Economía circular

publicado en La Jornada Morelos el 24 de noviembre de 2014.

La idea de la economía circular, es una respuesta a la aspiración de crecer de forma sustentable, en un contexto de presión creciente ejercida por la producción y el consumo sobre los recursos y el medio ambiente mundial. Hasta ahora, la economía ha seguido básicamente un modelo de “tomar, producir y tirar”; es decir, un modelo lineal en el que todos los productos acaban llegando al “final de su vida útil”. Sin embargo, lo que solíamos llamar “basura” puede transformarse en un recurso.

            La Unión Europea (UE) publicó el documento “ECONOMÍA CIRCULAR: Conectar, crear y conservar el valor” (ISBN 978-92-79-37811-9, doi:10.2779/81146). Se muestra que la economía lineal, basada exclusivamente en la extracción de recursos, ya no es una opción viable y propone hacer una transición hacia una economía circular, donde se reutilizan, reparan, reacondicionan y reciclan materiales y productos ya existentes.

            El documento plantea que utilizamos materiales valiosos para producir alimentos, construir viviendas e infraestructuras, fabricar bienes de consumo o generar energía. Cuando esos productos se gastan —o cuando dejan de ser necesarios—, se tiran a la basura. Sin embargo, una población creciente y cada vez más rica ha hecho aumentar más que nunca la demanda de unos recursos escasos y está provocando la degradación del medio ambiente. Los metales, los minerales, los combustibles fósiles, los alimentos y forrajes, el agua limpia y la tierra fértil son cada vez más caros. Por ejemplo, en la UE, cada año se utilizan cerca de 15 toneladas de materiales por persona; al mismo tiempo, cada ciudadano de la UE genera, en promedio, más de 4.5 toneladas de residuos al año, de los cuales casi la mitad termina en tiraderos. Esto muestra que la economía lineal, basada exclusivamente en la extracción de recursos, ya no es una opción viable.

            Para hacer una transición hacia una economía circular, hay que volver la vista hacia la reutilización, reparación, reacondicionamiento y reciclaje de materiales y productos ya existentes, establece el documento. La mejor manera de entender la economía circular consiste en fijarnos en los sistemas vivos naturales, que funcionan de forma óptima porque todos sus componentes encajan en el conjunto. El diseño de los productos está deliberadamente adaptado a los ciclos de los materiales. Como resultado, se produce un flujo de materiales que conserva su valor añadido durante el mayor tiempo posible, con un residuo remanente prácticamente nulo.

            Las empresas tienen un papel muy destacado en la transición hacia una economía circular, asegura el documento. En el pasado, muchas empresas han favorecido productos con vidas útiles cortas, con actualizaciones frecuentes
y tecnologías novedosas “imprescindibles”. Ahora, las empresas pueden aprovechar nuevas oportunidades para alargar la vida de sus productos y crear productos competitivos que duren más.

En esta economía, el punto de partida para
desarrollar cualquier producto o servicio es un
diseño que integre la circularidad, identifica el documento. Los coches,
las computadoras, los electrodomésticos,
los envases y muchos otros objetos pueden
diseñarse teniendo en mente la durabilidad, la
reutilización, la reparación, el reprocesamiento
y el reciclaje. Una mayor cooperación dentro de la
cadena de suministro (y entre cadenas) puede rebajar
los costos, los residuos y el daño al medio ambiente.
Los avances en eco-innovación abren la puerta a nuevos productos, procesos, tecnologías y estructuras organizativas. Algunas empresas encontrarán nuevos mercados migrando de la venta de productos
a la venta de servicios, o desarrollando modelos de negocio basados en alquilar, compartir, reparar, modernizar o reciclar componentes individuales. Este nuevo planteamiento crea muchas oportunidades de negocio a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

            La Plataforma Europea para la Eficiencia de los Recursos (EREP) ha identificado una serie de áreas prometedoras en las que las empresas deberían trabajar: en la mejora de la información sobre los recursos que contiene un producto y sobre cómo repararlo o reciclarlo, o en nuevos modelos de negocio y principios de adquisición sustentable. De la misma manera, se necesitarían nuevos marcos financieros que incentiven la circularidad y la eficiencia en el uso de recursos, en lugar del consumo antieconómico. Asimismo, debería explorarse el potencial del mercado de deuda, con el fin de ayudar a los inversores institucionales a invertir más en la economía circular, sin olvidar los pequeños proyectos y las pymes.

            Para todos los consumidores debería ser más fácil hacer elecciones sostenibles: más accesibles, más atractivas y más asequibles, señala el documento. En estas decisiones pesan muchos factores, como el comportamiento de otras personas, la forma en que se recibe información o consejo, o los costos y beneficios inmediatos de cada elección. El comportamiento de las personas también puede verse influido por cambios en el lugar de trabajo o en las infraestructuras que nos rodean. Se debe producir un cambio crítico en nuestra forma de pensar, que nos haga pasar de ser “consumidores” a ser “usuarios” o de querer cosas en “propiedad” a “compartirlas”. De este modo se podría generar más demanda de servicios relacionados con alquilar, compartir, intercambiar, reparar o re-manufacturar productos.

            La Comisión Europea trabaja en la creación de un marco que facilite la economía circular, mediante una combinación de leyes, instrumentos de mercado, investigación e innovación, incentivos, intercambio de información y apoyo a iniciativas voluntarias en áreas clave, indica el documento. Con el fin de acoplar todos estos elementos y vincularlos a la agenda de la eficiencia en el uso de los recursos, la EREP ha pedido a la UE que se marque un objetivo de mejora de la productividad en el uso de recursos superior al 30% de ahora al 2030.

En Morelos, debemos transformarnos en una economía circular. La función del Gobierno consiste en crear condiciones predecibles y seguras para las empresas, y en asegurarse que los ciudadanos perciban los beneficios derivados. Las empresas deben rediseñar por completo sus cadenas de suministro, con el fin de hacer un uso circular y más eficiente de los recursos. Así, se crearán nuevos mercados y más y mejores empleos, caminando a un desarrollo sustentable.

Calidad y relevancia en la investigación

publicado en La Jornada Morelos el 17 de noviembre de 2014

Reflexionar sobre conceptos como relevancia y calidad de la investigación, en particular la universitaria, presenta una primera dificultad, ya que se trata de conceptos que, por parecer evidentes por sí mismos, raramente son pensados con claridad. El punto es, justamente, que no son evidentes por sí mismos y, menos aún, obvios. Un conjunto de apreciaciones potencialmente divergentes sobre dichos conceptos deriva de las respuestas a preguntas como calidad y relevancia para qué y para quién; otro conjunto tiene que ver con quién contesta legítimamente las preguntas anteriores.

Judith Sutz, Universidad de la República, Uruguay, escribió el artículo “Calidad y relevancia en la investigación universitaria: apuntes para avanzar hacia su convergencia” que fue publicado en la Revista CTS, no 27, vol. 9, Septiembre de 2014. Este trabajo discute los conceptos de relevancia y calidad de la investigación universitaria, mostrando sus diversas acepciones y cómo estas se insertan en concepciones de universidad y también de desarrollo. Se detiene en la íntima asociación entre relevancia y demanda de conocimientos y las consecuencias que de ella se derivan. También describe dos instrumentos de política universitaria que buscan articular relevancia y calidad y muestran cómo opera la construcción simultánea de demanda de conocimientos y relevancia académica y social de la investigación.

Si nos restringimos al mundo académico la cuestión se simplifica, plantea la autora. La apreciación sobre la validez de los resultados de investigación, una aproximación muy directa al concepto de calidad, se realiza habitualmente a partir de opiniones razonadas de pares académicos. Así, para el juicio sobre la calidad de la investigación vale lo que se señala como característica de los resultados de la investigación científica: se trata de un consenso intersubjetivo entre pares. A nivel académico, calidad y relevancia tienden a confundirse en un único aspecto: hacer investigación de calidad importa porque hace avanzar el conocimiento; aspecto clave de la apreciación de calidad es que sea relevante para dicho avance; la calidad (y la relevancia) es reconocida por la comunidad de pares.

La autora señala que la independencia relativa entre calidad y relevancia, se evidencia con particular claridad cuando la investigación es mirada con una perspectiva no exclusivamente académica, es decir, cuando además de pares los que miran son “impares”. En el caso concreto de la investigación universitaria, los impares son, en primera instancia, los que en diversas esferas -política, productiva, social, cultural- buscan incorporar los resultados obtenidos a su reflexión y a su accionar. Estos resultados serán apreciados como relevantes por los diversos actores “impares” de acuerdo a variadas circunstancias, que incluyen la capacidad que tengan para utilizarlos, la utilidad más o menos directa que perciban que tienen para responder a sus inquietudes y problemas, el grado de participación que hayan tenido en la definición de los problemas a investigar y su involucramiento durante el proceso mismo de investigación.

Las respuestas a la pregunta “investigación para qué” fuera del ámbito académico han tendido a concentrarse en dos aspectos centrales, apunta la autora: crecimiento económico por una parte y toma de decisiones por otra. Que la investigación científica está en la base de las grandes avenidas de cambio tecnológico que desde mediados del siglo XIX han asegurado un crecimiento económico sostenido, al menos en los países altamente industrializados -viejos y nuevos-, es un punto aceptado. La cuestión de para quién es relevante la investigación está, hace ya algunas décadas, fuertemente presente en el debate académico, asociada al “con quién” se organiza el proceso de producción de conocimiento. Que la cuestión se plantee es ya un indicador del debilitamiento de la hipótesis de que nada hay para preguntar, pues la ciencia de calidad encuentra siempre, a partir de su propia agenda, el camino hacia las aplicaciones que darán satisfacción a toda la gama de “para quién”.

La investigación universitaria, en todas partes pero muy particularmente en el contexto de las universidades públicas latinoamericanas, requiere combinar diversos tipos de relevancia como los que hemos estado discutiendo -diferentes para qué, para quién, con quién-, afirma la autora. Las estrategias de investigación sin duda presentarán diferencias en el marco de la diversidad antedicha aunque probablemente no sean mayores que las que se observan entre los enfoques, modalidades de avance y formas de validación de las avenidas disciplinarias por las que transita la producción original de conocimiento. Esas diversas avenidas disciplinarias requieren y reconocen formas de evaluar la investigación de calidad -lo que resulta imprescindible para la empresa de investigación-; a la indagación que se realiza en conjunciones variables con espacios no académicos le ocurre lo mismo. La diferencia entre diversas modalidades de relevancia de la investigación no radica así en que algunas de ellas se someten a rigurosas formas de evaluación y otras no. Sin embargo, el meollo de la dificultad para articular en la agenda de investigación universitaria las diversas relevancias está precisamente en la evaluación de la calidad académica.

El sistema de evaluación en sí mismo tiene dos caras, identifica la autora. Una de ellas mira al pasado, a lo ya hecho, y opina sobre su calidad, sean resultados de proyectos de investigación, informes de actuación académica o artículos sometidos a publicación. Otra mira al futuro y actúa como un sistema de señales acerca de qué es lo que hay que hacer para producir con calidad y para ser un académico de calidad. En este último sentido en particular, los sistemas de evaluación académico a menudo entran en contradicción con la pluralidad de formas en que se expresa la relevancia de la investigación. La fuerte preeminencia dada a un formato privilegiado de presentación de resultados, históricamente dominante en ciertas disciplinas académicas resulta inadecuada cuando se trata de ampliar la agenda. Por una parte, porque no respeta la especificidad de otras corrientes disciplinarias que tienen tradiciones diferentes de comunicación, típicamente las ciencias sociales, las humanidades y las ingenierías. Por otra parte, porque no suele premiar el trabajo en colectivo, central en los abordajes interdisciplinarios y cuando se interactúa con otros.

Lo que vale la pena destacar es, propone la autora, que una vez que se acepta que la relevancia se construye con otros, la universidad puede avanzar muy poco en soledad. Se hace imprescindible en particular la participación activa y articulada de la política pública. En lo que tiene que ver con la inclusión social está apareciendo a nivel internacional una nueva gama de políticas de ciencia, tecnología e innovación que se preguntan cuál puede ser su contribución directa a la mejora de la calidad de vida de la población más postergada.

En Morelos, debemos establecer políticas públicas que se constituyan en demandantes activas de investigación e innovación para cumplir mejor sus fines, al integrar fluidamente un sistema de investigación e innovación inclusivo, que sea clave en la búsqueda de sociedades más justas.

Servicios basados en conocimiento

publicado en La Jornada Morelos el 10 de noviembre de 2014

Los servicios son desde hace tiempo un sector dominante en la economía global, ya que representan la mayor porción del producto interno bruto y del empleo tanto en las economías desarrolladas como en buena parte del mundo en desarrollo. Hasta hace poco el sector de servicios era considerado como sinónimo de baja productividad, poca innovación y —salvo en algunas actividades como transporte y turismo— de escasa o nula posibilidad de efectuar transacciones. Sin embargo, en las últimas décadas se asiste a enormes transformaciones, que han dado lugar a un nuevo paradigma en la producción y el comercio de servicios y que le otorgan a estas actividades un papel completamente diferente del que tenían en el pasado dentro de las economías nacionales. Esto se debe a la incorporación del conocimiento en sus procesos.

Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos, del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT/UNTREF), en Argentina, escribieron el artículo “La competitividad de América Latina en el comercio de servicios basados en el conocimiento”, publicado en la Revista CEPAL, No. 113, Agosto 2014. En este trabajo se presenta un análisis dinámico de la competitividad de América Latina en los “servicios intensivos en conocimiento” (SIC), para evaluar la competitividad de un país mediante sus exportaciones a los mercados de mayor crecimiento, pero aplicada principalmente al comercio de bienes.

Para hacer el análisis de la competitividad internacional, los autores emplearon la metodología conocida como Tradecan (Trade Competitive Analysis of Nations), creada en 1990 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que procura tener una visión dinámica de la competitividad, en la medida en que los países consiguen (o no) acrecentar sus cuotas de mercado en los sectores más (o menos) pujantes en términos de crecimiento de la demanda internacional. De esta forma, se distinguen cuatro categorías: i) “estrellas nacientes”: sectores dinámicos (aumentan su participación en las importaciones mundiales) en los que crece la cuota de mercado del país; ii) “estrellas menguantes”: sectores estacionarios o declinantes (se reduce su porcentaje en las importaciones mundiales) en los que se incrementa la cuota de mercado del país; iii) “oportunidades perdidas”: sectores dinámicos donde disminuye la participación de mercado, y iv) “retiradas” (o retrocesos): sectores estacionarios o declinantes en los que decae la cuota de mercado del país.

Los autores encontraron que sólo Argentina, Brasil, Chile y México incrementaron su cuota de participación en el dinámico destino de la Unión Europea como un todo (en particular, Argentina y México mostraron esta misma trayectoria en el caso de España). Respecto de Estados Unidos, este destino aparece como “estrella naciente” para Argentina y Brasil, pero se presenta como una “oportunidad (levemente) perdida” para México. En tanto, el Reino Unido es un mercado “estrella naciente” en los casos del Brasil y Chile y “oportunidad perdida” para Argentina y México, mientras que el Japón figura como “estrella naciente” para Brasil y México. En definitiva, lo que se observa es que en los últimos años, en un contexto general que aún muestra rezagos competitivos, varios países latinoamericanos han ganado terreno en algunos mercados muy demandantes de importaciones de SIC. Sin embargo, la inserción de la región en los sectores de SIC se limita, en general, a segmentos de baja o moderada complejidad tecnológica o que no resultan estratégicos en términos de las actividades globales de las corporaciones que dominan dichas cadenas.

El peso de los SIC dentro de las ventas totales de servicios suele ser aún reducido en comparación con otros países en desarrollo (como los de Asia o de Europa oriental), tal como surge del relativamente bajo porcentaje de “estrellas nacientes”, según los autores. En parte, esto obedece a un patrón regional de exportaciones de servicios todavía muy dependiente de los sectores más tradicionales (transporte y, especialmente, viajes, segmentos declinantes del comercio mundial). También es probable que —a diferencia de otras naciones que adoptaron con anterioridad la tendencia a la deslocalización de servicios— varios países de América Latina se encuentren atravesando las primeras etapas de aprendizaje e incorporación a estos nuevos mercados, por lo que la profundización de este fenómeno a lo largo de toda la región posiblemente se perciba recién dentro de unos años, siempre y cuando se mantengan algunas condiciones básicas que fundamentan la competitividad en estos sectores. No obstante ello, cabe señalar que la categoría de “servicios empresariales” ocupa un lugar importante entre las “oportunidades perdidas” de algunos países latinoamericanos, hecho que resulta preocupante dado que se trata del mercado más relevante (en términos de volumen) a nivel global.

Con miras al futuro, las perspectivas para la región parecen ser positivas. Todos los pronósticos disponibles coinciden en señalar que los mercados de los SIC van a seguir creciendo a tasas elevadas. En tanto, América Latina dispone, efectivamente, de una serie de ventajas que la colocan en una buena posición para lograr acrecentar su participación en este comercio internacional: i) costos menores que los de los países desarrollados en términos de salarios, inmuebles e infraestructura; ii) una dotación de recursos humanos calificados que, si bien no se compara en cantidad, calidad o en ambas con las de algunos países de Asia o de Europa oriental, es de todos modos suficiente para el desarrollo de un gran número de tareas dentro del ámbito de los SIC, y iii) la proximidad geográfica (incluido el compartir husos horarios) con los Estados Unidos de América y la mayor cercanía cultural con América del Norte y Europa (en comparación con los competidores asiáticos). Estos son atributos generales sobre los cuales la región puede apalancarse para aumentar su nivel de especialización exportadora en los sectores aludidos.

Ahora bien, avanzar en los eslabones más sofisticados de las cadenas de servicios es un desafío complejo. Ello requiere sobre todo progresar en el plano de la cantidad y calidad del capital humano, de modo de consolidar otro tipo de ventajas que vayan más allá de los costos y se basen en activos específicos, talento y capacidades propias para ocupar un lugar diferenciado en estos sectores. Si bien algo de esto ya está sucediendo en algunos casos, se trata de ejemplos dispersos que aún distan de convertirse en una tendencia consolidada, lo que no es sorprendente, ya que se trata de una tarea difícil y que demanda largos tiempos de maduración.

En Morelos, tenemos las características necesarias, costos de producción menores a los competidores y recursos humanos calificados, así como cercanía al mercado estadounidense, para alcanzar un patrón dinámico y sostenible de exportación de estos servicios, si encontramos los nichos de mercado apropiados para este desarrollo.

Democratización del conocimiento

publicado en La Jornada Morelos el 20 de octubre de 2014

La democracia no es sólo un concepto enmarcado en las relaciones de poder político, también existe una visión socioeconómica cuya meta está vinculada a una “democracia más igualitaria”. Así, democratización alude al conjunto de procesos que tienden a difundir el poder en la sociedad, haciendo menos desigual su distribución entre los diversos sectores de la misma. Entonces, la democratización relacionada al conocimiento sugiere vincular el propósito de disminuir las desigualdades en el uso del conocimiento con las decisiones sobre conocimiento, a través de las vinculaciones de la gente con las cuestiones planteadas.

Rodrigo Arocena, profesor de Ciencia y Desarrollo, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay, escribió “La investigación universitaria en la democratización del conocimiento” (Revista Ciencia, Tecnología y Sociedad, no 27, vol. 9, pág. 85-102, Septiembre de 2014). Este trabajo trata las relaciones entre conocimiento de alto nivel y expansión de la desigualdad social; al esbozar lo que cabe entender por democratización en general y luego vincular tal noción con el conocimiento, señalando ciertas avenidas mayores para ponerlo al servicio del enfrentamiento a la desigualdad.

Democratizar el conocimiento exige pues generalizar los aprendizajes que expanden capacidades y libertades, individuales y colectivas, señala el autor. Las desigualdades en el uso del conocimiento tienen que ver ante todo con las diferentes posibilidades de acceder a la educación superior. Entre quienes acceden a ella, la calidad de la enseñanza que se les brinda constituye un factor mayor y de importancia creciente para la estratificación social. Allí pueden radicar algunos de los grandes conflictos de nuestro tiempo; las grandes movilizaciones estudiantiles con amplio respaldo popular son un claro ejemplo.

Los países que al presente han alcanzado niveles apreciables de desarrollo, en el sentido de que ofrecen comparativamente la mejor calidad de vida, tienen en común, y sin menoscabo de sus múltiples diferencias, el haber generalizado el acceso a la enseñanza terciaria, apunta el autor. Las reformas primordiales para la democratización del conocimiento tienen que ser las que contribuyan a la generalización del acceso efectivo a formas diversas de la educación avanzada de alto nivel, conectada a lo largo de la vida entera con el trabajo, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura y la mejora de la calidad de vida individual y colectiva. Ello supone que lo único que se puede aprender de manera definitiva es a seguir aprendiendo siempre; junto con el énfasis en las personas como agentes y no como pacientes; resaltando que estamos hablando de la enseñanza activa, definida como aquélla en la cual sus principales protagonistas son quienes aprenden.

En líneas muy generales, las siguientes tres características son propias de la investigación latinoamericana, considera el autor. En primer lugar, la dimensión universitaria de esa investigación es fuerte en lo interno, en el sentido de que da cuenta de una parte muy sustantiva del total de la creación de conocimientos que se lleva a cabo en la región, proporcionalmente bastante mayor a la que se registra en los países del Norte. En segundo lugar, esa investigación es débil en lo externo, no sólo con los países mencionados sino también con varios del este de Asia. En tercer lugar, son bastante limitadas las perspectivas de expansión de la investigación latinoamericana en su conjunto, y no sólo en las universidades, fundamentalmente porque es escasa la demanda de conocimiento avanzado que surge de las dinámicas económicas. ¿Cómo mejorar tales perspectivas?

El autor propone el establecimiento de programas de investigación e innovación orientadas a la inclusión social. Lo específico y, al mismo tiempo, lo tremendamente dificultoso de programas de este tipo es que se busca vincular al conocimiento del más alto nivel, en todas las áreas temáticas, con la solución de los problemas de los sectores más postergados. Se intenta hacerlo en una perspectiva del desarrollo cuya principal herramienta es expandir las capacidades y las libertades de la gente, consideradas no como pacientes sino como agentes. Se trata de impulsar la democratización del conocimiento mediante la expansión, en materia de conocimiento avanzado, del demo-beneficio, también del demo-involucramiento e incluso del demo-poder de los sectores más postergados. Eventuales avances en esa dirección tendrían un valor ético que está fuera de discusión. Podría también generar legitimidad y respaldo ciudadano como para que la democracia política lleve a ubicar establemente en lugares destacados de la agenda pública las acciones en pro de la expansión de la investigación, así como de la educación superior y del uso socialmente valioso del conocimiento.

            En Morelos, debemos impulsar la investigación conectada con la democratización del conocimiento que requiere de la construcción de un sistema de evaluación de la investigación –serio, flexible y plural– que estimule la conjugación de calidad académica y compromiso social. Sin embargo, buscar esa unión es la meta definitoria de la universidad pública.

América Latina como despensa global

publicado en La Jornada Morelos el 13 de octubre de 2014

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que para alimentar a las nueve mil millones de personas que habitarán la Tierra en el 2050, la producción alimentaria mundial tendrá que aumentar en un 60 por ciento y hasta al menos un 12 por ciento más de tierra cultivable, gran parte de la cual es probable que sea marginal o ambientalmente sensible. Más aún, esto se debe lograr al tiempo que los agricultores afrontan los efectos del cambio climático (lo cual traerá mayores desafíos para la producción en muchos lugares) junto con la degradación de la base de los recursos naturales y la creciente competencia por tierra y agua.

Ginya Truitt Nakata, de la Oficina de Extensión y Alianzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Margaret Zeigler, Directora Ejecutiva de Global Harvest Initiative, coordinaron la elaboración del reporte “La próxima despensa global: cómo América Latina puede alimentar al mundo: un llamado a la acción para afrontar desafíos y generar soluciones” (Monografía del BID ; 202. Copyright © 2014 BID). Este reporte plantea que los próximos 10 a 20 años brindan una importante ventana de oportunidad para avanzar en nuevas formas de agricultura productiva y ambientalmente sostenible en la región y se propusieron ilustrar el gran potencial que existe, los obstáculos y retos que se interponen para lograr dicho potencial, y la forma en que los sectores público y privado pueden y deben avanzar juntos.

La región de América Latina (AL) es rica en tres de los ingredientes más importantes para la producción agrícola: tierra, agua y hábitat natural, establece el reporte. Posee un tercio de los recursos de agua dulce del planeta, más que cualquier otra región en desarrollo si se miden sobre una base per cápita. También cuenta con cerca del 28 por ciento de la tierra del mundo que ha sido identificada con potencial mediano a alto para la expansión sostenible de área cultivada y una participación del 36 por ciento de la tierra que está dentro de un tiempo de viaje de seis horas hasta un mercado. De hecho, la región tiene más tierra potencialmente adecuada para cultivos de temporal que la tierra de todas las otras regiones del mundo junta, sin contar a África subsahariana.

Gracias en gran parte, pero no en su totalidad, a los excedentes netos de la comercialización de productos agrícolas de Brasil y Argentina (y la fuerte producción en México), AL ya está cobrando importancia como exportador de alimentos, al haber aumentado su participación de la producción agrícola mundial en los últimos 50 años, señala el reporte. En 2011, la región produjo el 60 por

ciento de las exportaciones de soya del mundo y, entre 2006 y 2009, produjo el 45 por ciento del café y azúcar, el 44 por ciento de la carne vacuna, el 42 por ciento de las aves de corral, el 70 por ciento del banano, el 12 por ciento de los cítricos, el 13 por ciento del cacao y el 33 por ciento del maíz.

            El reporte plantea ocho áreas claves de atención para los Gobiernos:

Primera. Se deben incrementar las inversiones públicas en investigación y desarrollo agrícola a un mínimo del 1 por ciento, e idealmente entre el 2 y 3 por ciento, del Producto Interno Bruto agrícola, enfocándose a su vez en beneficiar a todos los agricultores bien sean de pequeña o gran escala, en especial con respecto a innovaciones dirigidas a las necesidades singulares de los pequeños y medianos agricultores; así como fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

Segunda. Trabajar junto con el sector privado para revigorizar los servicios de extensión agrícola y para asegurar que las políticas, los incentivos y los sistemas de innovación eleven el nivel y la escala de la asistencia técnica para los agricultores. Servicios de extensión más fuertes y eficaces deben formar parte de los paquetes de apoyo integrados que combinan financiación flexible, gestión de riesgos y nuevas tecnologías y mecanización para lograr operaciones agrícolas productivas, sostenibles y financieramente exitosas.

Tercera. Incrementar la inversión en infraestructura a por lo menos el 4 por ciento del PIB. Este compromiso con la modernización de las carreteras rurales, los puertos y las vías férreas, así como los procesos de aduana y la infraestructura de riego, energía y comercialización, reducirá los costos de transporte y aumentará la competitividad de los productores y empresas agrícolas nacionales.

Cuarta. Lograr avances en la investigación y la adaptación continua que aumenten la eficiencia en el riego y el manejo de los recursos hídricos. También deben promover la adopción generalizada de técnicas que conduzcan a un uso más sostenible del agua para fines agrícolas. Además, se debe  incorporar la perspectiva de género para asegurar el acceso para las mujeres. Y finalmente incluir enfoques relacionados con redes de prestación de servicios y acceso ampliado al crédito para compra y uso de maquinaria agrícola.

Quinta. Garantizar que las políticas de comercio apoyen la productividad agrícola, así como la integración de los pequeños agricultores en las cadenas de valor. Se deben armonizar las normas sanitarias y fitosanitarias en toda la región para facilitar el comercio transfronterizo de los productos agrícolas.

Sexta. Profundizar sus conocimientos sobre la financiación e inversión agrícola para pequeños agricultores, en especial en el área de finanzas para la comercialización, compras de insumos agrícolas y seguros agrícolas. Se deben desarrollar instrumentos financieros con un énfasis específico en las limitaciones crediticias de los pequeños agricultores.

Séptima. Fortalecer las asociaciones y cooperativas de productores, particularmente en las áreas de capacitación técnica en producción agrícola, así como en manejo poscosecha y almacenamiento, gestión empresarial, mercadeo y negociación.

Octava. Trabajar junto con el sector privado para optimizar la recopilación de datos y el uso de tecnologías de la información para conocer más a fondo el grado y la naturaleza de las pérdidas a nivel de finca y poscosecha, y para invertir en herramientas para adquirir información precisa y análisis de datos que pueden ayudar a enfrentar estos desafíos. También deben estimular a las alianzas público-privadas para que innoven, prueben y desplieguen tecnologías poscosecha para los pequeños agricultores.

En Morelos, debemos situar a la agricultura en el centro de nuestros planes de desarrollo para que los agricultores se apropien de tecnología, insumos, mecanización y capacitación. Así, se aprovechará la gran oportunidad para mejorar la productividad con el fin de satisfacer nuestras propias necesidades de alimentación y nutrición.

Méxicos de la Reforma Energética

publicado en La Jornada Morelos el 6 de octubre de 2014. 

Varios amigos me habían solicitado opinara sobre el estado actual de la implantación de la Reforma Energética en México. Así que, el viernes 3 de octubre pasado, dentro  del Conversatorio “El México después de la Reforma Energética”, que formó parte del “75º Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Investigación Científica y el Instituto de Energías Renovables, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, leí la ponencia “Méxicos posibles a partir de la Reforma Constitucional en Energía”, que les presento íntegramente a continuación.

Cuando el doctor del Río, director del IER-UNAM, me invitó a participar en este Conversatorio, lo que le agradezco, primero pensé en lo que me pedía elaborar: ¿El México después?… eso es imposible de saber, ojalá; si no nos ponemos de acuerdo sobre el México de hoy… ¿Después?… ¿en cuánto tiempo?... 2015, nada; 2018, poco;  … 2030, depende… ¿Reforma Energética?… la Constitucional, la de las Leyes y Reglamentos, la de los contratos, la previsible después de las controversias legales, o la que ha sucedido 10 años después en la mayoría de los países…

También, de entrada, declaro que estoy de acuerdo con la Reforma Constitucional a los artículos sobre energéticos. Sin embargo, de lo escrito y hecho a lo deseado hay un gran trabajo no realizado…  (Disculpas por la mala rima).

A continuación elucubré sobre cuatro opciones de ponencia: ¿se alcanzarán y cómo los objetivos planteados por el Gobierno Federal?; ¿por qué ni en los Reglamentos de las Leyes se ha considerado apropiadamente a las Energías Renovables?; proponer elementos claves para normar, fomentar e impulsar el aprovechamiento masivo de las Energías Renovables; o presentar un Estudio de Futuros del Sector Energético Mexicano.

En seguida me vinieron a la mente algunos elementos conspicuos para decidir el tema:  primero, de la explicación ampliada de la Reforma Energética por el Gobierno Federal destaca que, “tanto a nivel constitucional como al nivel de la legislación secundaria, ésta surge del estudio y valoración de los elementos de las distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos representados en el Congreso”, con razón, ésta sí tiene un verdadero contacto con la realidad; sin embargo, por el nivel de negociación realizado, su nivel de expertez es bajo; segundo, de los objetivos y premisas fundamentales del Gobierno Federal: “ciertamente los hidrocarburos en el subsuelo son nuestros”; tercero, cómo “reduciremos los riesgos ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas”, si lo hemos hecho mal y ahora las condiciones son más complicadas; cuarto, “la Nación ejercerá, ahora sí, de manera exclusiva, la planeación y control del sistema eléctrico” o será como en los tiempos no muy lejanos de algún director general de CFE que ni el Presidente en turno lo convencía; quinto, ¿cómo “garantizaremos la transparencia y la rendición de cuentas”?, aplicando ahora en serio las leyes o educando para tener mejores ciudadanos en el futuro; sexto, ¿podemos “impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras”?, sacando simultáneamente de la pobreza a la mitad de los mexicanos; y séptimo, o ¿“impulsar el desarrollo sustentable”?, ojalá lo tomaran en serio todos los días.

Después pensé en la Ley de la Industria Eléctrica: primero, ¿cómo “alcanzarán la finalidad de promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios”?, si está plasmado que lo ambiental lo definirá después la SEMARNAT, lo social se restringe a negociar terrenos, las instituciones son las mismas, la definición de energías limpias es un revoltijo y sobre las energías renovables se espera a que el PAN presente una propuesta; segundo, de forma burocrática definen a las energías limpias como “aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan”, esto es así porque consideran que la limpieza sólo tiene que ver con emitir poco bióxido de carbono; en su lista aparecen más de una docena e incluyen a las renovables y a otras no muy respetuosas del ambiente, como la energía nucleoeléctrica; o abren la puerta a los hidrocarburos, como “la energía generada por centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o biosecuestro de bióxido de carbono que tengan una eficiencia igual o superior en términos de kWh-generado por tonelada de bióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera a la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios de emisiones establecidos por la SEMARNAT”… Perdón, pero ya me perdí… ¿de qué se trata? Alguien dijo que es la lista de ventas de diversas empresas que ya se está negociando; tercero, otra joya es que la única restricción en el área de certificados de energías limpias es a las energías renovables, que se presenta en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: “en el caso de las Energías Limpias generadas con energías renovables, se emitirá un certificado por cada Megawatt hora de energía eléctrica generada”; es decir, mi sistema fotovoltaico en el techo de la casa debe operar por más de 100,000 días o más de 274 años, o tal vez nos debemos de unir más de 200,000 sistemas caseros para venderle los excedentes a un centro de carga, o tal vez de plano no nos quieren…; y, cuarto, seguro no nos debemos de preocupar de la confiabilidad del nuevo sistema eléctrico que responde a un mercado regulado con múltiples generadores y comercializadores, ya que por ahora “se utilizarán los criterios que actualmente utiliza el CENACE”.

Les cuento que ya decidí no presentarles el análisis de la propuesta de Ley de la Transición Energética, que confiemos presente pronto el PAN y sea rápidamente aprobada; porque sin ésta no tendremos inversiones significativas en el área. Asimismo, tampoco analizo la operatividad y el alcance de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo con relación a la ciencia, la tecnología y la innovación del país; para no deprimirlos.

Por lo tanto, finalmente, mi ponencia será sobre un estudio de futuros del sector energético mexicano, a nivel de esbozo. La investigación en futuros debe entenderse como un ejercicio formal y consciente de reflexión sobre la base de los hechos presentes, cuyo interés central es anticipar y aprender sobre el futuro, comprender mejor las implicaciones de los cambios que están en marcha, prever las consecuencias de acciones, planes, decisiones y políticas, así como habilitar la toma de decisiones y diseño de estrategias para alcanzar un futuro deseable y, en muchos casos, evitar los reveses no deseados.

Con base en análisis cienciométricos y aportaciones propias, les presento tres escenarios posibles del mundo en 2040:

Primero, titulado: Todos juntos.

El mundo cambió de tal forma que hoy la sustentabilidad es la prioridad de las naciones, la apertura en los mercados y las relaciones internacionales han servido de herramienta a la solución de problemas globales y las tecnologías de energías renovables se han desarrollado de modo tal que la inmensa mayoría de los países e individuos del mundo tienen satisfechas sus necesidades energéticas.

Segundo, titulado: Estamos diferenciados.

Vivimos en un mundo donde el comercio y la globalización se han desarrollado pero de forma desigual y sin tomar en consideración dimensiones ambientales y humanas. Los gobiernos no se involucran ni comprometen con la sociedad y las tecnologías de energías renovables no han sido desarrolladas en todo su potencial. Sin embargo, en la revaloración de la dimensión local se pueden observar avances y la colaboración internacional, poco a poco, comienza a trabajar en la solución de problemas asociados a la equidad.

Tercero, titulado: No queremos conocernos.

El mal manejo de las situaciones críticas en los últimos años ha llevado a un mundo en el que cada nación privilegia su propia seguridad. El mundo está fragmentado y polarizado tanto internacional como localmente. Se vive bajo un intenso control gubernamental, en estados regidos por políticas contraccionistas y nacionalistas. El desarrollo de la ciencia y la tecnología está altamente restringido.

De la misma forma, les presento tres escenarios posibles de México en 2040:

Primero, titulado: Solvencia comprobada.

La población trabaja de manera transparente a partir de una cultura de bienestar social que predomina sobre lo individual. Se ha logrado la eliminación de la violencia y un nivel cero de corrupción en todas las capas sociales. Nuestro índice de desarrollo humano está ubicado entre las 15 mejores naciones del mundo.

Segundo, titulado: Algunas promesas.

Aunque se hacen esfuerzos, todavía no se formulan nuevas maneras de hacer que los beneficios del progreso lleguen a los sectores sociales más necesitados, incluyendo las pequeñas empresas locales. No se cuenta con una política de desarrollo ético-social y económico para reducir la corrupción, la criminalidad y la discrepancia social. Pero se trabaja en las garantías para el medio ambiente y los derechos plenos de las personas.

Tercero, titulado: Sigue la impunidad.

La inestabilidad social y política en México es una realidad y se hace patente en la exclusión social, en la injusta distribución de la riqueza así como en la débil representación ciudadana y en la persistente cultura política centrada en el poder personalizado.

Les recuerdo que el futuro tendencial es aquel tendremos si seguimos realizando las mismas acciones del presente. La tendencia puede ser modificada por modas en el corto plazo mientras que los elementos portadores de futuro son las actividades que alterarán la tendencia en el largo plazo y definirán nuevos escenarios futuros diferentes al tendencial. En el caso del sector energético nacional, consideramos que éstos son: Educación ciudadana, gestión del conocimiento, responsabilidad social, modelos económicos y conciencia de la sustentabilidad.

Así, les presento pinceladas de cinco escenarios que describen diferentes futuros del sector energético nacional en 2040 y representan las principales interacciones posibles entre los elementos portadores de futuro:

El escenario tendencial, titulado: la reforma permanente.

Se podría decir que este sector en las últimas décadas no ha tenido un crecimiento que le permita ser palanca del desarrollo nacional. No se ha consolidado un mercado energético eficiente, la resolución de demandas legales tardan años en resolverse y la inversión directa extranjera llega en montos insuficientes.

El escenario deseado, titulado: metas cumplidas.

La rectoría del Estado sobre el sector energético ha permitido una transición energética a las energías renovables, que permite apoyar el camino hacia un desarrollo sustentable. La gestión de las empresas públicas, privadas y sociales ha sido transparente y con solvencia comprobada.

Los escenarios posibles son:

Primero, titulado. Innovación nacional.

La gestión del sistema energético nacional está sustentada en el aumento del contenido nacional en su infraestructura, a la mayor participación de las energías renovables, al costo accesible y a la capacitación en eficiencia energética de servidores y usuarios. La inversión en energías renovables es mayor a la de los hidrocarburos. Se respeta al medio ambiente.

Segundo, titulado: Compra correcta.

Las empresas que operan en México, pagan impuestos y generan empleos bien remunerados, tanto productoras como transportadoras y comercializadoras de energía, llevan con transparencia y legalidad sus operaciones. Se ha fortalecido una sólida cadena nacional de insumos y servicios. La participación de las energías renovables está limitada por la reducida capacidad de la infraestructura del sistema eléctrico y por el bajo costo de los productos derivados de los hidrocarburos al no evitar la contaminación ambiental.

Tercero, titulado: Siguen los negocios.

El único criterio para la operación del sistema energético nacional es el costo económico. No existe consideración de los aspectos sociales o ambientales. Las empresas energéticas pagan el mínimo de impuestos y los sueldos son bajos. Las importaciones de energía se han incrementado, causando un serio problema de divisas. Los sectores doméstico y comercial dependen del uso de las energías renovables.

Para terminar y de acuerdo con el método del estudio de futuros, les debería presentar el escenario futurible, aquel que representa el más realista de los posibles, y explicitar la estrategia para cómo alcanzarlo a partir de la situación actual. Desafortunadamente, no lo puedo hacer porque se me acabó el tiempo. ¡Les agradezco su atención!

Y así fue mi conversación epistolar.

En Morelos, debemos todos juntos diseñar nuestro escenario futurible y ponernos a trabajar.

Políticas e instituciones para el desarrollo productivo

publicado en La Jornada Morelos el 29 de septiembre de 2014.

Datos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que América Latina y el Caribe es una región de ingreso medio. El país promedio de la región tiene un ingreso per cápita un 25 por ciento superior al del país promedio en el mundo, pero un 80 por ciento  inferior al ingreso per cápita de un país desarrollado como Estados Unidos. Su posición relativa está decayendo: hace 50 años se encontraba en condiciones mucho mejores que las actuales en comparación con el resto del mundo y, a pesar de los recientes progresos, ha sido incapaz de converger con respecto a Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer para revertir esta tendencia?

Gustavo Crespi, Eduardo Fernández-Arias y Ernesto Stein, del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, editaron el informe “¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica” (ISBN. 978–1-59782–186–5 (PDF). Copyright © 2014 Banco Interamericano de Desarrollo). Este es un trabajo que, apoyándose en los mejores datos disponibles y en una metodología común, aborda cómo puede América Latina y el Caribe repensar sus políticas de desarrollo productivo tanto en términos de contenido como de las instituciones necesarias para ejecutarlas y medir su impacto.

            Lo que en este informe se denominan políticas de desarrollo productivo (PDP) puede que a algunos les traigan a la memoria las “políticas industriales” que con tanta fuerza arraigaron en el continente en el siglo pasado. No lo son. Su ámbito es la totalidad de la economía y no la industrialización acelerada; su énfasis es la competitividad y la integración en las cadenas globales de valor y no la sustitución de importaciones, y sus instrumentos de intervención no son las empresas públicas o los subsidios en sectores declinantes o las empresas de bajo potencial competitivo, sino las políticas de innovación, de mejora del capital humano, de facilitación del emprendimiento y de los clusters, de internacionalización y, muy especialmente, una activa colaboración pública y privada.

             Las PDP varían en numerosas dimensiones, señala el informe. Sin embargo, destaca dos: la primera tiene que ver con su alcance, ya que se pueden centrar en sectores específicos (políticas verticales) o pueden tener una base amplia y no pretender beneficiar a ninguna industria en particular (políticas horizontales), y la segunda se relaciona con el tipo de intervención, ya que el apoyo puede adoptar la forma de insumos públicos o bienes públicos que el Estado puede proporcionar con el fin de mejorar la competitividad del sector privado o puede asumir la forma de intervenciones de mercado —como los subsidios, las exoneraciones fiscales o los aranceles— que afectan a los incentivos de los actores privados, y de este modo influyen en su conducta.

            Este informe sostiene que las PDP son un componente importante de una estrategia de desarrollo exitosa. Pero diseñar e implementar una PDP con éxito no es fácil. Para empezar, el proceso requiere un mecanismo de aprendizaje bien afinado para diagnosticar las fallas de mercado que se prestan a las intervenciones de política y para diseñar iniciativas de política solventes. Por otro lado, no basta con tener un buen diseño de políticas: el conjunto del sector público y las agencias encargadas de políticas específicas (que llaman agencias de desarrollo productivo, o ADP) también deben tener las capacidades adecuadas para implementarlas. La capacidad para diseñar e implementar PDP exitosas está condicionada por diversos factores, desde la estructura organizacional del sector público encargado de estas políticas hasta las capacidades técnicas, operativas y políticas (capacidades TOP) de las agencias públicas relevantes. Las estructuras organizacionales tienen que ver con la distribución de responsabilidades, del poder de decisión y del control de los recursos entre diferentes agencias o unidades dentro de las mismas. Las capacidades TOP de las ADP abarcan no sólo la capacidad técnica para gestionar las PDP sino también las condiciones favorables necesarias para una ADP exitosa. Estos factores no son independientes; más bien, interactúan de maneras fundamentales.

Hay cinco lecciones fundamentales que merecen destacarse, según el informe: primera, lo que hace necesarias a las PDP es la existencia de una falla de mercado, estática o dinámica; segunda, la solución de esa falla de mercado debe ser la elección de la política más adecuada en términos de eficiencia, costo, riesgo y simplicidad; tercera, posiblemente controvertida pero imprescindible, es que aun en el caso de que la falla de mercado exista, y aun si la PDP para abordarla está plenamente identificada y es la alternativa más eficiente, si no se cuenta con la institución o las instituciones adecuadas para desarrollarla, es preferible invertir antes en la creación de esa institución que esforzarse en aplicar la política correcta con las instituciones inadecuadas; cuarta, es que las políticas que suponen intervención en los mercados se exponen a más riesgos que las que se limitan a producir insumos públicos; y quinta, que dadas las especificidades de cada economía y la comprobada ausencia de recetas únicas, más que buscar las mejores prácticas lo que hay que hacer es elegir las políticas que efectivamente encajen en las capacidades institucionales de la economía.

En Morelos, debemos analizar la capacidad del sector público para diseñar e implementar políticas de desarrollo productivo exitosas en función de la disponibilidad de capacidades técnicas, operativas y políticas. También, es imprescindible reconocer que el valor social de una de estas políticas puede aumentarse al alinear los incentivos de las instituciones privadas con los objetivos de la política pública.

Avances de la ciencia ciudadana

publicado en La Jornada Morelos el 22 de septiembre de 2014.

En las últimas dos décadas ha hecho aparición una tendencia mundial de considerable interés, llamada Ciencia Ciudadana electrónica (eCC), donde la sociedad civil participa en la recolección, verificación, análisis, intercambio y difusión de datos, con fines científicos, utilizando tecnologías de información y comunicación (TIC), en particular tecnologías móviles. La ciencia ciudadana es un tipo de producción científica basada en la participación, consciente y voluntaria, de miles de ciudadanos que generan grandes cantidades de datos. Cualquier persona puede aportar su inteligencia o sus recursos tecnológicos para alcanzar resultados científicos de utilidad social.

Susana Finquelievich, directora del Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, y Celina Fischnaller, antropóloga, asistente de investigación en LINKS, Asociación Civil para el Estudio y la Promoción de la Sociedad de la Información, escribieron un artículo sobre “Ciencia ciudadana en la Sociedad de la Información: nuevas tendencias a nivel mundial” publicado en la Revista CTS, no 27, vol. 9, Septiembre de 2014 (pág. 11-31). Este trabajo se focaliza en algunas de las tendencias mundiales del uso de TIC con objetivos científicos participativos en proyectos relevantes de diversas disciplinas, analiza el rol de los ciudadanos científicos en los proyectos de eCC, señala su uso para el empoderamiento de las comunidades y subraya la importancia de las políticas públicas de ciencia y tecnología en su desarrollo.

            La eCC se diferencia de sus formas de investigación previas, además de por el uso de TIC, fundamentalmente por la incomparablemente mayor escala del acceso del público a este tipo de proyectos y, en consecuencia, del incremento de la participación pública, apuntan las autoras. La eCC forma parte de lo que se ha denominado Wikinomics: millones de entusiastas de los medios usan actualmente blogs, wikis, chats y redes sociales para añadir sus voces a la formidable corriente de diálogo y debate llamada la ‘blogósfera’. Los empleados gubernamentales, los empleados del sector empresario y los miembros de organizaciones comunitarias ganan en eficacia al colaborar con colegas a través de las fronteras organizacionales, creando un “lugar de trabajo wiki”. Los clientes se vuelven “prosumidores” al co-crear bienes y servicios en vez de limitarse a consumir los productos finales. En la eCC, los ciudadanos se vuelven prosumidores de la ciencia. Esta co-creación de conocimiento representa un adelanto considerable con respecto al enfoque previo, en el cual el científico era “el experto” y los ciudadanos, básicamente, unos asistentes gratuitos de investigación.

            Un estudio general de los proyectos eCC sugiere, según las autoras, que la participación ciudadana en proyectos científicos, cualquiera que sea su tamaño y alcance, contribuye a empoderar a los ciudadanos y las comunidades. Una de las formas en que los proyectos de eCC colaboran en este sentido es proporcionando marcos, herramientas y metodologías que permitan a las comunidades recopilar información y analizarla con el fin de estimular y enriquecer la toma de decisiones. Algunas de estas iniciativas de empoderamiento surgen de las propias comunidades, mientras que otras son generadas por los expertos a través de la identificación de necesidades locales.

El papel de los ciudadanos en la ciencia es complejo y está actualmente en el centro de los debates, señalan las autoras. La inmensa mayoría de estos voluntarios no reciben ningún incentivo financiero. Las razones que motivan su participación son múltiples: curiosidad por el conocimiento y la ciencia, y preocupación social, entre otras. Otra motivación de peso es la utilidad de los proyectos eCC para su entorno y la vida cotidiana, ya que muchos proyectos están relacionados con el cuidado del medio ambiente o de la biodiversidad. Para muchos voluntarios, participar en un proyecto de investigación puede ser una experiencia significativa, ya que el conocimiento, la inspiración y la comprensión que llevan a sus propias comunidades pueden contribuir concretamente a su vida y de quienes les rodean. La producción científica de la eCC no es por sí misma una coproducción entre pares; la estructura de poder de estos proyectos es casi siempre jerárquica. Como consecuencia, la ciencia ciudadana no es siempre “ciencia abierta”: muchos voluntarios comparten datos, pero no participan abiertamente de la totalidad del proceso científico. Aun cuando puedan, a través de su experiencia, elaborar conclusiones, en la mayoría de los casos éstas no se publican ni son discutidas o contempladas por la comunidad académica tradicional.

El involucramiento de los ciudadanos voluntarios podrían describirse en cinco niveles, plantean las autoras: Nivel bajo, donde el voluntario sólo provee las capacidades de su computadora y los usuarios no conocen necesariamente el proyecto en el que “participan” ni desarrollan tareas determinadas, sólo contribuyen con sus recursos informáticos; Nivel medio, donde los ciudadanos voluntarios interactúan con herramientas TIC para colaborar en la recolección de datos, que serán analizada por investigadores profesionales; Nivel alto, donde los voluntarios colaboran más centralmente en el relevamiento y monitoreo; Nivel avanzado, donde los voluntarios participan en toda la extensión del proceso científico, colaborando con el análisis de datos relevados, diseñando y operando herramientas de recolección de datos y registro, incluso elaborando objetivos o hipótesis de investigación; y Nivel de políticas públicas, donde los ciudadanos son involucrados en los procesos de definición de políticas públicas que presentan componentes técnicos o científicos, trabajando a la par de los investigadores, en el marco de un proceso político democrático.

            En Morelos, debemos promover y financiar la investigación de los ciudadanos en universidades, organismos científicos y otras instituciones públicas de investigación o educación. Las políticas públicas deben incluir estrategias para mejorar asociaciones de múltiples interesados, entre las organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica, los gobiernos estatales y municipales, y organizaciones regionales e internacionales, para la evaluación conjunta de la evolución, el progreso y los retos de la eCC.

Cultura y desarrollo económico.

publicado en la Jornada Morelos el 15 de septiembre de 2014.

En la actividad cultural concurren múltiples actores que participan de una u otra forma en las diversas etapas del ciclo cultural de creación, producción, difusión, exhibición, transmisión, recepción, participación y consumo. Desde el artista, el creativo, el artesano y el gestor cultural hasta las pequeñas empresas, los grandes grupos con operaciones a nivel internacional. Desde la editorial y la casa discográfica hasta los consumidores, pasando por vendedores de tienda, diseñadores web de ventas online y, muchas veces, redes de piratería. Desde el animador de televisión, el actor, el periodista y el comentarista hasta el telespectador adulto, juvenil o infantil. Desde el fabricante de dispositivos electrónicos, el reparador de radios, el programador de computadoras, el diseñador y el publicista hasta la teleaudiencia.

Ernesto Espíndola, coordinó la elaboración del estudio “Cultura y desarrollo económico en Iberoamérica 2014” (publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), ® OEI, ISBN: 978-84-7666-217-5, impreso en agosto de 2014). El documento aborda el efecto de la cultura en el desarrollo económico de nuestros países y recolecta y genera una multiplicidad de estadísticas culturales e informaciones afines. Sin embargo, advierten que el estudio todavía es un mosaico incompleto de la realidad y diversidad cultural de nuestros pueblos, un faro que no señala el puerto, sino tan sólo un punto en el camino.

El estudio señala que es importante entender qué engloba el concepto de economía de la cultura y sugiere utilizar el recientemente acuñado concepto de “economía naranja”: conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Su universo está compuesto por la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales, y por las áreas de soporte para la creatividad. Por industrias culturales convencionales se entienden aquellas actividades que proveen bienes y servicios basándose en los contenidos simbólicos, artísticos y creativos que pueden ser reproducidos o difundidos masivamente, y que tradicionalmente se reconocen por tener una estrecha relación con la cultura (industria editorial, audiovisual y fonográfica).

Una política a más largo plazo para revalorizar las culturas nacionales consiste en “capacitar a la demanda”, plantea el estudio. Por lo que se debe promover el gusto por la cultura en general a través de programas escolares que incorporen un mayor acercamiento a la experiencia cultural; así como, vivir en carne propia el baile, la música o la pintura, ya que contribuye a la formación del gusto, al respeto por estas actividades y a un mejor conocimiento de la riqueza del patrimonio nacional. También, se debe recordar la importancia de los eslabones medios de la cadena de producción cultural, particularmente el mercadeo, la promoción y la distribución.

La participación del Estado es fundamental para el impulso de la cultura y algunos elementos de movilización son, según el estudio: apoyar y promover las instancias de programas y proyectos que prioricen iniciativas de democratización y acceso a los bienes culturales, en especial aquellas vinculadas a los medios de comunicación como herramientas de difusión de la producción cultural; impulsar la integración y el respeto a la diversidad cultural en el marco de las estrategias de desarrollo sustentable, mediante programas y planes de estímulo a la producción y el acceso a los bienes culturales; proponer instrumentos de política cultural que prioricen la implementación de los derechos culturales consagrados en la norma fundamental y propiciar acciones que garanticen el libre ejercicio y el acceso a los bienes culturales; proponer estudios diagnósticos sobre las políticas culturales y la incidencia de la cultura en el desarrollo económico a nivel regional y nacional, y proponer la formulación de planes estratégicos regionales y locales, como los clusters; incrementar los convenios e intercambios internacionales para la capacitación y la ampliación de los programas de becas y ayudas, así como los intercambios con universidades e instituciones extranjeras; contribuir a la formación y capacitación de recursos humanos para la gestión cultural y artística en un marco de cooperación entre áreas subnacionales; formular acciones que tiendan a la valorización económica y política de la cultura en su contribución al desarrollo sostenible; propiciar evaluaciones de impacto de la producción cultural sobre los indicadores nacionales; y formular propuestas de desarrollo o actualización de las normativas vinculadas con la gestión cultural, en especial con lo relativo a leyes de cultura, derechos de autor, circulación de bienes culturales y toda otra iniciativa relacionada con la defensa de los derechos culturales, en especial de grupos minoritarios o pueblos originarios.

            En Morelos, debemos fomentar la creación de clusters culturales y creativos, en los que se agrupen empresas creativas y entidades relacionadas dentro de un mismo marco dinámico, para impulsar la localización de las empresas e instituciones relacionadas en los mismos entornos para favorecer el trabajo en red, lo que obliga a promover entornos seguros para que las empresas tengan buen acceso al conocimiento, a los mercados y al financiamiento.

Impacto de las partículas volátiles en la salud.

publicado en la Jornada Morelos el 8 de septiembre de 2014.

En México durante 2008, la Organización Mundial para la Salud (OMS) estimó 14,734 muertes prematuras a causa de la exposición a la contaminación atmosférica en exteriores por la inhalación de partículas volátiles en el aire. Estas muertes prematuras, además del impacto a la familia y a la comunidad, se traducen en costos significativos que absorbe la sociedad mexicana. Es por ello indispensable que los gobiernos federal y estatales tomen acciones de política pública para abatir las concentraciones de estas partículas finas en las localidades en donde se rebasan continuamente los límites establecidos en las normas mexicanas y en las recomendaciones de la OMS; con la finalidad de reducir la mortalidad y morbilidad de la población expuesta y garantizar a sus habitantes el derecho de tener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

            María Tania López Villegas e Ingrid Katherinne Pérez Rivas, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), elaboraron el estudio “Valoración económica de los beneficios en la salud de la población que se alcanzarían por la reducción de las PM2.5 en tres zonas metropolitanas mexicanas” (D.R. © INECC, 2014). El objetivo del estudio fue cuantificar estadísticamente las muertes que se podrían evitar si se redujeran las concentraciones ambientales anuales de las partículas volátiles en el aire de diámetro inferior a 2.5 milésimas de milímetro (PM2.5) a los valores establecidos en la norma mexicana de partículas (NOM‐025‐SSA1‐1993) y en las recomendaciones de la OMS respectivamente, así como los costos monetarios asociados a estos impactos.

             Es indudable que la exposición prolongada a concentraciones ambientales de PM2.5 por arriba del umbral de “riesgo mínimo” causa efectos importantes en la salud humana de la población. La evidencia internacional, indican las autoras, señala efectos en el incremento de la mortalidad prematura y la morbilidad especialmente por enfermedades respiratorias. La evidencia que tenemos para México es consistente y confirma, a nivel local, los hallazgos internacionales, en cuanto a los impactos de las PM en la salud. Asimismo, los valores tendenciales de las concentraciones anuales en las zonas metropolitanas y su comparación con los límites anuales normados en México y los recomendados por la OMS muestran que las concentraciones anuales de PM2.5 de las redes de las zonas metropolitanas estudiadas han estado tanto por arriba del límite normado nacional como por el recomendado por la OMS. En 2010, las concentraciones registradas en el Valle de México y Guadalajara eran 1.7, y 1.5 veces mayor al límite de la NOM y 2.5 y 2.2 veces el de la OMS, respectivamente.

            La valoración económica de los beneficios en la salud humana, plantean las autoras, constituye un elemento clave en los análisis costo‐beneficio de la mayor parte de las políticas públicas que pretenden reducir el riesgo de la mortalidad de los individuos, tales como la salud humana, seguridad laboral, condiciones ambientales y seguridad vial, entre otras. En donde los beneficios en el ambiente, y en la salud humana, se contrastan con los costos asociados a la implementación de una o varias medidas de control de emisiones de los contaminantes del aire a fin de justificar su inversión.

Asimismo, es importante enfatizar que esta práctica de monetizar los impactos en la salud permite sumarlos en un solo valor y así es posible compararlos con los costos de la implementación virtual de medidas de control que mitiguen el riesgo de estos impactos. La monetización de los casos de mortalidad prematura estimados en el presente estudio se realizó utilizando el valor estadístico de la vida estimado a partir de un meta-análisis de estudios realizado en Estados Unidos y que se ajustó para México utilizando la variable del ingreso nacional bruto per cápita.

            La valoración económica de la mortalidad prematura para las zonas metropolitanas muestra, según las autoras, que se tendrían mayores beneficios económicos bajo condiciones OMS, en aproximadamente 1.6 veces, respecto a las condiciones NOM. En la ZM del Valle de México se obtuvieron los beneficios económicos más altos alcanzando los 30 mil millones de pesos bajo condiciones OMS, que en términos absolutos representa el valor de mayor magnitud comparado con las otras ZM estudiadas. Los beneficios económicos estimados en las ZM de Guadalajara y Monterrey son muy similares entre sí, pero los de éste último son más altos. En condiciones NOM y OMS de reducción de PM2.5 en las tres ZM se alcanzarían beneficios económicos en conjunto de 27 y 45 miles de millones de pesos, respectivamente.

Los resultados de las estimaciones, realizadas por las autoras, de los casos de mortalidad evitables al año bajo las dos condiciones  de reducción de concentraciones de las PM2.5 en el del Valle de México, Guadalajara y Monterrey para las enfermedades cardiovasculares y respiratorias consideradas ascienden a 1,317 para las condiciones NOM y 2,170 para las condiciones OMS.

            En el diseño e implementación de acciones que incidan de manera efectiva y eficiente en la reducción de las concentraciones ambientales de las partículas suspendidas, es indispensable que las autoridades de medio ambiente federal y estatal tomen en cuenta las siguientes recomendaciones generales señaladas por las autoras: fortalecer los sistemas de monitoreo actuales a fin de ampliar la cobertura de medición de las PM2.5, así como la implementación de mejores prácticas de operación que permitirán contar con información de mayor calidad; mejorar la certidumbre de los inventarios de emisiones de contaminantes convencionales ya que estos constituyen una pieza clave de información en la formulación de política pública en este tema; revisar y en su caso actualizar la normatividad federal y local que limita las emisiones de vehículos automotores, en especial los vehículos que utilizan diesel; introducir tecnologías vehiculares más limpias, para lo cual es indispensable contar con combustibles con bajos contenidos de azufre en todo el país; y fortalecer las políticas de planificación urbana y ordenamiento del territorio, donde la movilidad y la organización de la ciudad ocupan posiciones prioritarias.

            En Morelos, es indispensable que evaluemos el impacto de las actividades económicas en el ambiente y en la salud. No podremos establecer políticas públicas que incidan en el desarrollo sustentable sin contar con información confiable que garantice análisis beneficio-costo con la solvencia requerida.