que han caracterizado a la región. El desarrollo de las dos últimas décadas pone claramente de manifiesto sus deficiencias estructurales. Algunas pueden resumirse, según el reporte, en que: no basta con el crecimiento económico si no se incorpora la relación intrínseca que tiene con el medio ambiente y su protección, y el desacople en el uso de energías contaminantes; no basta con reducir la pobreza si al mismo tiempo perduran desigualdades sobre la base del género, la etnia y el territorio, que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo; no basta con lograr mayor productividad si no se traduce en una mayor creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los derechos laborales básicos; no basta proveer educación si no es de calidad y no permite la inserción laboral, una mayor conciencia cívica, una participación política informada y una mejor integración en la sociedad; no basta con extender la atención médica si no está al alcance de todos y no otorga protección frente a los riesgos ambientales; no basta con la incorporación de las mujeres al mercado laboral si no se enfrenta la discriminación basada en el género y se asegura su autonomía física y empoderamiento; no basta con un Estado que logra finanzas públicas ordenadas y una macroeconomía que mantiene bajo control la inflación si no cumple cabalmente su rol de orientador del desarrollo sustentable en el largo plazo, para lo que se requiere cambiar la estructura impositiva y elevar la recaudación; no basta con una política social asistencial focalizada si no va acompañada de una política pública de protección social de carácter universal para reducir la vulnerabilidad de la población e interrumpir los mecanismos de transmisión de la exclusión social y la desigualdad.

            El reporte presenta los siguientes mensajes que sintetizan los principales hallazgos y tienen la intención de informar a los gobiernos de la región sobre las posibilidades y las grandes orientaciones que podría adquirir la nueva agenda para el desarrollo: es preciso mantener el foco en las brechas pendientes de los ODM, ya que todavía quedan varias metas por cumplir; la región está cambiando y los asuntos emergentes deben ser atendidos en la nueva agenda para el desarrollo; se requiere un modelo basado en derechos, igualdad y sostenibilidad ambiental que reconozca los límites existentes; el umbral mínimo de bienestar se ha elevado y el cambio se debe asentar en políticas de Estado con vocación universalista (protección social, salud, educación y empleo), con derechos y de calidad; el cambio hacia el desarrollo sustentable exige señales adecuadas que se deriven de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y la gobernanza de los recursos naturales, con un sector privado corresponsable; es preciso establecer formas más variadas de medir los avances, que complementen al Producto Interno Bruto, con el fin de informar mejor las decisiones para el desarrollo sustentable; y se ha de privilegiar la coherencia de políticas globales para el desarrollo sustentable, el comercio justo, la transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos mecanismos de financiamiento, el fomento de la cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de los mecanismos de participación social.

            En Morelos, los objetivos de desarrollo sustentable han de dar el salto cualitativo requerido: superar la pobreza mediante la búsqueda de mayor igualdad, pasar de la provisión de la ingesta calórica mínima a la nutrición de calidad, de las enfermedades de la pobreza a la vida sana, y del acceso básico a satisfactores como el agua, la energía y la vivienda a hábitats y asentamientos humanos de calidad. Podemos crecer con mayores niveles de inclusión, protección, participación e igualdad social, menor exposición a los impactos negativos de la volatilidad externa, mayores niveles de inversión productiva, más generación de empleo decente y de calidad, y mayor sostenibilidad ambiental y resiliencia ante los desastres.

Retos del desarrollo social

publicado en La Jornada Morelos el 25 de marzo de 2013

Una de las formas más efectivas para mejorar la política pública, como se ha mencionado ya en esta columna, es evaluar y medir con objetividad qué hemos logrado y qué nos falta por alcanzar. La identificación de temas, subtemas, indicadores e índices para un área específica de desarrollo es fundamental, después sigue la tarea difícil de establecer bases de datos temporales que sean confiables y estén validadas, continúa la interpretación de la información y la obtención de conclusiones, y finalmente el establecimiento de acciones gubernamentales que ataquen las causas de los problemas detectados; sin olvidar poner en marcha mecanismos de retroalimentación que permitan conocer a los gobiernos si están alcanzando las metas que se plantearon.

            El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó a mediados del año pasado un reporte titulado “Avances y Retos de la Política de Desarrollo Social en México 2012” (www.coneval.gob.mx). A pesar del avance en diversos renglones sociales en las últimas décadas, señala el documento, los retos en materia de desarrollo social son apremiantes en México. Este reporte busca concentrar los hallazgos más relevantes que el CONEVAL ha tenido sobre la situación de la política de desarrollo social y hacer un diagnóstico general, con el objeto de que las nuevas autoridades del Ejecutivo Federal, el nuevo Congreso, los nuevos encargados de los poderes a nivel local en 2012 tengan información precisa de la situación de la población del país.

            A pesar de que ahora se cuenta con un sistema de protección social más amplio que el de hace algunos años, debido a la mayor cobertura de programas sociales, especialmente para la población más pobre, indica el reporte que el sistema actual tiene problemas de concepción a nivel global que se reflejan aún en su cobertura limitada, disociación con los derechos sociales, fragmentación (institucional y financiera), descoordinación entre programas (tanto federales como estatales), desigualdades horizontal y vertical, así como financiamiento y entrega de paquetes de beneficios desiguales. Entre las consecuencias de estos problemas se encuentra la inequidad y poca efectividad en el ejercicio de los derechos sociales, insostenibilidad financiera en el mediano plazo y la ausencia de instrumentos de política pública efectivos para enfrentar crisis asociadas con el cambiante escenario contemporáneo. Es necesario considerar que si los instrumentos de protección social que se implementan actualmente no son los más eficaces y eficientes para cubrir los riesgos que disminuyen el ingreso de los hogares, es momento de pensar en nuevas políticas y programas que logren proteger integralmente a los individuos y sus hogares, garantizando el acceso efectivo, su sostenibilidad financiera y coordinación de tal forma que exista una red que impulse la capacidad de recuperación del nivel de consumo.

            Por lo anterior, subraya el reporte, es importante que el incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso en el país debiera provenir de las mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios (especialmente de los alimentos), entre otras variables. Los programas de desarrollo social son más efectivos para proteger a la población ante adversidades coyunturales que para la generación de empleos permanentes. La política de desarrollo social cuenta con algunos programas de protección social, pero son insuficientes para fortalecer el ingreso de la población ante reducciones circunstanciales como las vividas en el país en 2008-2010.

            Problemáticas identificadas en el reporte dentro del ámbito educativo son la desigualdad en la calidad de la educación básica, en la educación media superior y educación superior; la insuficiente cobertura; desigualdad en el acceso y calidad de la enseñanza; las desventajas para acceder a la educación de los grupos vulnerables, así como la falta de un apoyo decidido a la investigación básica y aplicada. Dentro del ámbito de la salud, México se encuentra en una situación en la que existen simultáneamente grupos de población con malnutrición, sobrepeso y obesidad; esto impone retos adicionales a la atención de los problemas de seguridad alimentaria y nutricional, tanto en términos de acceso como de educación para la salud.

            Entre 2008 y 2010, apunta el reporte, se observaron mejoras importantes en la calidad y los servicios básicos en las viviendas. Se amplió la cobertura de pisos firmes, electricidad, drenaje, agua potable en las viviendas y también se ha reducido el hacinamiento. A pesar de estos avances, todavía se observan retos en materia de hacinamiento y agua potable en varias entidades federativas. El alto porcentaje de viviendas deshabitadas es también un reto muy importante del sector vivienda; esta problemática invita a la reflexión sobre el posible impacto de la falta de planeación urbana y la violencia.

            Hay un gran número de programas y acciones de desarrollo social en el gobierno federal y el reporte identifica una gran dispersión y potencial falta de coordinación entre instancias federales. Si se incluyen programas de gobiernos locales, el problema podría ser aún mayor (no es fácil tener información sobre la política de desarrollo social en los gobiernos locales). No siempre queda clara la razón por la que se crean programas de desarrollo social año con año. Unos son creados por el poder ejecutivo, otros por el Congreso y otros por las entidades federativas, a través del legislativo local. Posiblemente muchos de ellos son creados para resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con resultados claros, la sospecha de un uso político es inevitable.

            En Morelos, la erradicación de la pobreza es una meta prioritaria para el desarrollo social y al establecer políticas públicas es imprescindible no confundir entre las causas y los síntomas. Las causas o determinantes de la pobreza son la falta de empleos y salarios bajos, aumento en el precio de los alimentos, insuficiente cobertura y calidad de los servicios de salud y educación, insuficiente cobertura de seguridad social, baja productividad y competitividad, insuficiente inversión pública y privada, y desigualdad de oportunidades. Que no haya un morelense en situación de pobreza.

Fukushima, a dos años

publicado en La Jornada Morelos el 18 de marzo de 2013

El 11 de marzo de 2011 ocurrieron los devastadores terremoto y tsunami que causaron la pérdida de miles de vidas y afectaron a la sociedad, la economía y el ambiente en Japón. En particular, los gravísimos accidentes en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos forzaron a revisar nuestras hipótesis y criterios para el desarrollo del sector energético en México y en el Mundo. No estamos en contra de la investigación, el desarrollo y la innovación de la ciencia y la ingeniería nuclear, ya que son de gran beneficio para conocer el mundo que habitamos y de gran utilidad para aplicaciones en salud o geociencias. De lo que estamos seguros es que para México la generación de electricidad por métodos nucleares es un riesgo inaceptable, tanto económico, como ambiental, político y social. La industria nucleoeléctrica internacional (ya que no hay nacional), la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y la Secretaría de Energía tendrán que responder a muchas dudas y cuestionamientos de la sociedad civil antes de aprobar un programa de expansión de generación eléctrica con centrales nucleares, como se esboza la posibilidad en la Estrategia Nacional de Energía 2012 – 2027.

            Junichi Sato, ED Greenpeace Japan, escribió en su blog (March 11, 2013 at 0:17) sobre la “Esperanza en Fukushima”. Describe que muchas de las personas que tuvieron que evacuar zonas de desastre por el terremoto y tsunami ya han regresado a sus comunidades y están reconstruyendo sus vidas y sus localidades lo mejor que pueden. Sin embargo, la tragedia continúa para aquellos que sufrieron el impacto de la contaminación radioactiva por el accidente en Fukushima. Muchas áreas permanecen inhabitables y estima que alrededor de 160,000 personas siguen imposibilitadas de regresar a casa y sin poder reconstruir sus vidas por falta de apoyo y de compensación apropiados.

            Sato describe que el costo del desastre de Fukushima se ha estimado en 250,000 millones de dólares, llevando a la bancarrota a la compañía TEPCO y forzando a que el gobierno japonés la nacionalizara y así pasara la cuenta a las japonesas y a los japoneses que pagan impuestos. Peor todavía, indica, es la protección gubernamental a compañías como General Electric, Hitachi y Toshiba que construyeron esta central nucleoeléctrica basada en diseños equivocados; las regulaciones les permiten no pagar nada a las víctimas y tampoco han mostrado arrepentimientos morales por sus responsabilidades.

            Antony Froggatt, David McNeill, Stephen Thomas y Rianne Teule escribieron un reporte (Fukushima Fallout. Nuclear business makes people pay and suffer. Greenpeace. International.

February 2013) sobre el estado actual de las compensaciones a las víctimas del desastre de Fukushima, presentándolo como un problema muy serio por la falta solvencia institucional frente a accidentes nucleares. Señalan que la industria nuclear y los gobiernos han diseñado un sistema de responsabilidades que protege a la industria y fuerza a las personas a pagar la cuenta de sus errores y desastres. Para salvaguardar al público de riesgos nucleares, el sistema necesita de una reforma fundamental que haga completamente responsable a toda la industria nuclear de sus acciones y fallas.

            El esquema de compensaciones, apuntan los autores, establece que los primeros pagos en un accidente nuclear serán con financiamiento de la empresa pero respaldado por el gobierno. Sin embargo, la nacionalización de TEPCO, en junio de 2012, deja en claro que la cuenta del desastre en Fukushima será pagada por el japonés promedio. Al fin de 2012, el gobierno japonés había transferido a esta compañía un monto aproximado de 40,000 millones de dólares. El reporte de la comisión de investigación independiente del Congreso Nacional de Japón establece que el reactor de la Unidad 1 de la planta de Fukushima fue comprada por TEPCO bajo un acuerdo de construcción tipo “llave en mano”, donde General Electric se encargaba totalmente de los trabajos y era responsable de los mismos. En los años de 1970, este reactor fue el primero del tipo Mark I que se puso en operación y que experimentó numerosas dificultades. El reporte del Congreso añade que el edificio de contención de radiación de este reactor fue reforzado en los 1980, pero que General Electric no se hacía responsable si ocurría un accidente de la magnitud del sufrido en 2011. Este reporte concluye que durante el accidente la presión dentro de este edificio de contención de radiación llegó a dos veces la presión de diseño. También, en septiembre de 1989, la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos recomendó a los propietarios de reactores del tipo Mark I que instalaran ventilas mejoradas para prevenir fallas catastróficas en el edificio de contención en caso de un accidente. Durante el accidente de Fukushima estas ventilas mejoradas no fueron efectivas y la ausencia de filtros exacerbó la salida de radioactividad.

            Para crear un sistema que considera primero a las personas que a las empresas en un accidente nuclear, los autores proponen que: no debe haber límites al monto total de la compensación; se debe hacer responsable a toda la industria nuclear, incluyendo a las empresas abastecedoras; las compañías eléctricas garanticen una cobertura financiera adecuada; las personas se puedan recuperar plenamente de los daños causados por cualquier accidente, y se informe de manera puntual y transparente de los costos en la industria nuclear, incluyendo las primas de los seguros por responsabilidad en caso de accidente.

Investigación educativa y práctica docente

publicado en La Jornada Morelos el 11 de marzo de 2013

En la educación secundaria obligatoria se deben formar ciudadanos con capacidad de resolver problemas cotidianos relacionados con la ciencia y la tecnología, de tomar decisiones fundamentadas y de participar en temas sociales basados en conocimientos científico-tecnológicos. No obstante, en ocasiones los profesores olvidan esta finalidad de alfabetización científica y se inclinan por preparar a los alumnos para estudios superiores únicamente, con una gran carga de academicismo y una muy pequeña de funcionalidad. Es imperioso que se enseñe a utilizar contenidos científicos fundamentales para explicar situaciones cotidianas, actuales y futuras.

            María Jesús Martín-Díaz, María Sagrario Gutiérrez Julián y Miguel Ángel Gómez Crespo, catedráticos de física y química en Instituciones de Educación Superior en España, escribieron el artículo titulado “¿Por qué existe una falla entre la innovación e investigación educativas y la práctica docente?” que fue publicado en la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad (Revista CTS, nº 22, vol. 8, Enero de 2013, pág. 11-31) y cuya finalidad es la búsqueda de las causas que expliquen por qué las innovaciones e investigaciones educativas no salen de un círculo restringido y no alcanzan a la práctica docente. El paradigma de la alfabetización científica lleva décadas presente en los artículos de las revistas especializadas, pero apenas se deja ver en las aulas. ¿Dónde reside el problema: en la difusión del mismo o en su propia definición? Y profundizando más en estas causas, es: en el profesor, el sistema educativo, los currículos, entre otras.

            Existen problemas tanto en la formación inicial como en la formación permanente de los maestros en ciencias y son las principales causas que dificultan la aceptación y puesta en práctica de las innovaciones, consideran los autores. La formación inicial, en general, no responde a una profesión de docente, en la que se necesitan otros tipos de conocimientos además de los puramente disciplinarios y porque todos tendemos a reproducir el modelo de profesor que hemos observado durante nuestra larga experiencia como alumnos universitarios, que se encuentra muy alejado del profesor innovador. La formación permanente porque se considera dispersa y voluntaria, imbricada en unas condiciones de trabajo del profesorado, que no potencian el trabajo en equipo, ni estimulan el intercambio.

            Los autores distinguen tres niveles claramente diferenciados en la alfabetización científica: un nivel centrado en lo conceptual, en la comprensión del mundo y de la sociedad en que vivimos, para tener opiniones fundamentadas sobre temas sociales e individuales en los que están presentes o latentes la ciencia y de la tecnología y “sobrevivir en el mundo actual”; un nivel centrado en la participación y actuación social, donde el fin no es sólo tener espíritu crítico y opiniones argumentadas sino también “participar en la toma de decisiones y actuar en la sociedad”, y un nivel centrado en la construcción de conocimiento, para seguir aprendiendo durante toda la vida. Así, se puede definir la alfabetización científica como la capacidad de hacerse preguntas y buscar la información necesaria para darles respuesta.

            En consecuencia, mejorar la formación de los profesores, tanto en su versión inicial como permanente, es una necesidad señalada por todos los analistas en el tema. Con relación a la formación inicial, es necesario reformarla de manera que, además de servir de vehículo para introducir las innovaciones e investigaciones didácticas, sea un elemento que cree nuevos referentes para la “identidad profesional” del profesor. El dilema surge en el momento de dar soluciones al problema y las opiniones se dividen entre los que consideran que debería formar parte de los cursos de licenciatura, dando lugar a una nueva especialidad, o los que consideran que debería concebirse como una formación de posgrado. Con relación a la formación permanente, se distinguen dos posturas, aunque no necesariamente incompatibles: los que conciben la formación como un proceso con la presencia de asesores externos y los que la enfocan hacia la integración del profesor en equipos de investigación e innovación vinculados a los departamentos universitarios de didáctica.

            Existen otras modificaciones que deberían venir de las instituciones educativas, apuntan los autores. En primer lugar, la consideración de la evaluación como aspecto fundamental de la enseñanza, mediante la inclusión en los currículos de criterios de evaluación normativos que hagan referencia a las innovaciones que se quieren introducir y la aplicación de una evaluación externa que recoja las innovaciones y principales retos, con un carácter estrictamente formativo y no acreditativo de los alumnos, y cuyos resultados sirvieran de base y punta de lanza para organizar los planes y programas con ayuda de asesores externos. En segundo lugar, la conveniencia de implicar al mayor número posible de profesores en la elaboración de las reformas educativas y un mayor apoyo en la innovación en el aula y mayor incidencia en el sistema de inspección y asesoramiento de los equipos docentes, estimulando activamente los esfuerzos de renovación, creando espacios educativos alternativos y consolidando la formación de equipos y el compromiso con la función escolar.

            En Morelos, debemos enfatizar la absoluta necesidad de que la educación recupere el valor social que le corresponde en la formación de la sociedad y en la reivindicación del papel fundamental que le corresponde al profesorado, junto con las familias, en dicha tarea. Ser capaz de educar en secundaria necesita de una formación específica y no basta sólo con un conocimiento disciplinario.

Estrategias de innovación

publicado en La Jornada Morelos el 4 de marzo de 2013

El concepto de innovación, en términos generales, se asocia sólo con productos de la tecnología y la industria, lo cierto es que debe relacionarse también con cambios estructurales que incluyan toda la cadena de valor y con modificaciones en procesos o prácticas existentes. Estos cambios pueden realizarse de manera gradual o disruptiva. Todas las reformas que han presentado y seguirán presentando los Gobiernos Federal y Estatal en los próximos meses deberían tienen un elemento fundamental en común, la innovación. No tendrán éxito las reformas en pobreza, seguridad alimentaria, energía y salud, si no existe un cambio en la forma en que se han venido planteando los objetivos y realizando las tareas en esas áreas.

            La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un trabajo titulado “La Estrategia de Innovación de la OCDE: Empezar hoy el mañana” (© OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012, en su versión en español). En este informe la OCDE pone a disposición su análisis y orientación en materia de política pública sobre una amplia gama de asuntos que va desde la educación y la capacitación hasta el medio ambiente, la infraestructura y las acciones de negocios efectuadas para promover la creación y difusión del conocimiento. Tales elementos apoyan a los gobiernos en el desarrollo de estrategias de innovación efectivas para alcanzar los objetivos clave económicos y sociales. Se promueve un enfoque que considera la interacción entre diversas esferas de política pública y las vincula a través de mecanismos de apoyo al gobierno a nivel local, regional, nacional e internacional.

            Para ser efectiva, la política de innovación debe considerar la manera en la que ésta se desarrolla hoy en día, plantea el informe. La innovación engloba una amplia gama de actividades. Incluye investigación y desarrollo, cambios organizacionales, capacitación a nivel de empresas, pruebas, comercialización y diseño. También, la innovación ocurre rara vez de manera aislada; es un proceso altamente interactivo que involucra una red creciente y cada vez más diversa de participantes, instituciones y usuarios en todo el mundo. Se mencionan cuatro prioridades que pueden fortalecer el desarrollo de las estrategias nacionales y colectivas para hacer que la innovación funcione para las personas y ayude a responder los retos más importantes del siglo XXI.

            Uno, empoderamiento de las personas para innovar: los sistemas de educación y capacitación deben preparar a las personas con las bases para el aprendizaje y el desarrollo de un amplio rango de habilidades que se requieren para la innovación en todas sus formas, y con la flexibilidad para actualizar las habilidades y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, para fomentar un lugar de trabajo innovador y asegurar que las políticas de empleo faciliten el cambio organizacional eficiente; asegurar que los consumidores sean participantes activos en el proceso de innovación; y fomentar una cultura empresarial al inculcar las habilidades y actitudes necesarias para llevar a cabo una empresa creativa.

            Dos, desencadenamiento de innovaciones: asegurar que las condiciones de competitividad sean confiables y apoyen la competencia, conducentes a la innovación, y mutuamente fortalecedoras; movilizar el financiamiento privado para la innovación, fomentando mercados financieros que funcionen correctamente y facilitando el acceso al financiamiento para las empresas nuevas, especialmente en las etapas iniciales de innovación, y promover la difusión de las mejores prácticas en el informe de inversiones intangibles, y desarrollar enfoques afines al mercado para el apoyo de la innovación; fomentar los mercados abiertos y un sector empresarial competitivo y dinámico y una cultura de toma de riesgos calculados y actividad creativa; y fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas, especialmente las empresas nuevas y jóvenes.

            Tres, creación y aplicación de conocimientos: proveer suficiente inversión en un sistema de investigación pública efectivo, mejorar la gobernanza de las instituciones de investigación, y asegurar la coherencia entre las fuentes de niveles múltiples y el financiamiento para investigación y el desarrollo; asegurar que esté en operación una estructura de conocimiento moderna y confiable que apoye la innovación, acompañada de marcos reglamentarios que apoyen el acceso abierto a las redes y la competencia en el mercado, y crear una política adecuada y un ambiente regulatorio que permita el desarrollo responsable de las tecnologías; facilitar los flujos eficientes de conocimiento y promover el desarrollo de las redes y los mercados que faciliten la creación, circulación y difusión del conocimiento, junto con un sistema eficiente de derechos de propiedad intelectual; y promover la innovación en el sector público, en todos los niveles de gobierno, para mejorar la entrega de servicios públicos, la eficiencia, la cobertura y la igualdad.

            Cuatro, mejorar la gobernanza y la medición de las políticas de innovación: asegurar la coherencia de las políticas públicas al tratar la innovación como un componente central de la política del gobierno, con un fuerte liderazgo en los niveles políticos más altos; facilitar que los actores regionales y locales fomenten la innovación, mientras se asegura la coordinación entre regiones y con esfuerzos nacionales; y fomentar la toma de decisiones basada en la evidencia y la rendición de cuentas de las políticas al reconocer la medición como un factor central de la agenda de innovación.

            El enfoque más amplio de la innovación, que se describe en el presente trabajo, resalta especialmente la importancia del equilibrio entre las políticas dirigidas hacia la creación de nuevos conocimientos e innovaciones y aquéllas dirigidas a la promoción para su absorción y difusión en la economía. La innovación sólo se puede mejorar de manera continua y optimizada para cumplir con las necesidades de la sociedad a través de un enfoque integral y coherente, que empareje la oferta de conocimientos e innovación con la demanda de las empresas y los individuos.

            En Morelos, debemos tener ya un enfoque más estratégico del papel de las políticas públicas para la innovación, con la finalidad de: proporcionar un crecimiento más fuerte, más limpio y más justo; reconocer que la innovación involucra un amplio rango de inversiones de activos intangibles y de actores; empoderar a las personas de toda la sociedad a ser creativas; crear innovaciones de vanguardia con nuevos empleos; fomentar la difusión y aplicación del conocimiento; enfrentar los retos globales y repartir los costos y los riesgos, y establecer marcos para la medición de un concepto de innovación más amplio.