Gobernanza de la innovación en México

publicado en La Jornada Morelos el 8 de abril de 2013

La necesidad de contar con un Estado activo en la definición y financiamiento de políticas públicas de innovación y competitividad es una realidad desde que se evidenció que las fuerzas del mercado, por sí solas, no llevan al crecimiento económico sostenible con desarrollo social e igualdad. Además, no puede haber desarrollo económico en México sin una visión regional en el diseño e implantación de políticas industriales que consideren las fortalezas y debilidades locales. Por lo anterior, es imprescindible identificar, organizar, consensuar y operar un sistema de innovación regional en Morelos que permita generar sinergias entre los sectores público, privado y social y que, en particular, esté sustentado en nuestra sólida capacidad de generar conocimientos.

            Federico Stezano, Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, y Ramón Padilla-Pérez, Oficial de Asuntos Económicos,

Unidad de Desarrollo Económico, Sede Subregional de la CEPAL en México, escribieron la nota técnica (# IDB-TN-512) “Gobernanza y coordinación entre el ámbito federal y estatal en las instituciones y programas de innovación y competitividad en México” para el Banco Interamericano de Desarrollo, División de Competitividad e Innovación, Departamento de Instituciones para el Desarrollo (http://www.iadb.org, copyright © Banco Interamericano de Desarrollo, marzo 2013). Este trabajo se centra en el análisis de las capacidades y debilidades de los gobiernos estatales en México para ejecutar políticas propias y coordinarse con las autoridades federales, así como el efecto de la concurrencia de estas autoridades sobre la gobernanza de las políticas de competitividad e innovación. Analizaron las dinámicas institucionales, el perfil de especialización productiva y las trayectorias de innovación en tres estados de México (Baja California, Jalisco y Puebla), y su interacción con tres programas federales de Ciencia, Tecnología e Innovación (FOMIX, PROSOFT y PEI).

            El punto de partida de este trabajo es la baja productividad que ha caracterizado a la economía mexicana en las últimas tres décadas. Esta economía, apuntan los autores, tiene un perfil de especialización productiva orientado a mercados externos con bajas tasas de crecimiento y es vulnerable a la entrada de nuevos competidores en los mercados internacionales. La incorporación de mayor valor añadido a través de inversiones en tecnología e innovación es un desafío central y se conoce el papel de las políticas públicas de innovación y competitividad para fomentar un crecimiento económico de largo plazo basado en una productividad creciente.

            Dadas las marcadas diferencias en las capacidades productivas y tecnológicas de los estados en México, las políticas estatales y su coordinación con las federales son de gran importancia, aseguran los autores. La política industrial es la intervención de los gobiernos para movilizar recursos hacia sectores particulares con el objetivo de fomentar la competitividad, la productividad y el crecimiento económico. Estas políticas deben ser entendidas como un medio para alcanzar metas de desarrollo económico como la creación de empleo de calidad, la generación de mayor valor agregado nacional, el combate contra la desigualdad y la protección del medio ambiente. La política industrial en un sentido amplio comprende desde políticas que afectan a las industrias nacientes, hasta políticas comerciales, e incluye las que crean el ambiente jurídico y económico para que operen las empresas, y pueden abarcar las siguientes políticas: de ciencia, tecnología e innovación, de educación y de construcción de habilidades, comerciales, sectoriales de competitividad y de competencia.

            Los autores ofrecen elementos para contestar dos preguntas centrales para el diseño de políticas de innovación y competitividad en México: ¿cuáles son las capacidades y debilidades claves de los estados para diseñar y ejecutar políticas locales y para coordinarlas con las federales? y ¿cómo influye y qué impacto tiene en la gobernanza y efectividad de las políticas públicas la concurrencia de diferentes autoridades federales y estatales? La capacidad de los gobiernos estatales para definir sus sectores prioritarios y su perfil de especialización productiva y tecnológica es clave. Esta definición se basa en diagnósticos, evaluaciones y ejercicios prospectivos que permiten planear procesos de desarrollo de mediano y largo plazos, con el apoyo de ejercicios periódicos de evaluación de resultados. Esta vía es fundamental para comenzar a construir agendas de competitividad e innovación estatales con una correlación concreta con las problemáticas y necesidades de los actores locales.

            La obtención de los recursos federales por parte de los estados, está relacionada con la capacidad de diseñar programas locales y cabildear con el gobierno federal, así como con las capacidades de las empresas, universidades, centros de investigación y cámaras empresariales locales para plantear y llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Señalan los autores, que se destaca así una necesidad en las organizaciones estatales de gobierno de fortalecerse para: articular de manera continua a los actores relevantes de la innovación; diagnosticar periódicamente las fortalezas y debilidades clave en innovación, ciencia y tecnología de los actores del estado; realizar ejercicios de prospectiva que permitan delimitar prioridades sectoriales de la entidad, y diseñar, ejecutar y evaluar programas y políticas estatales en la materia.

            La evidencia acumulada en estudios anteriores sobre la coordinación entre los niveles federales y locales de gobierno en México muestra, de acuerdo con los autores, que el papel central del gobierno federal en la estructura estatal de fomento a la competitividad y la innovación se debe a que muchas entidades carecen de capacidades para desarrollar iniciativas propias en la materia, o no consideran al diseño y ejecución de programas estatales en la materia como núcleo importante de una política de largo plazo de la entidad. En el discurso oficial, estos estados argumentan que existe una alineación de sus objetivos y orientaciones con los del gobierno federal. Sin embargo, la dificultad para generar políticas y programas estatales responde a dos factores a modificar: la falta de capacidades organizacionales y de recursos financieros y humanos para diagnosticar prioridades de desarrollo locales, y diseñar y ejecutar políticas para apoyar actividades de investigación y desarrollo que atiendan a esas prioridades, y la falta de visión y planeamiento que establezcan con claridad los objetivos de desarrollo prioritarios de mediano y largo plazos.

            En Morelos, debemos reconocer que el financiamiento de la innovación, investigación y desarrollo presenta economías a escala que justifican el diseño de programas centralizados y también que el apoyo a pequeñas y medianas empresas tiene un mayor impacto si se hace a través de políticas locales, debido a las necesidades y orientación particulares que éstas presentan. Entonces, es necesario realizar ejercicios de evaluación que ayuden a establecer en qué casos es eficiente contar con programas federales o estatales de fomento a la competitividad. Lo anterior establecerá una nueva dinámica de relación entre los dos niveles de gobierno que podría llevar a la formulación conjunta y consensuada de objetivos de innovación y competitividad desde una visión de mediano y largo plazo, y también a la evaluación del diseño e impacto de los mecanismos federales actuales como base para el diseño de instrumentos nuevos o complementarios que se diferencien en función de las capacidades de nuestro estado.

Desarrollo sustentable en América Latina post-2015

publicado en La Jornada Morelos el 1 de abril de 2013

A tres años de que se cumpla el plazo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la comunidad internacional se encuentra en un proceso de reflexión y debate sobre la agenda para el desarrollo después del año 2015. En este proceso se ha avanzado hacia una visión crecientemente compartida sobre los ejes principales que deberían guiar esa estrategia: el crecimiento económico inclusivo, el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental, la creación de empleo y trabajo decente para todos, el establecimiento de las bases para la igualdad, y el cumplimiento de los derechos. América Latina es hoy una región eminentemente urbana y de ingreso medio que esconde una gran heterogeneidad que se manifiesta dentro de los países en las desigualdades de ingreso, acceso y oportunidades, y territoriales.

            La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) recientemente publicó un trabajo titulado “Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: Seguimiento de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo post-2015 y Río+20. Versión preliminar” (LC/L.3590 • Marzo de 2013 • 2013-122 © Naciones Unidas). Este documento busca continuar el proceso de discusión sobre los ODM y los lineamientos de una nueva agenda para el desarrollo en la región, con la participación de la CEPAL y de los organismos de las Naciones Unidas. Su propósito es avanzar hacia una visión compartida sobre la orientación y los contenidos principales de esa agenda e intentar dar respuesta a algunas interrogantes: ¿Cuáles son las brechas estructurales que impiden el crecimiento económico con igualdad y sostenibilidad ambiental? ¿Qué significa ser una región de ingreso medio? ¿Cómo se transita del paradigma de desarrollo actual a otro basado en una perspectiva de derechos que promueva la igualdad y la sustentabilidad? ¿Cuáles deben ser las principales características del nuevo paradigma de desarrollo para avanzar hacia la sustentabilidad económica, social, ambiental e institucional?

            El examen de los principales indicadores revela que América Latina y el Caribe lograron avances importantes hacia el cumplimiento de los ODM, particularmente en las metas de reducción de la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, la mortalidad infantil y el acceso al agua. Estos progresos, sin embargo, no son suficientes para cerrar las brechas y superar los rezagos que han caracterizado a la región. El desarrollo de las dos últimas décadas pone claramente de manifiesto sus deficiencias estructurales. Algunas pueden resumirse, según el reporte, en que: no basta con el crecimiento económico si no se incorpora la relación intrínseca que tiene con el medio ambiente y su protección, y el desacople en el uso de energías contaminantes; no basta con reducir la pobreza si al mismo tiempo perduran desigualdades sobre la base del género, la etnia y el territorio, que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo; no basta con lograr mayor productividad si no se traduce en una mayor creación de empleo decente, de alto valor agregado y con pleno acceso a los derechos laborales básicos; no basta proveer educación si no es de calidad y no permite la inserción laboral, una mayor conciencia cívica, una participación política informada y una mejor integración en la sociedad; no basta con extender la atención médica si no está al alcance de todos y no otorga protección frente a los riesgos ambientales; no basta con la incorporación de las mujeres al mercado laboral si no se enfrenta la discriminación basada en el género y se asegura su autonomía física y empoderamiento; no basta con un Estado que logra finanzas públicas ordenadas y una macroeconomía que mantiene bajo control la inflación si no cumple cabalmente su rol de orientador del desarrollo sustentable en el largo plazo, para lo que se requiere cambiar la estructura impositiva y elevar la recaudación; no basta con una política social asistencial focalizada si no va acompañada de una política pública de protección social de carácter universal para reducir la vulnerabilidad de la población e interrumpir los mecanismos de transmisión de la exclusión social y la desigualdad.

            El reporte presenta los siguientes mensajes que sintetizan los principales hallazgos y tienen la intención de informar a los gobiernos de la región sobre las posibilidades y las grandes orientaciones que podría adquirir la nueva agenda para el desarrollo: es preciso mantener el foco en las brechas pendientes de los ODM, ya que todavía quedan varias metas por cumplir; la región está cambiando y los asuntos emergentes deben ser atendidos en la nueva agenda para el desarrollo; se requiere un modelo basado en derechos, igualdad y sostenibilidad ambiental que reconozca los límites existentes; el umbral mínimo de bienestar se ha elevado y el cambio se debe asentar en políticas de Estado con vocación universalista (protección social, salud, educación y empleo), con derechos y de calidad; el cambio hacia el desarrollo sustentable exige señales adecuadas que se deriven de la regulación, la fiscalidad, el financiamiento y la gobernanza de los recursos naturales, con un sector privado corresponsable; es preciso establecer formas más variadas de medir los avances, que complementen al Producto Interno Bruto, con el fin de informar mejor las decisiones para el desarrollo sustentable; y se ha de privilegiar la coherencia de políticas globales para el desarrollo sustentable, el comercio justo, la transferencia de tecnología, una reforma financiera internacional y nuevos mecanismos de financiamiento, el fomento de la cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de los mecanismos de participación social.

            En Morelos, los objetivos de desarrollo sustentable han de dar el salto cualitativo requerido: superar la pobreza mediante la búsqueda de mayor igualdad, pasar de la provisión de la ingesta calórica mínima a la nutrición de calidad, de las enfermedades de la pobreza a la vida sana, y del acceso básico a satisfactores como el agua, la energía y la vivienda a hábitats y asentamientos humanos de calidad. Podemos crecer con mayores niveles de inclusión, protección, participación e igualdad social, menor exposición a los impactos negativos de la volatilidad externa, mayores niveles de inversión productiva, más generación de empleo decente y de calidad, y mayor sostenibilidad ambiental y resiliencia ante los desastres.

Retos del desarrollo social

publicado en La Jornada Morelos el 25 de marzo de 2013

Una de las formas más efectivas para mejorar la política pública, como se ha mencionado ya en esta columna, es evaluar y medir con objetividad qué hemos logrado y qué nos falta por alcanzar. La identificación de temas, subtemas, indicadores e índices para un área específica de desarrollo es fundamental, después sigue la tarea difícil de establecer bases de datos temporales que sean confiables y estén validadas, continúa la interpretación de la información y la obtención de conclusiones, y finalmente el establecimiento de acciones gubernamentales que ataquen las causas de los problemas detectados; sin olvidar poner en marcha mecanismos de retroalimentación que permitan conocer a los gobiernos si están alcanzando las metas que se plantearon.

            El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó a mediados del año pasado un reporte titulado “Avances y Retos de la Política de Desarrollo Social en México 2012” (www.coneval.gob.mx). A pesar del avance en diversos renglones sociales en las últimas décadas, señala el documento, los retos en materia de desarrollo social son apremiantes en México. Este reporte busca concentrar los hallazgos más relevantes que el CONEVAL ha tenido sobre la situación de la política de desarrollo social y hacer un diagnóstico general, con el objeto de que las nuevas autoridades del Ejecutivo Federal, el nuevo Congreso, los nuevos encargados de los poderes a nivel local en 2012 tengan información precisa de la situación de la población del país.

            A pesar de que ahora se cuenta con un sistema de protección social más amplio que el de hace algunos años, debido a la mayor cobertura de programas sociales, especialmente para la población más pobre, indica el reporte que el sistema actual tiene problemas de concepción a nivel global que se reflejan aún en su cobertura limitada, disociación con los derechos sociales, fragmentación (institucional y financiera), descoordinación entre programas (tanto federales como estatales), desigualdades horizontal y vertical, así como financiamiento y entrega de paquetes de beneficios desiguales. Entre las consecuencias de estos problemas se encuentra la inequidad y poca efectividad en el ejercicio de los derechos sociales, insostenibilidad financiera en el mediano plazo y la ausencia de instrumentos de política pública efectivos para enfrentar crisis asociadas con el cambiante escenario contemporáneo. Es necesario considerar que si los instrumentos de protección social que se implementan actualmente no son los más eficaces y eficientes para cubrir los riesgos que disminuyen el ingreso de los hogares, es momento de pensar en nuevas políticas y programas que logren proteger integralmente a los individuos y sus hogares, garantizando el acceso efectivo, su sostenibilidad financiera y coordinación de tal forma que exista una red que impulse la capacidad de recuperación del nivel de consumo.

            Por lo anterior, subraya el reporte, es importante que el incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso en el país debiera provenir de las mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios (especialmente de los alimentos), entre otras variables. Los programas de desarrollo social son más efectivos para proteger a la población ante adversidades coyunturales que para la generación de empleos permanentes. La política de desarrollo social cuenta con algunos programas de protección social, pero son insuficientes para fortalecer el ingreso de la población ante reducciones circunstanciales como las vividas en el país en 2008-2010.

            Problemáticas identificadas en el reporte dentro del ámbito educativo son la desigualdad en la calidad de la educación básica, en la educación media superior y educación superior; la insuficiente cobertura; desigualdad en el acceso y calidad de la enseñanza; las desventajas para acceder a la educación de los grupos vulnerables, así como la falta de un apoyo decidido a la investigación básica y aplicada. Dentro del ámbito de la salud, México se encuentra en una situación en la que existen simultáneamente grupos de población con malnutrición, sobrepeso y obesidad; esto impone retos adicionales a la atención de los problemas de seguridad alimentaria y nutricional, tanto en términos de acceso como de educación para la salud.

            Entre 2008 y 2010, apunta el reporte, se observaron mejoras importantes en la calidad y los servicios básicos en las viviendas. Se amplió la cobertura de pisos firmes, electricidad, drenaje, agua potable en las viviendas y también se ha reducido el hacinamiento. A pesar de estos avances, todavía se observan retos en materia de hacinamiento y agua potable en varias entidades federativas. El alto porcentaje de viviendas deshabitadas es también un reto muy importante del sector vivienda; esta problemática invita a la reflexión sobre el posible impacto de la falta de planeación urbana y la violencia.

            Hay un gran número de programas y acciones de desarrollo social en el gobierno federal y el reporte identifica una gran dispersión y potencial falta de coordinación entre instancias federales. Si se incluyen programas de gobiernos locales, el problema podría ser aún mayor (no es fácil tener información sobre la política de desarrollo social en los gobiernos locales). No siempre queda clara la razón por la que se crean programas de desarrollo social año con año. Unos son creados por el poder ejecutivo, otros por el Congreso y otros por las entidades federativas, a través del legislativo local. Posiblemente muchos de ellos son creados para resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con resultados claros, la sospecha de un uso político es inevitable.

            En Morelos, la erradicación de la pobreza es una meta prioritaria para el desarrollo social y al establecer políticas públicas es imprescindible no confundir entre las causas y los síntomas. Las causas o determinantes de la pobreza son la falta de empleos y salarios bajos, aumento en el precio de los alimentos, insuficiente cobertura y calidad de los servicios de salud y educación, insuficiente cobertura de seguridad social, baja productividad y competitividad, insuficiente inversión pública y privada, y desigualdad de oportunidades. Que no haya un morelense en situación de pobreza.

Fukushima, a dos años

publicado en La Jornada Morelos el 18 de marzo de 2013

El 11 de marzo de 2011 ocurrieron los devastadores terremoto y tsunami que causaron la pérdida de miles de vidas y afectaron a la sociedad, la economía y el ambiente en Japón. En particular, los gravísimos accidentes en la central nucleoeléctrica de Fukushima nos forzaron a revisar nuestras hipótesis y criterios para el desarrollo del sector energético en México y en el Mundo. No estamos en contra de la investigación, el desarrollo y la innovación de la ciencia y la ingeniería nuclear, ya que son de gran beneficio para conocer el mundo que habitamos y de gran utilidad para aplicaciones en salud o geociencias. De lo que estamos seguros es que para México la generación de electricidad por métodos nucleares es un riesgo inaceptable, tanto económico, como ambiental, político y social. La industria nucleoeléctrica internacional (ya que no hay nacional), la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y la Secretaría de Energía tendrán que responder a muchas dudas y cuestionamientos de la sociedad civil antes de aprobar un programa de expansión de generación eléctrica con centrales nucleares, como se esboza la posibilidad en la Estrategia Nacional de Energía 2012 – 2027.

            Junichi Sato, ED Greenpeace Japan, escribió en su blog (March 11, 2013 at 0:17) sobre la “Esperanza en Fukushima”. Describe que muchas de las personas que tuvieron que evacuar zonas de desastre por el terremoto y tsunami ya han regresado a sus comunidades y están reconstruyendo sus vidas y sus localidades lo mejor que pueden. Sin embargo, la tragedia continúa para aquellos que sufrieron el impacto de la contaminación radioactiva por el accidente en Fukushima. Muchas áreas permanecen inhabitables y estima que alrededor de 160,000 personas siguen imposibilitadas de regresar a casa y sin poder reconstruir sus vidas por falta de apoyo y de compensación apropiados.

            Sato describe que el costo del desastre de Fukushima se ha estimado en 250,000 millones de dólares, llevando a la bancarrota a la compañía TEPCO y forzando a que el gobierno japonés la nacionalizara y así pasara la cuenta a las japonesas y a los japoneses que pagan impuestos. Peor todavía, indica, es la protección gubernamental a compañías como General Electric, Hitachi y Toshiba que construyeron esta central nucleoeléctrica basada en diseños equivocados; las regulaciones les permiten no pagar nada a las víctimas y tampoco han mostrado arrepentimientos morales por sus responsabilidades.

            Antony Froggatt, David McNeill, Stephen Thomas y Rianne Teule escribieron un reporte (Fukushima Fallout. Nuclear business makes people pay and suffer. Greenpeace. International.

February 2013) sobre el estado actual de las compensaciones a las víctimas del desastre de Fukushima, presentándolo como un problema muy serio por la falta solvencia institucional frente a accidentes nucleares. Señalan que la industria nuclear y los gobiernos han diseñado un sistema de responsabilidades que protege a la industria y fuerza a las personas a pagar la cuenta de sus errores y desastres. Para salvaguardar al público de riesgos nucleares, el sistema necesita de una reforma fundamental que haga completamente responsable a toda la industria nuclear de sus acciones y fallas.

            El esquema de compensaciones, apuntan los autores, establece que los primeros pagos en un accidente nuclear serán con financiamiento de la empresa pero respaldado por el gobierno. Sin embargo, la nacionalización de TEPCO, en junio de 2012, deja en claro que la cuenta del desastre en Fukushima será pagada por el japonés promedio. Al fin de 2012, el gobierno japonés había transferido a esta compañía un monto aproximado de 40,000 millones de dólares. El reporte de la comisión de investigación independiente del Congreso Nacional de Japón establece que el reactor de la Unidad 1 de la planta de Fukushima fue comprada por TEPCO bajo un acuerdo de construcción tipo “llave en mano”, donde General Electric se encargaba totalmente de los trabajos y era responsable de los mismos. En los años de 1970, este reactor fue el primero del tipo Mark I que se puso en operación y que experimentó numerosas dificultades. El reporte del Congreso añade que el edificio de contención de radiación de este reactor fue reforzado en los 1980, pero que General Electric no se hacía responsable si ocurría un accidente de la magnitud del sufrido en 2011. Este reporte concluye que durante el accidente la presión dentro de este edificio de contención de radiación llegó a dos veces la presión de diseño. También, en septiembre de 1989, la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos recomendó a los propietarios de reactores del tipo Mark I que instalaran ventilas mejoradas para prevenir fallas catastróficas en el edificio de contención en caso de un accidente. Durante el accidente de Fukushima estas ventilas mejoradas no fueron efectivas y la ausencia de filtros exacerbó la salida de radioactividad.

            Para crear un sistema que considera primero a las personas que a las empresas en un accidente nuclear, los autores proponen que: no debe haber límites al monto total de la compensación; se debe hacer responsable a toda la industria nuclear, incluyendo a las empresas abastecedoras; las compañías eléctricas garanticen una cobertura financiera adecuada; las personas se puedan recuperar plenamente de los daños causados por cualquier accidente, y se informe de manera puntual y transparente de los costos en la industria nuclear, incluyendo las primas de los seguros por responsabilidad en caso de accidente.

Investigación educativa y práctica docente

publicado en La Jornada Morelos el 11 de marzo de 2013

En la educación secundaria obligatoria se deben formar ciudadanos con capacidad de resolver problemas cotidianos relacionados con la ciencia y la tecnología, de tomar decisiones fundamentadas y de participar en temas sociales basados en conocimientos científico-tecnológicos. No obstante, en ocasiones los profesores olvidan esta finalidad de alfabetización científica y se inclinan por preparar a los alumnos para estudios superiores únicamente, con una gran carga de academicismo y una muy pequeña de funcionalidad. Es imperioso que se enseñe a utilizar contenidos científicos fundamentales para explicar situaciones cotidianas, actuales y futuras.

            María Jesús Martín-Díaz, María Sagrario Gutiérrez Julián y Miguel Ángel Gómez Crespo, catedráticos de física y química en Instituciones de Educación Superior en España, escribieron el artículo titulado “¿Por qué existe una falla entre la innovación e investigación educativas y la práctica docente?” que fue publicado en la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad (Revista CTS, nº 22, vol. 8, Enero de 2013, pág. 11-31) y cuya finalidad es la búsqueda de las causas que expliquen por qué las innovaciones e investigaciones educativas no salen de un círculo restringido y no alcanzan a la práctica docente. El paradigma de la alfabetización científica lleva décadas presente en los artículos de las revistas especializadas, pero apenas se deja ver en las aulas. ¿Dónde reside el problema: en la difusión del mismo o en su propia definición? Y profundizando más en estas causas, es: en el profesor, el sistema educativo, los currículos, entre otras.

            Existen problemas tanto en la formación inicial como en la formación permanente de los maestros en ciencias y son las principales causas que dificultan la aceptación y puesta en práctica de las innovaciones, consideran los autores. La formación inicial, en general, no responde a una profesión de docente, en la que se necesitan otros tipos de conocimientos además de los puramente disciplinarios y porque todos tendemos a reproducir el modelo de profesor que hemos observado durante nuestra larga experiencia como alumnos universitarios, que se encuentra muy alejado del profesor innovador. La formación permanente porque se considera dispersa y voluntaria, imbricada en unas condiciones de trabajo del profesorado, que no potencian el trabajo en equipo, ni estimulan el intercambio.

            Los autores distinguen tres niveles claramente diferenciados en la alfabetización científica: un nivel centrado en lo conceptual, en la comprensión del mundo y de la sociedad en que vivimos, para tener opiniones fundamentadas sobre temas sociales e individuales en los que están presentes o latentes la ciencia y de la tecnología y “sobrevivir en el mundo actual”; un nivel centrado en la participación y actuación social, donde el fin no es sólo tener espíritu crítico y opiniones argumentadas sino también “participar en la toma de decisiones y actuar en la sociedad”, y un nivel centrado en la construcción de conocimiento, para seguir aprendiendo durante toda la vida. Así, se puede definir la alfabetización científica como la capacidad de hacerse preguntas y buscar la información necesaria para darles respuesta.

            En consecuencia, mejorar la formación de los profesores, tanto en su versión inicial como permanente, es una necesidad señalada por todos los analistas en el tema. Con relación a la formación inicial, es necesario reformarla de manera que, además de servir de vehículo para introducir las innovaciones e investigaciones didácticas, sea un elemento que cree nuevos referentes para la “identidad profesional” del profesor. El dilema surge en el momento de dar soluciones al problema y las opiniones se dividen entre los que consideran que debería formar parte de los cursos de licenciatura, dando lugar a una nueva especialidad, o los que consideran que debería concebirse como una formación de posgrado. Con relación a la formación permanente, se distinguen dos posturas, aunque no necesariamente incompatibles: los que conciben la formación como un proceso con la presencia de asesores externos y los que la enfocan hacia la integración del profesor en equipos de investigación e innovación vinculados a los departamentos universitarios de didáctica.

            Existen otras modificaciones que deberían venir de las instituciones educativas, apuntan los autores. En primer lugar, la consideración de la evaluación como aspecto fundamental de la enseñanza, mediante la inclusión en los currículos de criterios de evaluación normativos que hagan referencia a las innovaciones que se quieren introducir y la aplicación de una evaluación externa que recoja las innovaciones y principales retos, con un carácter estrictamente formativo y no acreditativo de los alumnos, y cuyos resultados sirvieran de base y punta de lanza para organizar los planes y programas con ayuda de asesores externos. En segundo lugar, la conveniencia de implicar al mayor número posible de profesores en la elaboración de las reformas educativas y un mayor apoyo en la innovación en el aula y mayor incidencia en el sistema de inspección y asesoramiento de los equipos docentes, estimulando activamente los esfuerzos de renovación, creando espacios educativos alternativos y consolidando la formación de equipos y el compromiso con la función escolar.

            En Morelos, debemos enfatizar la absoluta necesidad de que la educación recupere el valor social que le corresponde en la formación de la sociedad y en la reivindicación del papel fundamental que le corresponde al profesorado, junto con las familias, en dicha tarea. Ser capaz de educar en secundaria necesita de una formación específica y no basta sólo con un conocimiento disciplinario.

Estrategias de innovación

publicado en La Jornada Morelos el 4 de marzo de 2013

El concepto de innovación, en términos generales, se asocia sólo con productos de la tecnología y la industria, lo cierto es que debe relacionarse también con cambios estructurales que incluyan toda la cadena de valor y con modificaciones en procesos o prácticas existentes. Estos cambios pueden realizarse de manera gradual o disruptiva. Todas las reformas que han presentado y seguirán presentando los Gobiernos Federal y Estatal en los próximos meses deberían tienen un elemento fundamental en común, la innovación. No tendrán éxito las reformas en pobreza, seguridad alimentaria, energía y salud, si no existe un cambio en la forma en que se han venido planteando los objetivos y realizando las tareas en esas áreas.

            La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó un trabajo titulado “La Estrategia de Innovación de la OCDE: Empezar hoy el mañana” (© OCDE-FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2012, en su versión en español). En este informe la OCDE pone a disposición su análisis y orientación en materia de política pública sobre una amplia gama de asuntos que va desde la educación y la capacitación hasta el medio ambiente, la infraestructura y las acciones de negocios efectuadas para promover la creación y difusión del conocimiento. Tales elementos apoyan a los gobiernos en el desarrollo de estrategias de innovación efectivas para alcanzar los objetivos clave económicos y sociales. Se promueve un enfoque que considera la interacción entre diversas esferas de política pública y las vincula a través de mecanismos de apoyo al gobierno a nivel local, regional, nacional e internacional.

            Para ser efectiva, la política de innovación debe considerar la manera en la que ésta se desarrolla hoy en día, plantea el informe. La innovación engloba una amplia gama de actividades. Incluye investigación y desarrollo, cambios organizacionales, capacitación a nivel de empresas, pruebas, comercialización y diseño. También, la innovación ocurre rara vez de manera aislada; es un proceso altamente interactivo que involucra una red creciente y cada vez más diversa de participantes, instituciones y usuarios en todo el mundo. Se mencionan cuatro prioridades que pueden fortalecer el desarrollo de las estrategias nacionales y colectivas para hacer que la innovación funcione para las personas y ayude a responder los retos más importantes del siglo XXI.

            Uno, empoderamiento de las personas para innovar: los sistemas de educación y capacitación deben preparar a las personas con las bases para el aprendizaje y el desarrollo de un amplio rango de habilidades que se requieren para la innovación en todas sus formas, y con la flexibilidad para actualizar las habilidades y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, para fomentar un lugar de trabajo innovador y asegurar que las políticas de empleo faciliten el cambio organizacional eficiente; asegurar que los consumidores sean participantes activos en el proceso de innovación; y fomentar una cultura empresarial al inculcar las habilidades y actitudes necesarias para llevar a cabo una empresa creativa.

            Dos, desencadenamiento de innovaciones: asegurar que las condiciones de competitividad sean confiables y apoyen la competencia, conducentes a la innovación, y mutuamente fortalecedoras; movilizar el financiamiento privado para la innovación, fomentando mercados financieros que funcionen correctamente y facilitando el acceso al financiamiento para las empresas nuevas, especialmente en las etapas iniciales de innovación, y promover la difusión de las mejores prácticas en el informe de inversiones intangibles, y desarrollar enfoques afines al mercado para el apoyo de la innovación; fomentar los mercados abiertos y un sector empresarial competitivo y dinámico y una cultura de toma de riesgos calculados y actividad creativa; y fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas, especialmente las empresas nuevas y jóvenes.

            Tres, creación y aplicación de conocimientos: proveer suficiente inversión en un sistema de investigación pública efectivo, mejorar la gobernanza de las instituciones de investigación, y asegurar la coherencia entre las fuentes de niveles múltiples y el financiamiento para investigación y el desarrollo; asegurar que esté en operación una estructura de conocimiento moderna y confiable que apoye la innovación, acompañada de marcos reglamentarios que apoyen el acceso abierto a las redes y la competencia en el mercado, y crear una política adecuada y un ambiente regulatorio que permita el desarrollo responsable de las tecnologías; facilitar los flujos eficientes de conocimiento y promover el desarrollo de las redes y los mercados que faciliten la creación, circulación y difusión del conocimiento, junto con un sistema eficiente de derechos de propiedad intelectual; y promover la innovación en el sector público, en todos los niveles de gobierno, para mejorar la entrega de servicios públicos, la eficiencia, la cobertura y la igualdad.

            Cuatro, mejorar la gobernanza y la medición de las políticas de innovación: asegurar la coherencia de las políticas públicas al tratar la innovación como un componente central de la política del gobierno, con un fuerte liderazgo en los niveles políticos más altos; facilitar que los actores regionales y locales fomenten la innovación, mientras se asegura la coordinación entre regiones y con esfuerzos nacionales; y fomentar la toma de decisiones basada en la evidencia y la rendición de cuentas de las políticas al reconocer la medición como un factor central de la agenda de innovación.

            El enfoque más amplio de la innovación, que se describe en el presente trabajo, resalta especialmente la importancia del equilibrio entre las políticas dirigidas hacia la creación de nuevos conocimientos e innovaciones y aquéllas dirigidas a la promoción para su absorción y difusión en la economía. La innovación sólo se puede mejorar de manera continua y optimizada para cumplir con las necesidades de la sociedad a través de un enfoque integral y coherente, que empareje la oferta de conocimientos e innovación con la demanda de las empresas y los individuos.

            En Morelos, debemos tener ya un enfoque más estratégico del papel de las políticas públicas para la innovación, con la finalidad de: proporcionar un crecimiento más fuerte, más limpio y más justo; reconocer que la innovación involucra un amplio rango de inversiones de activos intangibles y de actores; empoderar a las personas de toda la sociedad a ser creativas; crear innovaciones de vanguardia con nuevos empleos; fomentar la difusión y aplicación del conocimiento; enfrentar los retos globales y repartir los costos y los riesgos, y establecer marcos para la medición de un concepto de innovación más amplio.

Objetivos sociales en la gobernanza corporativa

publicado en la Jormada Morelos el 25 de febrero de 2013

Hemos señalado en otras ocasiones que es imposible comprender cómo nuestro país esté dentro de los primeros quince países del mundo en generación de riqueza y, simultáneamente, estemos en lugar 60, aproximadamente, si tomamos en consideración otros aspectos como el educativo y la salud, y que adicionalmente bajemos otros 10 lugares si consideramos el aspecto de equidad de género. Algunos mexicanos son inmensamente ricos y la mayoría está en la pobreza. Por ejemplo, ¿quiénes se han beneficiado de petróleo extraído del subsuelo mexicano? La teoría de que la riqueza generada por algunos se derramaría poco a poco a la mayoría ha fracasado. En el marco de las reformas que planteará este Gobierno Federal es imprescindible analizar el tipo de empresas que ayuden a alcanzar el bienestar de la sociedad mexicana.

            Joergen Oerstroem Moeller, investigador titular visitante en el Institute of Southeast Asian Studies in Singapore y profesor adjunto en la Singapore Management University & Copenhagen Business School, escribió un artículo sobre las diferencias en los métodos de gobernanza de las empresas entre Estados Unidos y China (China’s Effort to Redefine Corporate Governance, World Future Review, Fall 2012, page 5). La legitimidad de cualquier modelo económico o sistema político se sustenta en proveer seguridad, salud y bienestar a la población; sin embargo, el autor plantea que una fracción en aumento del sistema empresarial occidental, en particular del área financiera, está violando esta regla dorada.

            A pesar de que la mayoría de los métodos de gobernanza empresarial fue inventada en Estados Unidos, ahora existen fuertes críticas sobre ese sistema empresarial y, en especial, de los valores éticos y morales empleados en su funcionamiento, asegura el autor. Ejemplos abundan, J. P. Morgan perdió 9 mil millones de dólares especulando en transacciones financieras de derivados; el Bank of America perdió 40 mil millones de dólares durante los últimos cuatro años por malas inversiones en bienes raíces; un número importante de corporaciones no pagan impuestos federales pero sí reciben beneficios en sus impuestos de sus gobiernos, y el gobierno de Grecia paga 500 millones de dólares a instituciones financieras que especularon contra los propios gobiernos y bancos centrales europeos e instituciones financieras internacionales.

            A las personas no les importa si un emprendedor gana dinero por un invento o por construir una compañía exitosa, ya que contribuyeron al desarrollo de la sociedad y crearon empleos, indica el autor. Sin embargo, ¿qué se merece aquella persona del sector financiero que maneja instrumentos financieros? Ésta se ha convertido en una pregunta crucial para el sistema capitalista y la gobernanza corporativa, sobre todo si se considera que en Estados Unidos e Inglaterra la participación del sector financiero corresponde al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

            La inmensa mayoría de las empresas americanas y europeas cotiza en bolsas de valores y es propiedad de accionistas, señala el autor. Si la mayoría de estos accionistas son individuos entonces la población está ligada al sistema empresarial, que les provee los bienes y servicios que ellos necesitan. Los ahorros de las personas comunes financian a las corporaciones y las ganancias regresan a las mismas personas; una mayor producción crea más beneficios para compartir entre todos. Sin embargo, el contrato social implícito se rompe si el inversor individual es reemplazado por el inversor corporativo. En 1965, en Estados Unidos, más del 80 por ciento de las acciones eran propiedad de individuos; en 2007, era menos del 20 por ciento. En el mismo periodo, la participación del sector financiero en el PIB se duplicó. Además, este sector se plantea sólo ganancias en el corto plazo y no le interesa el estado de las empresas en las que invierte.

            El tipo de propiedad de las empresas asiáticas es muy diferente al de las estadounidenses o europeas, ya que pocas dependen del mercado de valores para obtener capital, según el autor. La mayoría de sus acciones son propiedad de los estados o por familias que frecuentemente tienen ligas con el estado. Así, estas compañías para obtener capital no dependen de sus acciones en los mercados o de alcanzar ganancias sólo para atraer inversionistas.

            En China, por ejemplo, el banco es un instrumento para canalizar fondos del gobierno a empresas propiedad del estado en los términos y condiciones que promuevan los objetivos establecidos por el gobierno o, mejor dicho, por el Partido Comunista Chino (PCC), apunta el autor. Si un proyecto contribuye a un desarrollo social establecido en la lista aprobada del PCC, entonces recibe financiamiento independientemente de su valor en una economía de mercado. La inversión extranjera directa es aceptada para conocer qué sectores de su economía son rentables desde el punto de vista de los mercados. Los chinos consideran que la riqueza de una nación depende de la riqueza de la sociedad o qué también se desarrolla la sociedad de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidos por el PCC, y no depende de la acumulación individual o empresarial de riqueza.

            El crecimiento anual de China alcanzó más del 10 por ciento anual en las décadas recientes y los objetivos del PCC se alcanzaron, elevando el nivel y la calidad de vida del ciudadano chino promedio. No hubo conflicto entre las políticas sociales y las políticas de mercado, establece el autor, ya que ambos sectores crecieron rápidamente. Existen dos factores que pueden afectar este crecimiento en el futuro: el incremento en la desigualdad de los ingresos, ya que una parte importante de los grandes ingresos privados va a una pequeña porción de la población, y un desbalance entre objetivos de política, sociales versus economía de mercado.

            En Morelos y en México, es imprescindible conocer bajo qué condiciones la gobernanza de una empresa propiedad del estado puede ayudar a lograr beneficios para la sociedad, sin cumplir estrictamente con los indicadores de mercado. La reforma de PEMEX implica la reforma de toda la industria petrolera y petroquímica mexicana, no tendría sentido de otra forma; pero el objetivo debe ser un mayor beneficio para la sociedad mexicana. La consolidación estatal de la agroindustria de la caña de azúcar es fundamental, no es posible sólo pensar en la rentabilidad de un ingenio. El desarrollo del país depende de un fino balance entre las políticas sociales y las políticas económicas de los mercados; que la gobernanza empresarial sea para el beneficio de todos los mexicanos.

 

Impulsar la responsabilidad social de las empresas.

publicado en La Jornada Morelos el 18 de febrero de 2013.

El desarrollo es un proceso por el que se avanza en tres frentes, propone la Comisión Económica para América Latina (CEPAL): el cambio estructural, la convergencia productiva y la igualdad. El primero implica aumentar el peso que tienen en la estructura productiva los sectores intensivos en conocimiento; el segundo, reducir las brechas tecnológicas, de productividad y de ingresos con las economías en la frontera tecnológica internacional, y el tercero, avanzar en igualdad partiendo de un enfoque de derechos. El progreso técnico, la creación de buenos empleos, la reducción de la desigualdad y la sustentabilidad son dimensiones inseparables en el mundo en que vivimos.

            Álvaro Calderón, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, estuvo a cargo de la coordinación del documento titulado “La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental” (LC/L.3535/Rev. 1, Enero de 2013, © Naciones Unidas • Impreso en Santiago de Chile). Este documento ofrece una perspectiva amplia e informada de las principales dimensiones del desarrollo de los países de ambas regiones. Establece que la inversión es una variable clave que vincula el crecimiento económico, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental con miras a lograr un desarrollo orientado al cambio estructural para reducir la desigualdad. Además, es el mecanismo para avanzar hacia una estructura productiva más intensiva en conocimiento, mayor productividad y alta capacidad de generación de empleos. Más aun, es el elemento decisivo para la incorporación de la revolución tecnológica en curso, que abre oportunidades no sólo para grandes saltos de productividad y competitividad, sino también para la creación de empleos de calidad y la generación de condiciones favorables a la sustentabilidad.

            La inversión también vincula el corto y el largo plazo, señala el documento. Es el eslabón que materializa los encadenamientos productivos y tecnológicos que se traducen en crecimiento. Una débil respuesta de la inversión a los ciclos económicos expansivos y su notable descenso en las fases de contracción explican la extrema lentitud del cambio estructural y el escaso efecto de arrastre que ha tenido para el resto de la economía. Los factores económicos y del entorno son los determinantes últimos de la inversión, pero la responsabilidad social empresarial juega un papel más allá de las fuerzas del mercado. La creación de empleos, el aumento de la inclusión social y la sustentabilidad ambiental son resultados de fuerzas económicas y de voluntades y compromisos políticos.

            El paradigma tecnológico y productivo predominante está experimentando cambios de tal magnitud que han sido calificados como una nueva revolución tecnológica, apunta el documento. La convergencia de innovaciones en materia de tecnología digital está transformando distintos ámbitos del diario vivir. Estos avances han modificado los procesos de fabricación, gestión, comercialización y distribución de productos, e impulsado nuevos modelos de negocios basados en internet, lo que no sólo cambiará el modo, sino también el lugar de producción, y redefinirá la estructura y dinámica productiva global. Se está rediseñando el mapa productivo mundial y, posiblemente, la revolución tecnológica dará lugar al retorno de actividades y sectores productivos —incluso algunos hoy intensivos en mano de obra— a los países más avanzados, con el consiguiente impacto en el empleo en regiones como América Latina y el Caribe.

            La nueva trayectoria de desarrollo apunta, según el documento, a utilizar tecnologías limpias, resultantes de la combinación de distintos avances en el reciclaje y el tratamiento de aguas y gases; la generación de electricidad a partir de fuentes energéticas renovables (eólica, solar e hidráulica) y celdas de hidrógeno; los combustibles derivados de la biotecnología; las redes inteligentes de control en sistemas urbanos y redes eléctricas, y el aumento de la eficiencia energética de gran número de máquinas, como los automóviles.

            A partir de las reformas de mercado predominó la convicción de que la inversión extranjera directa (IED) era un factor propulsor del desarrollo que automáticamente tenía efectos positivos en las economías receptoras, indica el documento. De acuerdo con esta visión, se destacaba la función de la IED como complemento del ahorro interno y fuente de nuevos aportes de capital y de beneficios en materia de transferencias de tecnología y de derrames de productividad. Asimismo, se otorgaba prioridad al monto más que a la calidad, lo que llevó a los países a tratar de maximizar los ingresos de IED provenientes de las empresas transnacionales, principales impulsoras del fenómeno. Sin embargo, si la IED se orienta a aprovechar el tamaño y dinamismo de mercados locales o subregionales, entonces se da lugar a la creación de encadenamientos productivos y al desarrollo del empresariado local.

La inversión debe enfocarse hacia la creación de nueva capacidad productiva, particularmente en actividades intensivas en conocimiento, tecnología e innovación.

            Las pequeñas y medianas empresas son un camino importante para la inclusión social, reconoce el documento. Una mayor inserción internacional debe contribuir a la generación de empleo y al incremento de los ingresos, además de brindar la posibilidad de alcanzar mayores niveles de productividad e innovación tecnológica. Los procesos continuos de ampliación de capacidades productivas son imprescindibles para que un país mantenga un desarrollo sostenido, reduzca la pobreza y la desigualdad social y mejore el bienestar colectivo.

            En Morelos, es necesario articular las diferentes dimensiones de la política económica para generar sinergias entre las dinámicas de corto y de largo plazo. Para la competitividad de las empresas es cada vez más importante un enfoque estratégico sobre la responsabilidad social empresarial. De hecho, el compromiso con los actores interesados, internos y externos, permite a las empresas anticipar y aprovechar mejor expectativas sociales y condiciones de funcionamiento que cambian rápidamente, generando oportunidades de crecimiento. Así, las empresas pueden conquistar una confianza duradera de los trabajadores, los consumidores y los ciudadanos que sirva de base para modelos empresariales duraderos.

Panorama energético al 2050

En el sector energético de México y del mundo, las decisiones que se toman hoy tienen repercusiones por varias décadas, ya que los procesos involucrados toman muchos años en materializarse: identificar, cuantificar y explorar reservas, y diseñar, construir y poner en marcha la infraestructura requerida para obtener la energía primaria, su transformación a energéticos secundarios y su distribución hasta la puerta de los usuarios, entre otros. Las decisiones que toman PEMEX y CFE comprometen las finanzas nacionales también por décadas. Así, se considera en la actualidad, si queremos avanzar en un desarrollo sustentable, que debemos diseñar nuestra sociedad en el futuro de largo plazo y, entonces, realizar las acciones pertinentes para alcanzarlo, en particular los aspectos económicos y energéticos.

            Eric Martinot, director de investigación del Instituto sobre Políticas para la Energía Sustentable en Japón (ISEP, Institute for Sustainable Energy Policies) fue el autor principal de un reporte sobre los futuros globales de las energías renovables al año 2050. La organización de dicho reporte se debe a la Red de Políticas para Energías Renovables en el Siglo 21 (REN21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) y el propio ISEP (REN21. 2013. Renewables Global Futures Report, Paris: REN21). El reporte pretende responder dos preguntas: ¿Qué pensamos sobre el futuro de las energías renovables? y ¿Cuál es el rango de posibilidades creíbles de ese futuro? No pretende dar una visión o posición preferida, sino un panorama simplificado de un rango amplio de posibilidades y formas de pensar. Además, pretende ser una herramienta educativa y de discusión y, también, un marco de referencia para pensar sobre el futuro.

            El autor recopiló información de un gran número de fuentes: entrevistas con 170 expertos de 15 países, tanto industriales como tecnólogos, investigadores y financieros; con autoridades y actores importantes en 20 ciudades; con participantes en talleres de discusión exprofeso en India, Marruecos y Sudáfrica; con el análisis de más de 50 escenarios energéticos de largo plazo publicados por agencias internacionales acreditadas, compañías energéticas e instituciones de investigación; recopilando las metas oficiales de todos los países; acciones de largo plazo publicadas por gobiernos locales o municipales; reportes corporativos anuales y otra información de las mayores compañías energéticas mundiales; y una variedad de artículos y referencias publicadas a nivel mundial.

            El mundo obtiene entre el 17 y 18 por ciento de su energía de fuentes renovables, a partes iguales entre la biomasa tradicional y las renovables modernas, establece el reporte. En 2011, 30 países obtenían más del 20 por ciento de su energía total a partir de renovables, incluyendo a Austria, Brasil, Chile, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Filipinas, Portugal, Rumanía, Suecia, Uganda y Uruguay. La Unión Europa y Estados Unidos están en 12 por ciento. Francia, Alemania, Italia, España y otros están arriba del 10 por ciento y Japón en 6 por ciento.

            Los escenarios energéticos al 2050, publicados entre 2010 y 2012, han sido clasificados, en el reporte, como conservadores, moderados y pro-renovables. La participación de las energías renovables, como porcentaje del consumo total de energía, en los escenarios conservadores está entre 15 y 20 por ciento y han sido publicadas por compañías petroleras, algunos grupos industriales, la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos. Los escenarios moderados muestran participaciones en el rango de 25 a 40 por ciento y han sido publicados también por la IEA y por el Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC). Los escenarios pro-renovables presentan participaciones de las energías renovables entre 50 y 95 por ciento y han sido publicados también por la AIE, la Evaluación Global de Energía (GEA), el IPCC y GreenPeace.

            Muchos de los entrevistados, indica el autor, consideran que una alta participación de las energías renovables es posible y que es un asunto de elección, no tecnológico o económico. En particular, los expertos preocupados por el Cambio Climático consideran que es una necesidad la alta participación de las renovables para alcanzar las metas en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Se requiere de una Transición Energética, que implica un cambio en la forma de vida, y esto se refleja en las metas nacionales que algunos países se han establecido: en Dinamarca, al 2020, la participación de las renovables en el sector eléctrico será de 50 por ciento y de 40 en el térmico, y en el 2050 será de 100 por ciento en ambos, y en Alemania, las participaciones serán en el sector eléctrico del 35 por ciento en el 2020 y del 80 por ciento en el 2050.

            El problema principal que señala el reporte para tener una alta participación de energías renovables en el largo plazo es el financiamiento. Se plantea que los análisis deben estar centrados en el riesgo financiero y en la definición de portafolios energéticos que reduzcan riesgos, más que en los tradicionales de costo y beneficios tecnológicos. También, se proponen nuevas formas de financiamiento, a través de: propiedad comunitaria, fondos de pensión o nuevos instrumentos para reducir riesgos financieros.

            Finalmente, la transición se llevará a cabo por la elección y percepción de los consumidores, no por decisiones estrictamente técnicas o económicas, apunta el reporte. Por ejemplo, qué tipo de vehículos se comprarán, si estarán integrados al sistema energético de la vivienda y si estarán en posibilidad de balancear al sistema eléctrico regional. Pensar en sistemas energéticos completos, donde se integran a la energía, el transporte, la vivienda, la industria, la eficiencia energética y los equipos de uso final de la energía, facilitará el aprovechamiento masivo de las energías renovables.

            En Morelos, debemos asumir la integración de sistemas como método de planeación, no sólo de manera sectorial y tecnológica, sino a niveles institucional, de políticas públicas, de negocios, social y ambiental. El Estado puede y debe administrar, a través de alianzas público-privadas, los recursos energéticos en beneficio de los morelenses.

El crimen en 2030

publicado en La Jornada Morelos el 28 de enero de 2013

El avance tecnológico siempre ha tenido un efecto en la detección y prevención de las actividades criminales pero, también, ha causado una mayor eficacia en las técnicas utilizadas por los criminales. Ambos lados han avanzado en su capacidad de comunicación, armamento, logística y entrenamiento. Era común que los criminales siempre fueran a la zaga de la policía, lo que permitía mantener la paz social en cualquier lugar geográfico. Sin embargo, este desbalance sea ha roto en diversas zonas del país, donde desafortunadamente existe una superioridad tecnológica de los criminales sobre los policías.

            Gene Stephens, Profesor Emérito Distinguido de la Universidad de Carolina del Sur y actualmente colaborador del Instituto en Administración para Mantener el Orden Público (Law Enforcement Management Institute), en Texas, escribió sobre el “Crimen en el año 2030” (Crime in the Year 2030, The Futurist, January-February 2013, Vol. 47, No. 1). En este artículo, el autor presenta los asuntos más importantes que probablemente ocurrirán de ahora al año 2030, su impacto en la seguridad pública y las acciones posibles que tomarán, tanto los criminales como la policía. Los retos para alcanzar un efectivo respeto a la ley son enormes y el único camino para lograrlo demandará de una nueva y reforzada dedicación y compromiso de los policías con el servicio público. El debido proceso y las deliberaciones necesarias para garantizar seguridad y justicia deberán realizarse a un ritmo cada vez mayor.

            Una avalancha de tecnologías emergentes está transformando el crimen y su control, lo que afectará el modo de vida de todas las personas a nivel mundial. La tecnología es amoral, considera el autor, y será utilizada bien o mal; da los medios para cometer crímenes, para evitarlos, para ocultarlos y para detectarlos. Los criminales y los policías tendrán equipos y sistemas de vigilancia operando de tiempo completo y en tiempo real. Las mejoras tecnológicas permitirán que cualquier creatura viva pueda ser localizable donde sea y a cualquier hora. Por ejemplo, la evidencia de culpabilidad se ampliará de fluidos corporales a olores o esencias y, también, la tendencia de incorporar dispositivos electrónicos de reconocimiento a tarjetas del transporte, de crédito y eventualmente a las personas. Incluso, se podría considerar un delito no estar disponible en la red de detección.

            La falta de disponibilidad de agua potable y de energía barata y su mayor escasez futura incrementará el volumen y el grado de los delitos, asegura el autor. La diferencia entre los que tienen estos recursos y los que no causará conflictos todavía más graves, tanto para regiones mundiales como países, estados, localidades o vecinos. Todos necesitamos agua y energía para sobrevivir. Alterar líneas de electricidad o acueductos es un crimen que va en aumento y que cuesta miles de millones de pesos a las compañías, estatales o privadas, que transforman y distribuyen ambos productos. Se deben considerar, también, los actos de terrorismos sobre ambas “líneas” de distribución en las muy probables futuras guerras por recursos naturales.

            La transparencia, la privacidad y su interrelación serán temas de enorme relevancia al 2030, señala el autor. La cobertura de comunicación en los medios ya es de 24 horas diarias, los siete días de la semana. El flujo de información no para en televisión, radio e internet. Su captura y diseminación se ha vuelto más íntima e inmediata con cámaras y grabadoras en cualquier teléfono celular, además de contar con sistemas GPS para localización instantánea. Adicionalmente, la miniaturización, o más aún la “nanoturización”, de los dispositivos de vigilancia y su incorporación a redes electrónicas mundiales manejadas por supercomputadoras, crearán una omnipresencia de los medios, tanto corporativos como individuales. ¿Habrá en el futuro algún lugar donde una persona se pueda ocultar de ser observada públicamente? También, dichas tecnologías atentarán contra nuestras libertades civiles al poder mal utilizar la existencia de un “record permanente”.

            El valor de la privacidad y otras libertades civiles cambiará en un mundo que estará vigilado permanentemente, apunta el autor. El avance en la comunicación masiva por medio de las redes sociales ya está cambiando los valores de los jóvenes, al compartir información personal que los mayores consideramos confidencial. De hecho, criminales y policías ya navegan la red consuetudinariamente para elegir víctimas o para encontrar evidencias de actividades ilegítimas.

            El propio concepto de libertad de elección está bajo presión por la naturaleza de esta sociedad emergente, indica el autor. Ya han sucedido revueltas masivas contra actos de gobierno que atentan contra esta libertad y la tendencia apunta a que podrán haber reacciones mucho más globales y violentas; que incluso se enfrenten al uso de las tecnologías mencionadas.

            En Morelos y en el mundo, existirán conflictos sociales acerca de cómo utilizar las tecnologías emergentes para combatir el avance del crimen. No queremos que los criminales superen a nuestros policías y tampoco queremos perder nuestros valores y libertades individuales. Debemos analizar ya el rumbo que tomará nuestra sociedad.

La conectividad del automóvil en 2020

publicado en La Jornada Morelos el 4 de febrero de 2013

El uso del automóvil ha aumentado de manera exorbitante, los trayectos que hacemos de casa al trabajo cada vez consumen más tiempo, tal vez de 15 minutos han pasado a media hora o la hora completa si hay algún percance vial. Además, el coche se ha convertido en oficina, espacio de reuniones y en extensión de la casa, al desayunar o arreglarnos, con tal de utilizar el tiempo en que nos encontramos atrapados en el tráfico. Desde el punto de vista ingenieril, existe dos alternativas entre mezcladas: cambiar a un sistema de transporte masivo que sea barato, ágil, limpio y seguro, y mejorar las condiciones del coche para que nos provea de más y mejores servicios, de manera segura, al chofer, a los pasajeros y al propio vehículo.

            Rahul Mangharam, Asistente de Profesor, en el Departamento Ingeniería Eléctrica y Sistemas, de la Universidad de Pensilvania, publicó un artículo sobre “El coche y la nube electrónica: Arquitecturas automotor para el año 2020”, en la revista The Bridge (Vol. 42, No. 4, Winter 2012. © 2012 by the National Academy of Sciences), donde identifica tres tendencias emergentes en las expectativas de los choferes para sus vehículos: conectividad continua con la infraestructura vial y con otros vehículos; mayores niveles de productividad y entretenimiento durante la duración del viaje, y reducción del nivel de atención por una operación semiautónoma y planeación automática de rutas menos congestionadas. Estas demandas pueden ser atendidas si los automóviles se vuelven más programables, de tal forma que se pueda de manera remota mejorar las condiciones de control del motor, confort de la cabina, conectividad, navegación y seguridad, tanto actuales como durante la vida útil del coche.

            Se estima que ocurren 6.4 millones de accidentes anuales en los Estados Unidos, en los que están involucrados tres personas en promedio en cada uno, de tal forma que la probabilidad de tener un accidente es de 1 en 16 para cada individuo. También que el 90 por ciento de los choques se deben a la negligencia de uno de los conductores, por lo que podrían ser evitados. En el vehículo del futuro las comunicaciones inalámbricas mejorarán la seguridad, indica el autor. Cuando se integre la tecnología de comunicación con el tren de potencia del vehículo, la retroalimentación auditiva y sensorial podrá emitir señales de alerta de todos los vehículos que se acercan en eventos como frenado repentino, pérdida de tracción o inflado de las bolsas de aire. Si estas señales de peligro son comunicadas y entendidas por cada uno de los vehículos de una carretera, en tiempos de pocos milisegundos, entonces habría posibilidades de reacciones más largas y se evitarían los choques y alcances múltiples. Las arquitecturas de conexión de estos sistemas críticos requieren todavía de investigación y desarrollo para asegurar privacidad y seguridad junto con la entrega a tiempo de alertas de tráfico, mensajes de peligro y renovación de información.

            El autor y su grupo de investigación han desarrollado una plataforma virtual de una red vehicular, llamada GrooveNet, que simula miles de autos moviéndose en calles específicas de los Estados Unidos y comunicándose entre coches reales y simulados. Esta plataforma maneja una variedad de modelos, redes, sistemas de interfaces, tipos de mensajes y modos de operación, que facilitan el diseño, validación del modelo, despliegue amigable y fácil elaboración de prototipos, ya que los vehículos reales y virtuales usan los mismos protocolos, algoritmos y software.

            Los retrasos debidos a la congestión del tráfico se estima que le cuesta anualmente a los Estados Unidos unos 78 mil millones de dólares por las 4.2 miles de millones de horas perdidas y por los 2.9 miles de millones de galones de combustible desperdiciados; además, 45 por ciento, aproximadamente, de dichos retrasos se debe a incidentes de tráfico individuales más que congestiones recurrentes. En la medida que la densidad de vehículos aumenta, hay una mayor necesidad de administrar el tráfico para prevenir, evitar y reducir las largas filas de autos, señala el autor. Se requieren modelos y herramientas para la administración nacional del congestionamiento por tráfico y poder calcular las rutas más libres y más ecológicas, sin costos adicionales por aumentar la infraestructura. El grupo de investigación del autor ha diseñado una herramienta para el análisis de tráfico, llamada AutoMatrix, que simula más de 16 millones de vehículos moviéndose en calles específicas de Estados Unidos y les provee de las mejores rutas a tomar en tiempo real.

            Más de 20.3 millones de vehículos en Estados Unidos han sido llamados para que vayan al taller más cercano por posibles problemas de software relacionados con sistemas electrónicos, como controles de velocidad, de tracción, de estabilidad y de antibloqueo de frenos. Según el autor, en 2009, Volvo llamó a sus talleres a 17,614 vehículos por un posible error de software en el módulo de ventilación del motor que podía resultar en fallas y eventuales accidente. En agosto de 2011, Jaguar llamó a sus talleres a 17,678 vehículos por una posible falla del control de velocidad relativa que no se pudiera apagar en condiciones normales. En noviembre de 2011, Honda llamó a sus talleres a 2.5 millones de vehículos para modernizar el software que controla a la transmisión automática.

            Por lo anterior, existe una necesidad urgente para, después de la venta del vehículo, llevar a cabo un control sistemático de cada auto relativo a los diversos paquetes de software y detectar las fallas de manera temprana. El autor propone un sistema instalado en cada vehículo que capture, almacene y evalúe información sobre el estado de cada sistema de control. Un centro de diagnóstico remoto recibiría la información, a través de una red inalámbrica, elaboraría una detección de falla, establecería un diagnóstico y, cuando fuera necesario, podría de manera remota arreglar o modernizar el software específico; lo anterior funcionaría en tiempo real durante la vida útil de la unidad.

            En Morelos, debemos considerar en la planeación del fomento al ensamble y fabricación de vehículos, así como a la infraestructura del transporte urbano, que el automóvil del futuro está basado en su facilidad de programación, de conectividad con otros vehículos y de acceso a las redes de centros de tráfico. Es la única manera de hacer más seguros, eficientes y disfrutables nuestros viajes en automóvil.